A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
Ante las versiones periodísticas editorializadas y comentarios tendenciosos vertidos en redes sociales que abordan el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la renegociación de contratos “leoninos” con empresas transportadoras de gas, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

En algunos medios de información se planteó de manera tendenciosa y no objetiva que la ASF encontró evidencia de que CFE pagaría más de 6 mil millones de dólares por la renegociación de los gasoductos contratados. Sin embargo, la ASF verificó el beneficio a largo plazo que tendrá para la CFE la renegociación de las tarifas aplicables a los 25 años originalmente contratados. En su informe 431-DE destaca que la renegociación “resultó en un ahorro nominal para la CFE, hasta el año 25, de 4,342,490.3 miles de dólares (mdls)”.

La ASF no “desmiente” sino que confirma los ahorros obtenidos por la CFE al renegociar los contratos originales, e informa sobre el costo adicional que evidentemente conlleva la extensión de los contratos que, precisamente son esos más de 6 mil millones de dólares.

Si el hallazgo de la ASF era un pago de más de 6 mil millones de dólares por la renegociación, se estaría en presencia de un probable daño patrimonial con responsabilidad de funcionarios públicos. Sin embargo, la fiscalización efectuada por la ASF al proceso de renegociación de contratos de trasporte de gas natural, llevada a cabo en la auditoría de desempeño número 2019-6-90UJB-07-0431-2020, concluyó sin observaciones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La información periodística falsa y carente de objetividad y rigurosidad difundida, además de no identificar observaciones de la ASF ni posible daño patrimonial, no comunicó con oportunidad que ese costo adicional por 10 años más de servicio, “en términos de valor presente, fue equivalente a 583,008.2 mdls, cifra que representó el 10.9% del pago renegociado en términos de valor presente (descontado con una tasa de 10.0%) por los primeros 25 años de 5,349,330.2 mdls” (Página 109 de Auditoría de Desempeño 2019-6-90UJB-07-0431-2020, Auditoría Superior de la Federación).

Con la extensión del contrato por 10 años adicionales, la CFE hubiera tenido que recontratar estos gasoductos en el año 26, con una tarifa regulada variable en el tiempo y que se proyecta mayor a la obtenida. Con esto, la CFE evitó un pago adicional de más de $2 mil millones de dólares.

En síntesis, como resultado de la extensión en los contratos, la CFE tendrá los siguientes beneficios:

1.    Ahorros en los primeros 25 años de contrato.
a.    Más de 4,300 millones de dólares corrientes.
b.    442,4 millones de dólares en valor presente. Valor equivalente a la inversión de uno de los gasoductos renegociados.
2.    Ahorros por los 10 años adicionales de contrato.
a.    Más de 2 mil millones de dólares corrientes.
b.    100 millones de dólares en valor presente.
3.    Eliminó las tarifas crecientes y contará con tarifas fijas y niveladas en dichos gasoductos.
4.    Eliminó los riesgos financieros (mayor endeudamiento) y presupuestales (mayores subsidios) en los pagos a empresas transportistas por tarifas crecientes.

La nivelación y congelación de tarifas por 25 años y, por otros subsecuentes 10 años, brinda estabilidad en el precio del gas natural, contribuye a cumplir el mandato del presidente de la República de no aumentar las tarifas de energía eléctrica, beneficia a sus centrales de generación eléctrica y a la industria nacional durante 35 años.

De conformidad con su renovado carácter social y con las políticas instrumentadas por el Gobierno Federal, la CFE continuará implementando medidas que beneficien al Estado, y en particular, al pueblo mexicano.

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

Ciudad de México, a 20 de junio de 2020

A la opinión pública

En relación con el comunicado de prensa 41/2020 de Altos Hornos de México emitido el 19 de junio de 2020, donde se expone la cancelación de los contratos de suministro de carbón para las Centrales Termoeléctricas de José López Portillo y Carbón II con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila S.A. de C.V. se hace de conocimiento lo siguiente:

Para la Comisión Federal de Electricidad resulta evidente la existencia de impedimentos jurídicos, tanto de orden constitucional como los relacionados con la normatividad aplicable a CFE, así como impedimentos de tipo físico para seguir recibiendo el carbón estipulado en los contratos, lo que por sí mismo constituyen causas justificadas para la terminación anticipada de estos.

Las disposiciones legales de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias prevén la cancelación de las partidas cuando existan causas justificadas que impidan recibir la totalidad de los servicios o bienes pactados en el contrato, mismas que fueron plenamente consentidas por el proveedor dentro del mismo contrato.

La Central Termoeléctrica Carbón II como la C.T. José López Portillo, participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De acuerdo con las reglas de dicho mercado los criterios de despacho toman como único criterio el costo variable de producción, donde el combustible representa en promedio el 80% de estos costos.

Los contratos firmados con CICSA consideraron una duración de 3 años (2019- 2021), en los que se estipuló que la CFE compraría la cantidad total de 14.7 millones de toneladas. Sin embargo, el cálculo de las cantidades de carbón pactadas no consideró los pronósticos del despacho que tienen ambas centrales carboeléctricas (C.T. Carbón II y C.T. José López Portillo), que debido a las reglas del mercado ha sido muy bajo.

Lo anterior ha provocado un sobreinventario de carbón que ha implicado que la CFE incurra en sobrecostos de almacenamiento por carbón no utilizado, así como gastos para mitigar el riesgo que se tiene por almacenar material que por su naturaleza sufre autocombustión.

El precio pagado por tonelada para un carbón con características de un poder calorífico de 4,500 kcal/kg no corresponde al del precio contractual actual. Si se considera como referencia los precios internacionales del carbón, se observa que el precio por tonelada que la CFE paga a CICSA corresponde a un carbón de importación con la mejor calidad del mundo (6,000 kcal/kg). Sin embargo, el carbón que recibe la CFE tiene una calidad inferior y un poder calorífico de 4,500 kcal/kg. Asimismo, la tendencia en los precios del mercado internacional del carbón es de caída promedio del 44% en lo que va del 2020, mientras que el carbón de CICSA es cada mes más costoso para la CFE.

El costo de producción por Megawatt-hora, en la zona en la que se encuentra la carboeléctrica, ronda los $875 pesos en promedio. Por lo que, el precio al que se adjudicó la tonelada de carbón, $1,129.89 MXN, representa un sobrecosto y a la vez limita las posibilidades de competir en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La CFE se encuentra impedida para continuar adquiriendo el carbón restante de este contrato, puesto que la compra de éste implica el pago de un sobreprecio en relación con el mercado internacional actual, además de la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho en el MEM. De continuarse con la ejecución del contrato, se ocasionaría a la CFE severos daños y perjuicios económicos.

La CFE y sus funcionarios públicos tienen en todo tiempo la obligación de garantizar las mejores condiciones para el Estado, en total apego a los principios establecidos en el primer y tercer párrafos del artículo 134 constitucional, por ello la imperiosa necesidad de concluir, de manera anticipada, las obligaciones contractuales.


ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa

Ciudad de México, a 20 de junio de 2020

A la opinión pública

En relación con el comunicado de prensa 41/2020 de Altos Hornos de México emitido el 19 de junio de 2020, donde se expone la cancelación de los contratos de suministro de carbón para las Centrales Termoeléctricas de José López Portillo y Carbón II con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila S.A. de C.V. se hace de conocimiento lo siguiente:

Para la Comisión Federal de Electricidad resulta evidente la existencia de impedimentos jurídicos, tanto de orden constitucional como los relacionados con la normatividad aplicable a CFE, así como impedimentos de tipo físico para seguir recibiendo el carbón estipulado en los contratos, lo que por sí mismo constituyen causas justificadas para la terminación anticipada de estos.

Las disposiciones legales de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias prevén la cancelación de las partidas cuando existan causas justificadas que impidan recibir la totalidad de los servicios o bienes pactados en el contrato, mismas que fueron plenamente consentidas por el proveedor dentro del mismo contrato.

La Central Termoeléctrica Carbón II como la C.T. José López Portillo, participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De acuerdo con las reglas de dicho mercado los criterios de despacho toman como único criterio el costo variable de producción, donde el combustible representa en promedio el 80% de estos costos.

Los contratos firmados con CICSA consideraron una duración de 3 años (2019- 2021), en los que se estipuló que la CFE compraría la cantidad total de 14.7 millones de toneladas. Sin embargo, el cálculo de las cantidades de carbón pactadas no consideró los pronósticos del despacho que tienen ambas centrales carboeléctricas (C.T. Carbón II y C.T. José López Portillo), que debido a las reglas del mercado ha sido muy bajo.

Lo anterior ha provocado un sobreinventario de carbón que ha implicado que la CFE incurra en sobrecostos de almacenamiento por carbón no utilizado, así como gastos para mitigar el riesgo que se tiene por almacenar material que por su naturaleza sufre autocombustión.

El precio pagado por tonelada para un carbón con características de un poder calorífico de 4,500 kcal/kg no corresponde al del precio contractual actual. Si se considera como referencia los precios internacionales del carbón, se observa que el precio por tonelada que la CFE paga a CICSA corresponde a un carbón de importación con la mejor calidad del mundo (6,000 kcal/kg). Sin embargo, el carbón que recibe la CFE tiene una calidad inferior y un poder calorífico de 4,500 kcal/kg. Asimismo, la tendencia en los precios del mercado internacional del carbón es de caída promedio del 44% en lo que va del 2020, mientras que el carbón de CICSA es cada mes más costoso para la CFE.

El costo de producción por Megawatt-hora, en la zona en la que se encuentra la carboeléctrica, ronda los $875 pesos en promedio. Por lo que, el precio al que se adjudicó la tonelada de carbón, $1,129.89 MXN, representa un sobrecosto y a la vez limita las posibilidades de competir en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La CFE se encuentra impedida para continuar adquiriendo el carbón restante de este contrato, puesto que la compra de éste implica el pago de un sobreprecio en relación con el mercado internacional actual, además de la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho en el MEM. De continuarse con la ejecución del contrato, se ocasionaría a la CFE severos daños y perjuicios económicos.

La CFE y sus funcionarios públicos tienen en todo tiempo la obligación de garantizar las mejores condiciones para el Estado, en total apego a los principios establecidos en el primer y tercer párrafos del artículo 134 constitucional, por ello la imperiosa necesidad de concluir, de manera anticipada, las obligaciones contractuales.


ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa

• En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la CFE realizó una mesa de análisis para informar sobre tarifas eléctricas, autoabasto y el acuerdo de confiablidad para el Sistema Eléctrico Nacional

El mercado negro de energía eléctrica cuesta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alrededor de 7,600 millones de pesos anuales; mientras que los apoyos a las familias mexicanas durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 ascendió a 3 mil 799 mdp al mes de mayo.

Así lo dieron a conocer directivos de la CFE durante una mesa de análisis para combatir la desinformación generada por actores políticos, y replicada en algunos medios de comunicación, sobre las tarifas eléctricas, el autoabasto de electricidad y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Mario Morales Vielmas, Director General Intermediación de Contratos Legados, explicó que previo a la Reforma Energética existía la figura de autoabastecedor, la cual permitía a las grandes industrias generar su propia electricidad. Sin embargo, el espíritu del autoabasto se deformó y hoy existen sociedades simuladas, con hasta 10 mil socios, para comprar y vender energía fuera del Mercado Eléctrico Nacional.

Señaló que, aunque hay un cumplimiento aparente de la normatividad, se trata de una simulación que costó a la CFE 7,820 mdp en 2018, 7,000 mdp en 2019 y se calcula que alcanzará los 8,000 mdp en 2020. Explicó que esta pérdida es cubierta por CFE Suministrador de Servicios Básicos y, en cumplimiento de la regulación vigente, es reconocida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien la traslada al pago de los usuarios finales.

Morales Vielmas afirmó que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, es la garantía del estado para que todos los hogares, comercios e industrias en México cuenten con un suministro de electricidad ininterrumpido y de calidad. Aclaró que el acuerdo no busca hacer a un lado a los generadores privados, ni se opone a la generación de energía limpia, sino que es una medida temporal que obedece a la reducción en el consumo y la demanda de electricidad en el país.

Precisó que debido al otorgamiento indiscriminado de permisos de generación de electricidad, actualmente existe una sobrecapacidad de generación eléctrica de 81,500 Megawatts (MW), cuando la demanda promedio es de 35,000 MW y la máxima apenas alcanza los 49,000 MW. Sumado a ello, estas centrales se encuentran concentradas en regiones específicas, lo que genera un congestionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

El directivo enfatizó que se señala a la CFE como un ente que pretende controlar, sin embargo, solo busca participar en el Mercado Eléctrico de manera equitativa, para que sea beneficiado el cliente final con un mejor precio de la energía eléctrica y una mayor confiabilidad del abasto.

Por su parte José Martín Mendoza Hernández, Director de CFE Suministrador de Servicios Básicos, dijo que las familias mexicanas dejaron de pagar 3 mil 799 mdp en los meses de abril y mayo, como parte del acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para apoyar la economía familiar durante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Explicó que ante el aumento del consumo de electricidad en los hogares, el acuerdo evita que se reclasifiquen las tarifas como De Alto Consumo (DAC), lo que ocasionaría que los clientes pagaran el precio real de la energía, es decir cuatro pesos por Megawatt hora (MWh), en vez del costo subsidiado de hasta 80 centavos por MWh. En abril fueron beneficiados un millón 200 mil clientes, mientras que en mayo se beneficiaron a más de dos millones de clientes.

Sobre las versiones periodísticas que aseguran la existencia de incrementos desproporcionados en la facturación de electricidad, Mendoza Hernández dijo que, por alto consumo, al cierre de mayo se han registrado 80 mil quejas menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Como ejemplo señaló que, a pesar de lo reportado en medios, en el mes de mayo en el estado de Puebla se reportaron solo 42 quejas por alto consumo, de un total de 2 millones de clientes.

Puntualizó que es imposible que la CFE deje de realizar el cobro justo correspondiente al consumo de los usuarios, ya que debe cumplir sus obligaciones de pago con los proveedores de combustibles y con los productores privados de energía. Recordó que debido a la visión social de la CFE sus costos no incluyen un margen de ganancia, contrario a lo que sucedería con una empresa privada que agregaría un margen de ganancia.

Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa, enfatizó que la información presentada en la mesa de análisis demuestra que es falsa la imagen de insensibilidad que algunos actores políticos, empresariales y líderes de opinión quieren proyectar en la CFE. Dijo que gracias a la política energética impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los usuarios finales no tienen que pagar el precio real de la electricidad, sin embargo, es un tema que se usa debido a intereses económicos y electorales.

• El ahorro total anual del Concurso 2020 fue de casi 756 millones de pesos menor que el Convenio Marco 2014, lo que se traduce en un ahorro del 40 por ciento
• La flotilla de vehículos se utiliza exclusivamente para las actividades sustanciales; actualmente la CFE no cuenta con un solo vehículo al servicio personal de altos funcionarios

CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo de manera exitosa la licitación del “Servicio de Arrendamiento de Transportes Terrestres”. En el proceso licitatorio abierto, internacional, competido y transparente, la CFE obtuvo ahorros que representan más de 3 mil millones de pesos al término de los cuatro años del contrato. El monto total anual del concurso fue de $1,173,120,771 pesos, esto es un 39.19 por ciento o $755,929,059 pesos menos en comparación con el Convenio Marco 2014, que alcanzó $1,929,049,831 pesos anuales.

En conferencia de prensa, Miguel Alejandro López López, Coordinador de Administración y Servicios de la CFE, y Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, presentaron a medios de comunicación los pormenores del proceso licitatorio.

En la licitación participaron nueve concursantes, siete de los cuales aprobaron la evaluación técnica. La evaluación económica determinó que los concursantes más solventes para las 42 partidas del proceso fueron Arrendomovil de México, que obtuvo 32 partidas por 8,903 unidades; Lumo Financiera del Centro, que obtuvo cinco partidas por 520 unidades; Jet Van Car Rental, que obtuvo tres partidas por 323 unidades; y Value Arrendadora, que obtuvo dos partidas por 110 unidades.

López López detalló que, gracias a la restructura administrativa impulsada por el director general, Manuel Bartlett Díaz, se creó la Gerencia de Inteligencia de Mercados, una herramienta indispensable para controlar y regular las compras y combatir la corrupción en la adquisición de bienes y servicios.

Señaló que la licitación 2020 se presentó en 42 partidas para estimular la competencia al dar oportunidad a un mayor número de participantes, mientras que en el Convenio Marco 2014, se presentaron solo 8 partidas con lo que se acotaba la competencia. También se fijó una distribución regionalizada y se efectuó con un precio base de descuento.

Destacó que actualmente la CFE no cuenta con un solo vehículo de “apoyo al cargo” (vehículos al servicio personal de altos funcionarios). La flotilla de vehículos de la CFE se utiliza para realizar las actividades sustantivas de Distribución, Transmisión, Generación, Suministro Básico y del Corporativo.

En 2019, el parque vehicular de la CFE fue de 36,791 unidades, de las cuales 26,745 unidades son propias y 10,226 arrendadas. El arrendamiento integral de vehículos nuevos representa un ahorro considerable al no tener que contratar servicios adicionales como sistemas de administración de flotillas, mantenimiento, refacciones, geolocalización y pólizas de seguro

Por su parte, Bravo Navarro fue enfático al expresar que en la CFE se acabaron los “consentidos”, con lo que se terminan también las prácticas de corrupción al tiempo que se impulsa la participación de un mayor número de concursantes en los procesos licitatorios lanzados por la CFE.