Les falta preparación para combatir la delincuencia, dicen especialistas.

Puebla, Pue.- Controversia constitucional contra el titular del Poder Ejecutivo Federal por el decreto emitido en el pasado mes de mayo  para ratificar que las Fuerzas Armadas sigan efectuando tareas de seguridad pública hasta el año 2024, presentó ante la SCJN la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Legisladores del Congreso de la Unión.   

Especialistas en Derecho Constitucional y Seguridad Pública, en eco a la propuesta de la legisladora, informaron a este Portal digital que el Decreto impugnado de inconstitucional,  supuestamente se fundamentó en el artículo 5° transitorio de las Reformas Constitucionales que aprobaron el nacimiento de la Guardia Nacional en México.

El artículo 5° transitorio señala: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

La Presidenta de la Cámara de Diputados ha declarado a medios de comunicación que el decreto de AMLO invade competencia del Congreso de la Unión, pues aún no se ha expedido la Ley Reglamentaria del artículo 5° transitorio, para regular que debe entenderse por los términos “manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

En consecuencia, será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que determine si dicho decreto es inconstitucional y violentó la soberanía del Congreso de la Unión.

Por el momento las Fuerzas Armadas están desarrollando actividades que les competen a las policías federales y locales para la investigación de los delitos, la detención de personas, y la investigación ministerial, lo que es ilegal puesto que etas Fuerzas no tienen preparación para ello.

Por todo esto se espera que la Suprema Corte admita la controversia constitucional en sus términos, ordene la suspensión de la ejecución del decreto y finalmente lo declare inconstitucional.