• El dictamen recibió 470 votos a favor y una abstención; se envió al Senado

CDMX. - La Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en materia de límite del gasto del programa anual de comunicación social en las entidades federativas.

Se establece que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social, considerando los principios previstos en el artículo 5 Bis de esa legislación.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, menciona que de subsistir la norma sin modificaciones, las entidades federativas podrían no contar con los recursos suficientes para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre las acciones y programas de sus respectivos gobiernos, originando posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información.

Añade que la iniciativa objeto del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, tiene sustento constitucional en el artículo 134, párrafo octavo, donde se establece que la propaganda gubernamental tendrá un carácter institucional con fines informativos, exenta de promociones políticas y agendas personalizadas.

Se evitan interpretaciones o desajustes

El diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) expresó que con el dictamen se evitan interpretaciones o desajustes en la legislación de comunicación social, dándole claridad y precisión, y se garantiza el derecho de la ciudadanía de estar siempre informada sobre las políticas y los programas de su gobierno, oportunamente y sin distinción alguna.

Dijo que es necesario modificar la norma para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México cumplan cabalmente con la obligación de transparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados. Con la reforma, se faculta a las entidades para establecer su límite de gastos en materia de comunicación social, lo que reivindica y fortalece los principios republicanos sobre los cuales se rige el Estado mexicano.   

Precisó que para la Federación se mantiene el actual límite de 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. “Es una reforma para que las entidades y municipios, atendiendo a su propia realidad, establezcan el límite de gasto para comunicación social, conforme a los principios de austeridad republicana para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos y utilizarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, economía y racionalidad presupuestaria”.

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Pero ha sido conculcada la Ley General de Comunicación Social en vigor

Puebla, Pue.- La Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso de la Unión en abril, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo del año pasado para  entrar en vigor en todo el país en enero de 2019, no ha sido cumplida debidamente ni en el sector oficial ni en todos los medios masivos de comunicación.

En su Artículo 4 inciso VI aclara: Medios de Comunicación ´´Son los que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos. Se entenderán como tales a los medios electrónicos, medios impresos, medios complementarios, medios digitales y medios públicos´´.

En Puebla ha sido conculcada, como aseguran directivos de diversos medios, desde la administración gubernamental anterior, las autoridades sólo atendían, para cubrir actividades oficiales y políticas, a medios electrónicos –radio y tv-; posteriormente mediante boletines informaban a los restantes. Y en la Capital del país ocurre lo mismo, en otras formas.

En una conferencia de Prensa mañanera, narra el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, el periodista Ricardo Rocha se enfrentó a AMLO, señalando que él no es un periodista chayotero y que su nombre que aparecía en una lista filtrada por la Presidencia de la República al Diario Reforma, se difama a su persona.

Después de que se diera a conocer un número de periodistas que recibieron dinero de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyos montos en total ascendieron a más de mil millones de pesos, encontrándose indebidamente en esta lista el conocido periodista de radio y televisión, por eso  Ricardo Rocha refutó a López Obrador dicha inclusión y señaló que siempre sólo había estado a favor de la persona del Presidente y de su movimiento de regeneración nacional.

Todo ello se debió a la forma en que se celebraron contratos gubernamentales para beneficiar a ciertos periodistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto; la lista fue dada a conocer por el Periódico Reforma, señalándose a las siguientes personas: Joaquín López Dóriga, Federico Arriola, Oscar Mario Beteta, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Pablo Hiriart, Jorge Fernández Méndez, Rafael Cardona, Adela Micha y José Cárdenas.

Del listado que se dio a conocer se mencionaron montos y cantidades que recibieron los citados comunicólogos, principalmente a Joaquín López Dóriga que en el sexenio pasado recibió, según se dice, más de doscientos cincuenta millones de pesos.

La entrega indebida de dinero se debió a que no estaban regulados los gastos de publicidad del Gobierno Federal, ni su manejo en forma discrecional y arbitraria por parte de los titulares del Poder Ejecutivo.

En entrevista el Constitucionalistaa Tejeda Ortega resaltó que actualmente ya existe una Ley General para regular los gastos de publicidad del Gobierno Federal, y que conforme a dicha ley y el presupuesto de egresos de la federación, dichos gastos se han reducido en más de un cincuenta por ciento, lo que posiblemente esté dando lugar a un descontento por parte de los principales periódicos de México, así como televisoras y radiodifusoras.

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