Lamentablemente, la pregunta que titula el presente artículo, es, y ha sido un fenómeno de constante presencia dentro de nuestro sistema electoral, por lo tanto de incidencia directa en nuestra democracia, originada por aquel innombrable suceso de la caída del sistema en las elecciones de 1988, la cual, desde entonces, pareciera haberse convertido en parte de nuestra cultura democrática.

El pasado miércoles 23 de mayo, en la librería de la BUAP, el doctor en física Jorge Alberto López Gallardo, nos brindó una óptica diferente de como poder identificar dicho fenómeno dentro de los procesos electorales, cuando nos presentó la obra ¡BASTA! DE FRAUDES ELECTORALES 1988-2018, en la cual, nos proporciona un estudio científico matemático, basado en estadísticas, análisis y evidencias, que nos hace ver la cruda realidad.

Todos estábamos acostumbrados a escuchar hablar del fraude electoral tradicional, basado en prácticas como: el mapachismo, la compra de votos, el carrusel, las tarjetas electrónicas, robo de urnas, etc. Sin embargo, el referido autor, nos pone ante la fatídica realidad de un fraude cibernético, que resulta ser más controlable y sencillo de implementar, puesto que es más barato manipular encuestas de opinión y resultados de los cómputos distritales, valiéndose de algoritmos matemáticos.

Mediante este tipo de análisis científico, ha podido rechazar la hipótesis de que sea un mito el fraude de 2006, cuando se dio una diferencia de 200 mil votos entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Dijo que en 2006 tanto el PREP como el cómputo final mostraron inconsistencias que no son propias de una elección, pues una vez estabilizado el comportamiento con el 70% de los cómputos, se esperaban variaciones menores (usando teoría de números) que al final resultaron ser hasta 25 veces superiores, revelando un comportamiento anormal cuando las curvas debieron cruzarse.

Asimismo, evidencía que en la elección de 2012, también se dio el fraude tomando en cuenta distintas muestras, el comportamiento estimado no es coincidente con el que se supone que obtuvo la población, rompiendo diversas reglas de la estadística para ello.

Todo lo anterior, está perfectamente explicitado en el resumen extendido, que nos proporciona, de los estudios de las elecciones de 1988, 2006, 2009, y 2012, al igual que el análisis de la elecciones intermedias de 2011 (que resultaron premonitorias de la federal del 2012) y la del 2017, que le permite vislumbrar y dar su opinión de lo que sucederá en 2018.

Lo grave de toda esta realidad es que, para perfeccionar la conducta del fraude electoral, forzosamente estamos hablando de una concupiscencia maligna entre autoridades electorales, autoridades partidistas, servidores públicos y hasta ciudadanos, que han actuado en contra del adecuado desarrollo de la función electoral, y que pondría a nuestro sistema electoral tan reconocido internacionalmente, ante una reprochable conducta antidemocrática que debería ser castigada ejemplarmente.

Por otra parte, a pesar de la contundencia del análisis científico matemático que nos proporciona y de las evidencias tan claras, dichos estudios no han tenido el impacto, ni la trascendencia suficiente para erradicar el fraude electoral de nuestro sistema, puesto que los mismos, perturban la zona de confort de los que acomodan el mundo del conocimiento a las necesidades de la política y mucho menos pensar que nuestras autoridades jurisdiccionales de la materia, estén dispuestas a entender este tipo de argumentos matemáticos para fundamentar una resolución judicial o al menos utilizarlas como indicios que las obligaran a estudiar de fondo el caso en concreto y con ello nulificar una elección.

Lo anterior, sería privilegiar el sistema democrático y el respeto por los derechos humanos individuales y colectivos, salvaguardando el ejercicio de las libertades civiles, la igualdad de oportunidades y la participación de los ciudadanos en la elección de los gobiernos, pero eso, es lo que menos importa a quienes mantienen el ejercicio del poder y que no están dispuestos a soltar bajo ninguna circunstancia.

La única vía que sigo viendo como alternativa de solución inmediata, para evitar la posibilidad de un fraude electoral, es: que todos los ciudadanos mexicanos salgamos el día de la elección a ejercer nuestro derecho al voto, para que les sea más difícil encubrir su accionar fraudulento, o al menos, les cueste mucho más trabajo el uso de sus algoritmos matemáticos.