La presunción de la inocencia, un derecho de quienes gobiernan: Ugalde
  
Puebla, Pue. El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en reciente conferencia mañanera declaró que si el pueblo decide enjuiciar a los ex Presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto e inclusive a Carlos Salinas de Gortari, propondrá una consulta popular para que el próximo año 2021, en el proceso electoral correspondiente el mismo  pueblo manifieste su conformidad o no con los juicios penales por corrupción en contra de quienes han gobernado a México.

El comentarista político Carlos Ugalde comentó en un programa del Financiero Bloomberg, que dicha medida que pretende tomar el Presidente de la República, es inconstitucional, pues transgrede la última reforma al artículo 35 de la Constitución prevista en la fracción VIII-3 que dice al respecto: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección…”.

Carlos Ugalde señaló que los ex Presidentes de México tienen reconocido el derecho humano “de presunción de inocencia”, que consagra el artículo 20 Constitucional, además de que el único órgano facultado para la investigación de los delitos es el Ministerio Público, en tanto que los Tribunales en México son los encargados de impartir justicia y dictar sentencias condenatorias privativas de la libertad,  tal y como lo dispone el artículo 17 Constitucional

En consecuencia, el pretender que mediante una consulta popular se enjuicie a tres  ex Presidentes de México, o algún alto funcionario de la Federación o de los estados, violenta infragantemente los preceptos constitucionales ante referidos.

Finalmente comentó Ugalde que la finalidad del Presidente de la República con el tema de la consulta popular, es obtener más votos a favor del Partido Morena en las elecciones del próximo año 2021, con el fin de retener la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de tal manera proceder a las reformas constitucionales y legales que se pretenden para la Cuarta Transformación en México.

A partir de las declaraciones y la denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, el pasado 11 de agosto, donde acusa en forma directa a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto de la comisión de diversos delitos para beneficiar a la empresa ODEBRECHT que aportó cantidades millonarias para la campaña presidencial del último de los mencionados. El Presidente López Obrador ha declarado en sus conferencias mañaneras que: no solapará la corrupción y que si son responsables de haber cometido el delito de traición a la Patria, se les debe investigar y juzgar hasta sus últimas consecuencias. Por ello considero necesario analizar si real y objetivamente se les puede juzgar por dicho ilícito.

En un sentido general del término, el Diccionario de la Real Academia Española señala que traición proviene del latín traditĭo, -ōnis, y define a dicho concepto bajo dos acepciones:

1. Falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener.

2. Delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria.

En el Diccionario Jurídico Mexicano se encuentra que: traición en general es la conducta de aquel que siendo depositario de la confianza o amistad de una persona o institución, obra deslealmente para con ella o sus intereses.

El conocido jurista Guillermo Cabanellas de Torres señala que, el vocablo traición debe reservarse penalmente para calificar lo que atente contra el Estado y la Nación al servicio de los extraños y denominar como rebelión el alzamiento contra el régimen o gobierno de ese mismo Estado o pueblo, pero sin conculcar los deberes de patriotismo ni comprometer las bases de la nacionalidad.

Sobre quienes puede recaer tales responsabilidades?, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis aislada dispone de manera incluyente que:

TRAICIÓN A LA PATRIA, DELITO DE. No es exacto que solamente puedan cometerlo los altos funcionarios públicos, pues aun cuando éstos están en situación más propicia a realizar esa clase de infracciones, no se excluye la posibilidad de que cualquier funcionario o particular pueda cometer el delito de traición a la patria.

Amparo penal en revisión 3904/45. Téllez Vargas Pedro. 13 de abril de 1946. Unanimidad de cuatro votos, por lo que se refiere a la concesión del amparo, y por mayoría de tres votos. Ausente: José Rebolledo. Disidente: José María Ortiz Tirado.

La publicación no menciona el nombre del ponente. Localización: Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LXXXVIII, Página: 763, Tesis Aislada, Materia(s): Penal.

Por su parte la legislación penal mexicana contempla la traición a la patria como un delito contra la seguridad de la Nación, es un delito del orden federal al cual tipifica en diversas formas, tal como se verá más adelante.

El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Pese a lo anterior, cabe señalar que, uno de los grandes problemas que tenemos en México es la falta de procedimientos y métodos eficaces para sancionar a servidores públicos, que abusando del poder cometen faltas o delitos; no obstante ello, en este artículo nos hace un listado de quienes tienen el carácter de servidores públicos, funcionarios y empleados públicos, destacando que el Presidente de la República a pesar de ser también un servidor público tiene privilegios, porque durante el tiempo de su encargo solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves de orden común. El hecho de que cometa actos en contra de la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana y someterla a una persona o gobierno extranjero; actos de hostilidad en contra de la nación de manera bélica y ponerla a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éstos, o bien reclute gente para hacer la guerra en México con la ayuda de cualquier tipo de gobierno extranjero, éstos son ejemplos de lo que debe entenderse como traición a la patria; y se entiende como delito grave aquellos que no alcanzan la libertad bajo fianza o caución, como el homicidio por culpa, terrorismo, corrupción de menores, lenocinio, robo calificado entre otros.

El artículo 123 del Código Penal Federal señala: Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:  

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;

II.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.

Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa hasta de diez mil pesos;

Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.

III.- Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;

IV.- Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en estado de guerra;

V.- Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero;

VI.- Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior;

VII.- Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares;

VIII.- Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza;

IX.- Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios;

X.- Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos;

XI.- Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos;

XII.- Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;

XIII.- Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo;

XIV.- Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; y

XV.- Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración.

Conforme a lo anterior, corresponde a la Fiscalía General de la República, en uso de sus facultades constitucionales, integrar las respectivas carpetas de investigación y determinar si las conductas cometidas por los ex presidentes, encuadran en los preceptos legales mencionados, sin importar el manejo político y mediático que lleva a cabo el Presidente López Obrador, que pretende someter a una consulta popular, si la fiscalía cumple o no con sus funciones, como una forma de lavarse las manos como Poncio Pilatos para no asumir su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo. Acudimos una vez más, como ocurría en los gobiernos anteriores, a la intromisión de la política en las tareas de los órganos encargados de la Procuración de Justicia, lo que para mí se traduce en otra forma de corrupción.

                          *Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

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 El modelo de rastreo de casos asintomáticos y críticos en la ciudad de México implementado en la ciudad de México fue trasladado ya a Chiapas y Tabasco para aplicarlo en comunidades marginadas y, aunque el subsecretario Hugo López-Gatell subraya que es un modelo que aplican organismos internacionales, lo cierto es que es novedoso y efectivo en el mundo.

 De esa manera Sheinbaum ha demostrado la eficacia en la conducción de la epidemia en la capital del país, una de las primeras afectadas en México por su densidad demográfica e intensa movilidad y, aún cuando las medidas de prevención fueron tardías, la jefa de Gobierno adoptó de inmediato un programa de rastreo y seguimiento que se extenderá por el país.

 Y cuando el 18 de julio en la ceremonia luctuosa a don Benito Juárez en el recinto parlamentario de Palacio Nacional presidida por el presidente López Obrador y en donde su esposa Beatriz Gutiérrez Muller fue también oradora, Sheinbaum ubicó a Alfonso Suárez del Real en el discurso oficial, como una presentación previa a lo que vendría: su designación como secretario de Gobierno en la CDMX.

 Se sabía de las diferencias entre Sheinbaum y la ahora titular de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez y aunque la secretaría de Gobierno era una posición clave manejada por el Presidente AMLO, Sheinbaum la respetaba pero se sentía incómoda. Los ajustes se realizaron como ella lo planteó, de la misma manera como se impuso ante López-Gatell. Sheinbaum demuestra que tiene manejo político.

TURBULENCIAS

Otro mundo de Calderón y Peña Nieto

 Al presentar el faraónico avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la frase de José María Morelos y Pavón: Que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino, igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Morelos, que encarnaba la lucha por la igualdad, imagínense. A lo mejor si le hubiesen puesto de nombre Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad. ¡Cómo hacer todas estas cosas! Era otro mundo, indicó…Durante su gira por Oaxaca, que algunos observadores ven como un mensaje al ex gobernador de Oaxaca, José Murat, creador del Pacto por México, el general secretario Luis Cresencio Sandoval agregó una región más al estado: La Montaña, que es de Guerrero, en tanto que el presidente López Obrador con un excelente conocimiento del estado se ubicó exactamente en el lugar donde se encontraba: Santa Lucía del Camino, municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca. Difícil conocer los 570 municipios, las 8 regiones de la entidad, grupos étnicos y diversidad de lenguas y usos y costumbres, incluso ni los mismos epidemiólogos como José Luis Alomía le atinan a ubicar los lugares geográficos. Alomía dijo del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán –donde está ubicado el aeropuerto Interncional “Benito Juárez”-, municipio de Santa Cruz; nadie lo conoce así, se le conoce popularmente como Xoxo.La noche del domingo, Hugo López-Gatell confundió –o desconoce- Culiacán como un estado con sus municipios, dijo, cuando es la capital de Sinaloa. Hace falta impartir un curso de geografía e historia en los miembros del gabinete para que no confundan más a la ciudadanía…El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, presentó ante el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, una propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), con el objetivo de construir un nuevo paradigma que le restituya al Estado Mexicano su condición constitucional de garante de la paz y el bienestar desde la legalidad y el acceso efectivo a la justicia, estuvieron también los gobernadores de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez., el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué; la presidenta del Colectivo 50 + 1, María Elena Orantes y el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes.

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Columna | Desde el portal

 Como hombre de todas las confianzas del ex presidente Enrique Peña Nieto, desde la campaña presidencial, Emilio Lozoya Austin a su retorno deportado de España ofrece hablar amplio sobre los temas de corrupción que se le adjudican y los cuales, evidentemente, se realizaron por instrucciones superiores.

 Lo más interesante y que dejó de tarea el presidente López Obrador es saber quién o quienes promovieron y aprobaron la reforma energética que tenía como propósito destruir Pemex y la CFE, para que sus actividades productivas en beneficio del país pasaran a manos del sector privado, asociados con trasnacionales.

  El propósito se antoja descomunal. No es ni sería aceptable que desde el poder público, confiado por los electores, se destruya empresas creadas para beneficiar al país. Si bien la sociedad toleró acciones de corrupción bien conocidas, desde el agente de tránsito o el cartero, el empleado público o el diputado, el desmantelar instituciones del Estado con ese propósito resulta intolerable.

 Cómo es que se tramó la destrucción de Pemex y se avanzaba con la CFE?. Ya el mismo presidente López Obrador ha dado algunos avances: empresarios españoles que vendían electricidad a la CFE son los más interesados en frenar las acciones de la IV Transformación y utilizan todos los recursos para ese fin. Lozoya seguramente tiene más datos y habrá que esperar que los dé a conocer.

TURBULENCIAS

El dinero no se debe quedar en la CDMX: GOPAN

 Nueve gobernadores del PAN demandaron del Gobierno Federal reparto justo de los ingresos que recibe la Federación a efecto de cumplir con sus responsabilidades en educación, salud, seguridad pública, obras de infraestructura y estar en condiciones de impulsar el desarrollo económico de la periferia y el dinero no se siga quedando sólo en la ciudad de México. GOPAN es impulsado por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién…  El Centro Empresarial de la ciudad de México emitió un comunicado en el que afirma que: convencidos de que el Estado es el responsable de garantizar el Derecho Humano a la Vivienda de los capitalinos, a través de la creación de instrumentos y mecanismos en la Ley; pero no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental; somos sensibles a las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la pandemia, por lo que estamos a favor de coadyuvar con el Gobierno a encontrar mecanismos extraordinarios para auxiliar a quienes habitamos la CDMX durante la contingencia sanitaria, pero estas medidas no deben vulnerar la certeza jurídica, ni poner en riesgo las propiedades de particulares; las medidas propuestas por la bancada de MORENA en el Congreso local, además de vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica de los arrendadores, implica una desaceleración del sector inmobiliario, ya de por sí golpeado por la pandemia mundial, precisan…La Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), publicó el libro “Los lenguajes de la historia. Oaxaca: Siglos XVII-XX”, sobre las letras, religión, economía, gráfica, entre otros. Es una obra coordinada por Selene García Jiménez, encargada del Área Administrativa de la Biblioteca y el investigador Juan Manuel Yáñez García y participan además María Cristina Córdova Aguilar, Jonatan Moncayo Ramírez, Hugo Martínez Saldaña y Huemac Escalona Luttig, quienes aportan textos sobre el periodo virreinal; Luis Fernando Herrera Valdez, Paola Rebeca Ambrosio Lázaro y Javier Bautista Espinoza, que abordan el escudo de armas, la gráfica en Oaxaca y la lucha entre liberales oaxaqueños en la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa; Tatiana Pérez Ramírez, escribe sobre la relación entre Los Serranos y Benito Juárez y Danivia Calderón Martínez desmenuza la transformación del territorio de los alrededores de Oaxaca…

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 La detención en EU del ex presidente peruano Alejandro Toledo Marroquín, implicado en los sobornos de la brasileña Odebrecht a jefes de Estado y altos funcionarios de varios países, de inmediato se asoció la posibilidad de que ocurra lo mismo con nuestro frívolo ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien el abogado chiapaneco Javier Coello Trejo desea ver en los tribunales para que aclare su participación en los mismos.

 Y aunque en cuestión de acusaciones con y sin fundamento menudean en los corrillos judicales y políticos en contra del mexiquense, será difícil verlo en prisión, pues de acuerdo al dicho del ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortíz, pactó la entrega del poder a cambio de impunidad, motivo por el cual se le ve dándole vuelo a la hilacha lo mismo en bautizos que en confirmaciones, moviendo al bote lo mismo con cumbias que con tambora sinaloense.

 Y pese a la similitud de las culturas peruana y mexicana, no es lo mismo Alejandro Toledo que Enrique Peña Nieto. El mexiquense tejió una vasta red política que constituye su muro contra cualquier viso de ser involucrado en sobornos que dio o recibió, pues para ello contaba con todo el presupuesto, sin límites, para comprar voluntades y disfrutar, como lo hace ahora, de sus viajes por el mundo con la pesada carga de la administración pública y sus secuaces.

 Sin embargo, en la sociedad mexicana persiste la demanda hacia la IV-Transformación: o todos coludos o todos rabones. Y las pruebas de que sabía lo mismo de los malos manejos en Pemex y  su tendencia decreciente –por lo que seguramente se hará acreedor a otra baja calificación de Moody’s-, así como las compras chatarra a precios alzados, hay por docenas. La presidencia, como lo ha señalado el Presidente AMLO, siempre da el visto bueno sobre los buenos negocios.

TURBULENCIAS

Primero los mexicanos dice Joel Ayala

 Luego de expresar su solidaridad con los migrantes que cruzan territorio nacional o son deportados de EU, el líder de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, y de apoyar las medidas adoptadas por el presidente López Obrador, expresó que lamentablemente no se ha cumplido a cabalidad con las demandas de salud, empleo e ingreso para los mexicanos, por lo que pidió primero se cumpla con los connacionales y después con los ciudadanos de otros países. El líder de la burocracia federal inauguró la Sala de Maestros y Área de uso Común del Instituto de Estudios Sindicales de la Administración Pública, en la FSTSE…Crece la percepción en integrantes del Poder Legislativo de que el canciller Marcelo Ebrard fue engañado por el presidente Trump, pues los presuntos acuerdos a los que se llegó en Washington no se han cumplido del lado estadunidense. Migrantes de 14 nacionalidades son recluidos en prisiones insalubres en la línea fronteriza del lado estadunidense y la amenaza de ser deportados a México, como tercer país seguro, es una realidad. Este domingo llega Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano que llega una vez que EU ha ejecutado deportaciones e implementado aranceles a nuestras exportaciones…La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval  Ballesteros y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, presidieron la primera Reunión del Comité Rector y la primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y representantes de las 32 entidades del país y en donde se acordó integrar cinco grupos de trabajo sobre Normas, profesionalización y Ética Pública; Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana;  Coordinación para la Fiscalización; Responsabilidades Administrativas y Control Interno…

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Una de las leyes no escritas en el sistema político mexicano ha sido, la de perdonar y olvidar los casos de corrupción en que han incurrido los expresidentes, desde la época en que el PRI se apoderó de la Presidencia durante setenta años, hasta el primer  Gobierno panista llamado  de la alternancia en el poder de Vicente Fox que ganó las elecciones en el año 2000 hubiere iniciado investigación alguna en contra de su antecesor, pasando por el de Felipe Calderón del mismo Partido, quién en ningún momento se pronunció por investigar los casos de desvío de recursos o tráfico de influencias y conflictos de interés de los hijos de la primera dama Martha Sahagún que hicieron jugosos negocios al amparo del poder presidencial.

Con la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación, se llegó a pensar que al no haber intervenido Peña Nieto con el aparato de estado para favorecer al candidato de su partido José Antonio Meade en las elecciones y al haber entregado el poder sin ningún contratiempo, ello le garantizaba un blindaje para no ser investigado o perseguido por el nuevo gobierno por las denuncias y actos de corrupción que se atribuyen a su gobierno incluyéndolo a él y a varios de sus colaboradores; sin embargo el escándalo de corrupción, primero con Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y el  de la compra de Fertinal por la que Pemex pagó 635 millones de dólares y en el que se han visto involucrados varios ex directivos de la paraestatal y prominentes empresarios, cuya investigación ahora apunta directamente al expresidente Peña Nieto quién es señalado por autorizar la transacción tras recibir un jugoso soborno de acuerdo con una denuncia iniciada en Estado Unidos, ha llamado la atención de medios nacionales e internacionales, además por la publicación de una carta abierta de Emilio Lozoya el pasado 10 de junio donde señaló que no se presentaría ante el juez, pero reiteró su disposición de “colaborar” y “manifestar la verdad histórica” sobre los hechos de corrupción que se le imputan, además de comprometerse a dar los nombres de los funcionarios del nivel que sea, que intervinieron en lo que hoy se investiga con las consecuencias que haya para cualquier persona, lo que según el dicho de su abogado pediría se cita al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray en caso de que se abra un juicio, lo que significaría que existe la posibilidad de que Lozoya involucre en sus declaraciones a ambos personajes y por vez primera en la historia de México, un expresidente pueda ser juzgado, sentenciado y condenado por la comisión de uno o varios delitos, lo que no ha ocurrido en nuestro país, a diferencia de otras naciones de América Latína.

La lista de Presidentes y expresidentes que han sido investigados, procesados y sentenciados en varios países de centro y Sudamérica se ha ido incrementando. El más reciente el del expresidente peruano Alan García investigado por el caso Odebrecht, quien prefirió darse un tiro en la cabeza, antes de ser detenido y procesado por actos de corrupción de los que era investigado.

El escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht ha involucrado a varios expresidentes, algunos afrontan las investigaciones en libertad, mientras otros ya están presos.

La lista de los expresidentes que se encuentran en esta situación es la siguiente: también de Perú: Pedro Pablo Kuczyinki quién cumple una detención preliminar, Alejandro Toledo quien actualmente es investigado y reside en los Estados Unidos, aunque el gobierno peruano formalmente ha solicitado su extradición. Ollanta Humala quien estuvo detenido nueve meses y se encuentra a la espera de la acusación de la fiscalía, a esta lista hay que agregar al expresidente Alberto Fujimori quién reconoció haber cometido el delito de peculado por 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregárselos a su asesor Vladimiro Montesinos y se le impuso una condena de siete años seis meses por este delito.

De Brasil tenemos los casos de los expresidentes: Michel Temer quién fue encarcelado acusado de recibir sobornos. Después el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva quién fue condenado a doce años y once meses de cárcel.

De Argentina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quién es investigada por corrupción aunque actualmente tiene inmunidad por su cargo de senadora.

De Panamá el expresidente Ricardo Martinelli acusado por escuchas ilegales y malversación de fondos.

En el caso de Guatemala, la lista es más amplia: el expresidente Otto Pérez Molina acusado por cometer fraudes en las aduanas. Álvaro Colom acusado de corrupción en el modelo de transporte y finalmente Alfonso Portillo acusado por corrupción.

De Honduras el expresidente Rafael Callejas acusado por conspiración y estar ligado al crimen organizado.

De Ecuador: el expresidente Rafael Correa quien tiene una acusación por delincuencia organizada relacionada con el caso Odebrecht.

A la lista anterior de llevarse a cabo una investigación a fondo, no sólo en México, sino también en los Estados Unidos y de resultar encontrado culpable el expresidente Peña Nieto , su nombre puede sumarse y ante la opinión pública, se terminaría al fin la impunidad de los expresidentes.

Columna | P U L S O    P O L I T I C O

             En un comunicado de prensa emitido por el Partido Acción Nacional de Puebla, ayer, se afirma que la dirigencia de ese partido, ante el incremento de asesinatos dolosos en la entidad, exige a las autoridades estatales y municipales, frenen la inseguridad y la violencia de inmediato.

             Esa “exigencia” pinta de cuerpo entero a los panistas de cúpula en Puebla: están totalmente fuera de la realidad.

             Por si no lo saben los señores de la dirigencia del partido de la derecha, el asunto de los asesinatos, los secuestros y las extorsiones, se iniciaron en el gobierno panista de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, cuando para combatir al narcotráfico declaró la “guerra” a los delincuentes dedicados al comercio de estupefacientes, y lo hizo, sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sacando al Ejército y a la Marina a las calles, instituciones que él debía saber, que no tienen preparación policíaca sino militar, efectivamente para “hacer la guerra” o defender al país de una invasión extranjera.

             Los resultados fueron nefastos. Fue como dar un golpe a un panal de abejas para castigarlas porque hubieran picado a un niño. Alborotó la gallera y desde entonces no ha parado la inseguridad y el crimen, que se desataron en todo el país como una plaga.

             El gobierno panista de Felipe Calderón, dejó al país, al final de su gobierno, con el saldo doloroso de más de cien mil muertos y más de 20 mil desaparecidos, en su gran mayoría jóvenes.

             El priísta Enrique Peña Nieto, que lo sucedió en el mando, no habló después de recibir el poder, con la claridad y contundencia con la que ha hablado López Obrador ahora.

             Pero es un hecho que recibió, como dijo el presidente el domingo en Veracruz, “un cochinero”, una situación sumamente difícil, en lo económico, en lo político y en lo social. Y enfrentó con el mismo sistema a la delincuencia desatada, con los mismos resultados de su antecesor. Vicente Fox, el antecesor, también panista, de Calderón, dejó el poder con mayor desempleo, más pobreza. Su gobierno que al inicio tenía más del 70 por ciento de aprobación, en el tercer año, en las elecciones intermedias para elegir a los nuevos diputados federales, su votación tuvo una baja tan sensible, que perdió 50 escaños en la Cámara de Diputados, pues los electores se percataron que el poder en realidad los ejercían doña Matha Sahagún y su aliada la maestra Elba Esther Gordillo, algo que nunca antes había ocurrido en el país.

            Aquí en Puebla, después del gobierno panista del fallecido Rafael Moreno Valle Rosas, el fiscal general del Estado, dijo que recibió una Fiscalía en ruinas y también estaba en ruinas el Poder Judicial del Estado.

            De casi setecientas agencias del Ministerio Público, entre distritales y subalternas que había, se redujeron a setenta y el personal de los juzgados civiles y penales, se redujo al mínimo, para “bajar el gasto corriente”.

             Un renglón tan importante, como lo es la procuración y la impartición de justicia, estaba en ruinas. Si algunos delincuentes eran detenidos, lograban con facilitad su libertad, pues se integraban mal sus expedientes, no se hacían las investigaciones adecuadas, en fin, no había forma de lograr el castigo de los culpables.

              Pero había algo más grave: la mayor parte de los delitos no se denunciaban, porque al suprimir cientos de agencias subalternas del MP, se cancelaba la posibilidad de que las gentes de los pueblos presentaran una denuncia, pues para hacerlo tenían que trasladarse a la cabecera distrital, haciendo gastos que no podían hacer por falta de recursos y en donde no eran atendidos adecuadamente por falta de personal.

              En los juzgados, en donde se carecía de todo, hasta de papelería para tomar declaraciones, los asuntos no avanzaban, porque no había el personal suficiente para ello. La carga de trabajo para el personal que quedó, creció en demasía provocando retrasos en los asuntos que se trataban y estrés entre los empleados.

              Más del noventa por ciento de los delitos no se denuncian, por todos estos problemas y la delincuencia aumenta como es natural.

              Exigir a las autoridades estatales y municipales parar de inmediato la inseguridad y la violencia, por parte de la dirigencia panista de Puebla, solo demuestra el olvido de su propia historia, a nivel nacional y a nivel local y no saber, por ignorancia o mala fe, que problemas como éstos, no tienen solución por decreto, ni por milagro.

             Se requiere de un proceso, que por fortuna ya está en marcha, que debe ser implementado por el gobierno federal, con la coordinación de autoridades estatales y municipales y que además debe comprender, la atención a los problemas sociales de pobreza y falta de educación, combate al desempleo, atención al campo, que por lo que respecta a Puebla, recibió en el sexenio panista del señor Moreno Valle, el menor presupuesto de su historia, en fin, el desarrollo de una política social de beneficio efectivo para los que menos tienen y la creación de un cuerpo de seguridad (Guardia Nacional) con características especiales para brindar una real seguridad a la población del país.

              Al finalizar el gobierno interino del licenciado Guillermo Pacheco Pulido, ya estará en marcha la rehabilitación de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sumamente importante para evitar la impunidad, causa del incremento de la inseguridad y de la violencia.

             Sería bueno que los dirigentes del PAN poblanos, echaran una miradita a lo que ocurre en los estados de Guanajuato, Baja California y Chihuahua, entidades ubicadas en el primero, cuarto y quinto lugar, entre las diez con mayor número de muertes violentas.

              Guanajuato y Baja California, tienen varios sexenios de estar gobernadas por el PAN y Chihuahua, tiene un gobernador panista, que como ellos, los dirigentes del PAN en Puebla, hacía críticas carentes de lógica a los gobiernos priístas y ya como gobernador, ha sido uno de los más críticos con el gobierno actual.

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        Los panistas en el poder, ni fueron honestos, como pregonaron durante más de cincuenta años, que serían; ni fueron eficientes en el desempeño del gobierno. Fox, que sí ganó las elecciones, en la primera mitad de su periodo, perdió 50 escaños en la Cámara de Diputados en la elección intermedia.

        Calderón, que ganó por un mínimo margen en la votación, que no llegó ni a un punto porcentual y que inició lo que el mismo llamó, la “guerra contra el narcotráfico,” llevó a su partido a ocupar el tercer lugar en la elección presidencial del 2012.

         Volvió el PRI al poder con Erique Peña Nieto, pero con el sistema neoliberal implantado por los tecnócratas y que estaba originando una gran inconformidad social; una creciente inseguridad pública, un incremento de la violencia en numerosas entidades del país, un mayor grado de pobreza entre la población y un incremento del desempleo, muy poco pudo hacer.

           Capoteó algunos de los problemas que tenía el país, pero no pudo con la inseguridad y la violencia que en vez de decrecer, crecía por todas partes.

            Vino el asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que habían sido asesinados en Guerrero, estado que gobernaba el Partido de la Revolución Democrática (PRD) crimen del que empezó a ser culpado el gobierno federal, sin que este diera una respuesta categórica sobre los hechos. Ese problema fue internacionalizado y el PRD en ningún momento dio la cara, pese a que los hechos ocurrieron en Iguala, donde el ayuntamiento era perredista.

            El no aclarar las cosas, el asumir sin protesta una culpabilidad que no tenía, el gobierno de Peña Nieto sufrió por este caso, un desgaste enorme del que no se repuso nunca.

           El Partido Revolucionario Institucional, perdió forma. Sus verdaderos líderes escaseaban desde que la tecnocracia eliminó a la clase política priísta, por no ser posgraduados de Harvard. Y el descontento popular crecía.

           López Obrador, que ya había sido candidato presidencial en dos ocasiones, seguía recorriendo el país hablando contra la corrupción, a la que culpaba de todos los males que el país sufría.

           Y es que la corrupción creció a límites intolerables, desde que la tecnocracia empezó a gobernar con su sistema neoliberal que beneficiaba a los que más tenían y agravaba la pobreza, el desempleo. Además, se perdió el sentido social de la obra pública, se deterioraron los servicios de educación y de salud, se cambió en lo obscurito la Ley Federal del Trabajo y se llegó a las reformas estructurales que regresaban a las grandes empresas transnacionales el manejo del petróleo mexicano y la energía eléctrica.

            Si además se considera que el sistema de selección de candidatos a los puestos de elección popular, se hacía solo entre familiares y amigos de quienes estaban en la cúpula del poder, haciendo a un lado a las bases partidistas que se empezaron a sentir utilizadas como carne de mitin, se explica uno porqué el PRI empezó a desintegrarse y a pasarse, silenciosa pero constantemente, al partido que Andrés Manuel López Obrador había fundado y al que concurrían los políticos decepcionados de todos los partidos.

               El Partido de la Revolución Democrática y el PAN, partido de la derecha, empezaron a sufrir igual que el PRI, la emigración de sus bases al nuevo partido Morena.

               Y así se fue conformando el triunfo de López Obrador, que ofrecía un cambio de régimen, no solo de gobierno o sea, contrario a lo que hicieron los panistas en el poder durante doce años, que no cambiaron nada, solo agravaron lo mal hecho que los priístas habían dejado.

               Ya como Presidente Electo, López Obrador empezó a mostrar lo que es un cambio de régimen, a desmontar lo mal hecho para ser sustituido por nuevas formas de hacer gobierno, lo que ha espantado a muchos, principalmente a quienes se sienten afectados en sus intereses.

             El sistema económico neoliberal, definitivamente se acaba. Habrá lucha frontal contra la corrupción y para combatir la inseguridad se crea la Guardia Nacional, para poder mandar a sus cuarteles a soldados y marinos, que según la Constitución, están para resguardar la soberanía y el territorio nacional y no para hacer las veces de policías. Se les utilizó para eso, porque el país no tenía policías civiles bien conformadas y bien entrenadas y todavía no las tiene, excepción de la policía federal, pero no es suficiente.

             Bueno, el PRI está en la última etapa de su larga historia llena de buenas y malas cosas. Su resurgimiento dependerá de la forma en que los priístas puedan afrontar su nueva realidad. Su derrota, en esta elección, fue contundente y no habrá resurgimiento si no hay cambios de fondo en el partido nacido como consecuencia del triunfo de la primera revolución social del siglo XX.

Jojutla, Morelos.- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los gobernadores de Puebla, Tony Gali; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Guerrero, Héctor Astudillo inauguraron la Autopista Siglo XXI que conecta a Puebla y Guerrero sin cruzar el área metropolitana de la Ciudad de México.

El Ejecutivo federal celebró la puesta en marcha de esta importante vialidad y realizó un balance de las obras de infraestructura carretera que se concretaron durante su gestión. Asimismo, entregó mil 500 patrullas a la Policía Federal.

"Estamos entregando este importante eje carretero que verdaderamente amplía la conectividad de nuestro país, que hemos venido impulsado, que hemos fortalecido. Es lo que permitió generar una mejor conectividad entre las distintas regiones del país y con ello, asegurar también una mejor competitividad", subrayó.

En tanto, Tony Gali destacó la importancia de esta obra, ya que permitirá a los poblanos llegar al puerto de Acapulco en tan solo 3 horas con 40 minutos, garantizando movilidad y protegiendo la economía de las familias que visiten este destino turístico.

Agregó que su administración se caracteriza por mantener un trabajo coordinado con las autoridades de las diferentes entidades federativas, a fin de ejecutar acciones en beneficio de Puebla y México, sin distinciones partidistas.

También estuvieron presentes el Secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, funcionarios de los estados de Puebla, Guerrero y Morelos, entre otros invitados.

Columna | Desde el portal

 En momentos de tensión que vive el país –lejos de la transición aterciopelada de que se anunció-, la comida del Presidente Enrique Peña Nieto con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en casa del tabasqueño y a invitación de éste, de alguna forma tranquiliza las turbulentas aguas ante su ofrecimiento de amnistía y perdón a los corruptos y el rechazo correspondiente de los priistas.

 Sin duda, las interpretaciones tendenciosas, los mensajes amenazadores, las malas interpretaciones o las acusaciones sin fundamento hacen mella en el país. Si hay pruebas se debe actuar contra quienes hayan infringido la Ley, establece la senadora Claudia Ruiz Massieu en tanto que la titular de SEDATU, Rosario Robles, desdeña la oferta morenista.

  Las consultas anunciadas para este fin de semana han unido a diversos sectores del país: son ilegales y carecen de representatividad. Incluso se pueden fincar responsabilidades para el Gobierno Federal en funciones o el entrante al devastar amplias zonas boscosas para instalar la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, en total violación a la Ley de equilibrio ecológico.

  Las descalificaciones a la Policía Federal y las nuevas responsabilidades al Ejército y la Marina para actuar como policías sin tener vocación para ello, es otro tema que polariza a la población. De la tolerancia se puede pasar a la ruptura, pues el país, parece ser, se ha convertido en tierra de nadie; hay omisión de la autoridad en el cumplimiento de sus funciones y hay abuso de poder de quienes todavía no lo tienen. Un encuentro civilizado entre el presidente saliente y el entrante puede apaciguar al pueblo a punto del estallido social.

TURBULENCIAS

Acotar al federalismo: Barrón Córdova

 Luis Felipe Barrón Córdova, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Conferencia Magistral ‘La importancia de la participación de las legislaturas estatales en el proceso de reforma de la Constitución”, en el Congreso mexiquense, dijo que para modificar el marco constitucional es necesario cambiar el modelo de federalismo actual por uno en el que la soberanía local y estatal pese mucho más que la federal, y afirmó que la democracia mexicana necesita limitar el poder federal y mantener autónomos a los tres Poderes de la Unión y reconoció que en países desarrollados las instituciones democráticas establecen límites a los presidentes con pretensiones de acumular el poder, por lo que calificó como un error  permitir que éste se concentre en el gobierno federal... El rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, Eduardo Bautista Martínez, acompañado del presidente municipal capitalino, José Antonio Hernández Fraguas, inauguró el primer Diplomado en actualización periodística “Ricardo Flores Magón”, en coordinación con la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO). “La UABJO está abierta a la pluralidad de ideas, y en respaldo a la construcción de una ciudadanía crítica fomentamos este tipo de actividades de actualización porque abonan al periodismo que demanda la ciudadanía, sin ningún tipo de restricción a la libertad de expresión", dijo…Ante el cuestionamiento de la senadora Griselda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social sobre la garantía que tiene la inversión realizada en el proyecto del NAIM, ante su eminente cancelación, el titular de CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes indicó que 4 afores invirtieron 13, 500 mdp y  se estableció una cláusula que ante un evento catastrófico, como la cancelación, se iba a activar una cláusula a través de la cual el TUA, el impuesto al uso aeroportuario, serviría como garantía frente a las inversiones que se realizaron…

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