Presuntas autoridades responsables en Puebla y Q. Roo podrían ser sancionadas

Puebla, Pue.- El actual gobierno federal reiniciará investigación de autoridades de Puebla y Quintana Roo, presuntamente responsables de haber privado de su libertad y torturar, en el año 2005, a comunicadora violando sus derechos humanos.

En el palacio de Cobián, residencia de la Secretaría General de Gobernación Federal, la actual titular Olga Sánchez Cordero, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como el alto comisionado de la ONU en México, estuvieron presentes para formular públicamente un perdón a la escritora y periodista Lydia Cacho, (quien también estuvo presente), ya que en el año 2005 fue privada ilegalmente de su libertad y torturada por autoridades de los gobiernos de Quintana Roo y del Estado de Puebla.

El subsecretario Alejandro Encinas, informó el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, manifestó públicamente las arbitrariedades que se habían cometido en contra de la periodista, y en tres ocasiones consecutivas le pidió perdón, en cumplimiento a la resolución que dictó la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, además de que señaló que se seguirá investigando a quienes participaron en dichas violaciones, a fin de sancionarlos inclusive con la privación de su libertad, determinando que el estado mexicano reparará del daño causado a Lydia Cacho, desde el punto de vista económico.

Por su parte la escritora Lydia, de entrada en su discurso nuevamente dio a conocer las conversaciones entre el empresario poblano Kamel Nacif y el entonces Gobernador del Estado de Puebla Mario Marín Torres.

Señaló que su lucha desde el año 2005 a la fecha es en contra de los pederastas y quienes abusan sexualmente de niñas y niños en México, determinando que ella en lo personal ya los había perdonado, pero que su lucha continúa en favor de la níñez como clase vulnerable.

Finalmente la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero expreso que en el actual gobierno no habrá represión en contra de periodistas y escritores,  para que ejerzan libremente su libertad de expresión, y que se actuará hasta sus últimas consecuencias en contra de aquellas personas que atenten contra los periodistas en México.