Durante muchos años, el mundo, solo conoció el ejercicio del poder por parte del hombre, era un entendido social exclusivo y controlado por el género masculino, sin embargo, la demanda de hombres en las batallas de la primera y segunda Guerra Mundial, originaron la necesidad de que las mujeres participaran en el proceso productivo, colocándolas rápida y masivamente en una participación con un rol importante en los ámbitos público y privado.

Rol, que les ha permitido ocupar espacios en los sectores económico, político, cultural y académico, originando un empoderamiento de la mujer, causal, del cambio en la relación hombre mujer, no solo en el escenario social, sino en los espacios de poder.

La incursión de las mujeres en el ámbito de lo público, ha roto los equilibrios milenarios del ejercicio del poder, poniendo en entre dicho los saberes legítimos, cuestionando el orden social de la dominación masculina, enfrentando tanto a hombres como a mujeres en una dinámica no necesariamente conocida, y por lo tanto rechazada, pues define relaciones distintas en el mundo.

En esta lógica, ahora las mujeres ejercen el poder en ámbitos públicos y les arrebatan espacios a los hombres, con estrategias de simulación o de fuerza, pero con una incursión decidida en un espacio que estaba exclusiva e históricamente reservado para los hombres.

Esta situación, lamentablemente, ha traído consecuencias impensables para la realidad jurídica del siglo XXI, donde a pesar de existir pleno reconocimiento del derecho de las mujeres a formar parte de las decisiones públicas, resurgen expresiones brutales y crueles de un pasado que se niega a desaparecer y que da cuenta de que en México, prevalece una cultura patriarcal violenta y machista, que intenta frenar el avance de las mujeres que deciden participar en la política.

En atención a lo anterior, es importante resaltar que entre 2012 y 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) detectó 156 casos de violencia política contra las mujeres. De estos, tres fueron en 2012; uno en 2013, ninguno en 2014, y después ha venido el repunte: 92 se registraron en 2015 y 60 en 2016. De estos, la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Por lo anterior, es evidente el déficit del Estado con la democracia paritaria y la participación política en condiciones de igualdad, puesto que los acontecimientos evidencian negligencia legislativa y de condiciones de seguridad para garantizar el derecho de la mujer de accesar al ejercicio del poder, situación que también contraviene la obligación adquirida por el Estado mexicano en diferentes instrumentos normativos internacionales, puesto que la participación política de las mujeres es reconocida internacionalmente como un derecho humano fundamental para garantizar su ciudadanía plena, y como una exigencia básica de cualquier democracia.

Por ello, creemos que la única forma de cambiar el paradigma de participación política vigente en el país y que termine por erradicar la violencia política contra la mujer, es exigiendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia funcional, libre de corrupción, el cual plantee una serie de modificaciones éticas, políticas y jurídicas del sistema de administración de justicia para proveer garantías adecuadas y efectivas en salvaguarda y defensa de los derechos políticos electorales de la mujer.

Porque, solo de esta manera, podremos consolidar el constructo democrático de México, es decir, haciendo de la democracia, el sistema ideal que declara la justicia para todos los seres humanos sin importar raza, sexo, religión, capacidades o estado físico de la personas. Sobre todo ahora que estamos frente a un proceso electoral de suma trascendencia para el país, donde las mujeres han manifestado su deseo de contender por la presidencia de la República, por ocupar un escaño en el Congreso (donde se elegirán a 128 senadoras o senadores y 500 diputadas o diputados) y por competir por 2,818 cargos de elección popular. Sin embargo, existe un pendiente por resolver para garantizar la equidad de género en las próximas contiendas electorales: ¡Acabar con la violencia política contra las mujeres!