Dos de la principales promesas de Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial fueron, acabar con la corrupción y con el gasto excesivo en publicidad oficial, que los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox habían derrochado, ambas promesas, incumplidas a escasos diez meses de dejar su mandato, ya que el Sistema Nacional Anticorrupción ha resultado un instrumento estéril para cumplir con ese primer objetivo, puesto que ni con titular oficial cuenta, y por otra parte, el sobre ejercicio en el presupuesto para el gasto en publicidad oficial y uso de la imagen pública ha crecido indiscriminadamente en este sexenio, incluso por encima del erogado por sus antecesores.

Tan solo en el periodo de 2013 a 2016 el gasto en publicidad del ejecutivo superó un  71.86 por ciento más del monto aprobado por la Cámara de Diputados para ese rubro; esto es, 15 mil 162 millones de pesos más. De los cuales, se desconoce en qué fueron invertidos, de dónde se obtuvieron los recursos adicionales y los motivos para modificar el presupuesto inicial. Estas cifras, de acuerdo al informe ´Contar “lo bueno” cuesta mucho, el gasto en publicidad oficial del gobierno federal’, realizado por Fundar , en ese mismo periodo y sumando los primeros 6 meses de 2017, la cantidad que se ha gastado en pago por publicidad oficial, asciende a 37 mil 725 mdp; cuatro veces el presupuesto 2016 (9 mil 433 mdp) destinado a becas de posgrado y apoyo a la calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que benefició a 57 mil 803 personas.

Reitero, todo ello, a pesar de la promesa de campaña, de crear una instancia reguladora del gasto de publicidad oficial, para erradicar gastos innecesarios y poder atender problemáticas urgentes planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La compra de espacios publicitarios siguió realizándose a discreción y en favor de solo algunos medios de comunicación y con una total ausencia del principio de neutralidad que en ellas debía predominar, ya que la difusión de nombres, imágenes, voces o símbolos promocionando a diversos actores políticos y funcionarios siguen estando  a la orden del día.

Aunado a lo anterior, este instrumento (la publicidad oficial), fue utilizado como la herramienta favorita y eficaz para castigar a sus críticos y premiar a sus aduladores, lo cual, fue incrementando su uso año con año hasta llegar a los más de 37 mil millones de pesos que la administración actual ha derrochado.

Pues bien, ante esta negligente actuación por parte del ejecutivo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 15 de noviembre, emitió un histórico fallo al conceder un amparo a la organización no gubernamental internacional denominada Artículo 19, en contra de la omisión del Congreso para normar la compra de espacios publicitarios por parte de los gobiernos en los medios de información.

Con lo anterior, la Suprema Corte, ultimó al Congreso a elaborar una ley en publicidad oficial antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir antes del 30 de abril de 2018.

Ley con la que tendrá que trabajar quien resulte ganador en el periodo electoral venidero, a menos que, a nuestros flamantes legisladores, se les ocurra desacatar la sentencia e incumplir con su obligación legislativa tal y como ha ocurrido desde la reforma electoral de 2007 donde se estableció que el Congreso debía reglamentar el artículo 134 Constitucional para dar garantías a la libertad de expresión, incluida la publicidad oficial entre otras materias.

Replicando dicho incumplimiento en febrero de 2014 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaban varias disposiciones de la Constitución y establecía que el Congreso debía expedir, antes del 30 de abril de ese mismo año, una ley que garantizara la transparencia en publicidad oficial.

Inobservancias que propiciaron un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, que se presentó no sólo por el Presidente de la República, sino también con los Gobernadores de los Estados, con un uso arbitrario y escandaloso del presupuesto para premiar a los medios incondicionales y para exterminar a sus críticos, lo cual ha constituido un mecanismo de restricción o limitación directa de la libertad de expresión, que se tradujo además en una clara violación al derecho a la información para los ciudadanos, que deben tomar por cierta la información “oficial” difundida por los medios comprados.

Lo anterior da pie a que existan relaciones de complicidad y manipulación de la información, entre gobiernos y medios en el país, así como censura sutil y el desarrollo potencial de redes de corrupción. Sin embargo, desde hoy le apuesto a que ni el fallo de la Suprema Corte de Justicia para obligar al Congreso emita la ley en la materia, será suficiente para que nuestros legisladores lo cumplan, ya que son muchos los intereses que hay en juego y sobre todo que a ninguno de ellos conviene perder el control de los medios y tener en su contra a las audiencias. ¡Al tiempo¡