Columna | Desde el portal
El movimiento de los policías federales de rechazo a incorporarse a la Guardia Nacional pasó, luego de paros y tomas de oficinas, a un movimiento político lo mismo con banderas del PRI y el PAN para situarse, si es que continúa la misma escalada, a un paso de que los paristas –algunos de ellos- pasen a ser presos políticos si es que la Ley se aplica en su contra.
Entre ellos está Ignacio Benavente Torres, del movimiento Pro Libertad y derechos Humanos de América, a quien el flamante secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, señaló como uno de los que tienen antecedentes penales por secuestro y otros ilícitos, en tanto que el presidente López Obrador ordenó una investigación en contra de los cabecillas.
De aplicarse la Ley –incluido el fraude en la adquisición de uniformes y equipo de espionaje-, seguramente varios de los ahora paristas irán a la cárcel. Y los abogados y líderes del movimiento policial tendrán bandera para reclamar su libertad como presos políticos por encabezar una rebelión en contra de una decisión gubernamental.
Y en este movimiento están incluidos los ex presidentes Fox y Calderón, en cuyos gobiernos la Policía Federal jugó un papel destacado en diversas comisiones políticas y de persecución de la delincuencia, sin descartar al hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, quien como titular de la SEGOB los tuvo bajo su mando, mando que, de acuerdo al tabasqueño, echó a perder a la PF”, todo lo cual implica la injerencia o real o supuesta injerencia de personajes de anteriores administraciones que, de alguna manera, mantienen el control sobre algunas dependencias u organismos oficiales.
Todo esto, evidentemente, tiene que aclararse y fincarse responsabilidades, no sólo en cuanto a policías dirigentes del movimiento que han participado en hechos delictuosos y que han sido señalados por la máxima autoridad en la secretaria de Seguridad Pública, sino porque representan un peligro para la sociedad al hacerse pasar como representantes de la Ley, la seguridad y la tranquilidad de la sociedad, cuando la verdad es que son todo lo contrario.
En cuanto al manejo político y participación de presidentes –cuyas funciones están todavía en entredicho-, también deberán fincarse responsabilidades toda vez que además de incumplir en muchas de sus funciones, utilizar recursos y la administración pública para realizar negocios privados, todavía intervienen en asuntos de los que deberían estar alejados.
La cuestión de la Policía Federal es complicada. La acusación en contra de la corporación –aunque, como siempre, se hacen excepciones sobre la existencia de buenos elementos-, y de personas ampliamente identificadas y señaladas, debe aclarase; pero m{as allá de los dimes y diretes, entre si es un movimiento con intereses ajenos, es una rebelión, una insubordinación, indisciplinada y deslealtad al Estado que deberá tomar las medidas correctivas pertinentes, pues no es posible que el pueblo de México tenga un gobierno que no pueda resolver sus problemas internos.
Si el Estado mexicano no maneja a sus policías, los responsables de proporcionar seguridad al país, entonces sí que la situación es grave.
TURBULENCIAS
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El director de la CFE, Manuel Bartlet, dijo que insistirá ante empresas nacionales y extranjeras que devuelvan 3,000 mdd para traer gas a 14 plantas que no existen. Si hay acuerdo, como lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea en beneficio de ambas partes, señaló el político poblano…
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