A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
Ante las versiones periodísticas editorializadas y comentarios tendenciosos vertidos en redes sociales que abordan el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la renegociación de contratos “leoninos” con empresas transportadoras de gas, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

En algunos medios de información se planteó de manera tendenciosa y no objetiva que la ASF encontró evidencia de que CFE pagaría más de 6 mil millones de dólares por la renegociación de los gasoductos contratados. Sin embargo, la ASF verificó el beneficio a largo plazo que tendrá para la CFE la renegociación de las tarifas aplicables a los 25 años originalmente contratados. En su informe 431-DE destaca que la renegociación “resultó en un ahorro nominal para la CFE, hasta el año 25, de 4,342,490.3 miles de dólares (mdls)”.

La ASF no “desmiente” sino que confirma los ahorros obtenidos por la CFE al renegociar los contratos originales, e informa sobre el costo adicional que evidentemente conlleva la extensión de los contratos que, precisamente son esos más de 6 mil millones de dólares.

Si el hallazgo de la ASF era un pago de más de 6 mil millones de dólares por la renegociación, se estaría en presencia de un probable daño patrimonial con responsabilidad de funcionarios públicos. Sin embargo, la fiscalización efectuada por la ASF al proceso de renegociación de contratos de trasporte de gas natural, llevada a cabo en la auditoría de desempeño número 2019-6-90UJB-07-0431-2020, concluyó sin observaciones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La información periodística falsa y carente de objetividad y rigurosidad difundida, además de no identificar observaciones de la ASF ni posible daño patrimonial, no comunicó con oportunidad que ese costo adicional por 10 años más de servicio, “en términos de valor presente, fue equivalente a 583,008.2 mdls, cifra que representó el 10.9% del pago renegociado en términos de valor presente (descontado con una tasa de 10.0%) por los primeros 25 años de 5,349,330.2 mdls” (Página 109 de Auditoría de Desempeño 2019-6-90UJB-07-0431-2020, Auditoría Superior de la Federación).

Con la extensión del contrato por 10 años adicionales, la CFE hubiera tenido que recontratar estos gasoductos en el año 26, con una tarifa regulada variable en el tiempo y que se proyecta mayor a la obtenida. Con esto, la CFE evitó un pago adicional de más de $2 mil millones de dólares.

En síntesis, como resultado de la extensión en los contratos, la CFE tendrá los siguientes beneficios:

1.    Ahorros en los primeros 25 años de contrato.
a.    Más de 4,300 millones de dólares corrientes.
b.    442,4 millones de dólares en valor presente. Valor equivalente a la inversión de uno de los gasoductos renegociados.
2.    Ahorros por los 10 años adicionales de contrato.
a.    Más de 2 mil millones de dólares corrientes.
b.    100 millones de dólares en valor presente.
3.    Eliminó las tarifas crecientes y contará con tarifas fijas y niveladas en dichos gasoductos.
4.    Eliminó los riesgos financieros (mayor endeudamiento) y presupuestales (mayores subsidios) en los pagos a empresas transportistas por tarifas crecientes.

La nivelación y congelación de tarifas por 25 años y, por otros subsecuentes 10 años, brinda estabilidad en el precio del gas natural, contribuye a cumplir el mandato del presidente de la República de no aumentar las tarifas de energía eléctrica, beneficia a sus centrales de generación eléctrica y a la industria nacional durante 35 años.

De conformidad con su renovado carácter social y con las políticas instrumentadas por el Gobierno Federal, la CFE continuará implementando medidas que beneficien al Estado, y en particular, al pueblo mexicano.

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Respecto a los comentarios expresados en redes sociales y medios de comunicación acerca de las circulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que abordan la instalación de módulos de la Lotería Nacional y la invitación a realizar donaciones voluntarias en favor del Sector Salud, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

En ningún momento la circular 0018, emitida por la Dirección Corporativa de Administración (DCA), exige ni obliga al personal de la CFE a comprar boletos para el sorteo de premios que en conjunto equivalen al valor del Avión Presidencial. Ni la CFE ni sus directivos han girado instrucción alguna, ya sea verbal o escrita en ese sentido, no existen sanciones o castigos por no adquirir boletos, y tampoco se efectuará registro o listado alguno de compradores.

El oficio únicamente informa a los directivos de la CFE sobre la ubicación temporal de módulos de la Lotería Nacional en la entrada de algunas instalaciones de la empresa, esto como parte de la colaboración interinstitucional indispensable para alcanzar los objetivos y metas de cualquier administración. La medida facilita que el personal de la CFE que así lo desee adquiera boletos y colabore en la aportación de recursos para atender las necesidades prioritarias del Sector Salud.

Asimismo, la circular 0017 de la DCA invita a las mexicanas y los mexicanos que laboran en la CFE a solidarizarse y sumar esfuerzos con el Gobierno Federal, a través de donaciones voluntarias, a favor de la mejora del sistema público de salud y de los programas prioritarios orientados a la población de escasos recursos.

Si bien el oficio se acompaña con una sugerencia para niveles jerárquicos de mando en cuanto a la periodicidad y porcentaje del salario que se podría aportar, subrayo que se trata de una invitación, de carácter estrictamente voluntario, conforme a las posibilidades de cada trabajador o trabajadora, sin imposiciones ni obligatoriedad, sin ningún tipo de registro y sin exigencia de comprobante alguno.

En ninguno de los dos casos la CFE recibe ni retiene recurso alguno, quienes voluntariamente decidan sumarse adquirirán sus boletos directamente con la Lotería Nacional y/o aportarán sus donativos directamente a la Tesorería de la Federación. 

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Con gran desfachatez el PRI, en la Cámara de Diputados, exige a la CFE que suspenda cortes del servicio eléctrico en los hogares mexicanos.

Exhibiendo ignorancia (o malicia), no reconoce el acuerdo entre la CFE y la Secretaría de Hacienda que establece que, pese al incremento del consumo eléctrico en los hogares del país, producto del confinamiento, estos permanecerán con el subsidio gubernamental que en condiciones normales, los llevaría a pagar tarifas de alto consumo (DAC). Esfuerzo que representa altos costos a la CFE en beneficio de la población.

El PRI fue el principal promotor de la de la Reforma Energética que llevó a la CFE a su deliberado debilitamiento favoreciendo la incursión de empresas privadas, extranjeras en su mayoría, desplazándola de su principal misión social de llevar electricidad a todos los mexicanos.

Hoy, la cínica exigencia del PRI para que la CFE suspenda cobros y reconecte a deudores que, antes de la pandemia, arrastran adeudos injustificables, obedece a intereses partidistas en tiempos electorales.

Es perverso e insensible exigir a la empresa nacional sacrificios que no puede enfrentar.

Después de años de esta traición, ¿no sería justo exigir a estas empresas beneficiarias que tanto apoyan ustedes, que aporten algo al país que tanto han saqueado, y no a la CFE?

ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

A la opinión pública

En relación con el laudo emitido por un tribunal arbitral respecto al caso Chicoasén II, se informa lo siguiente:


a)  El juicio arbitral fue promovido en contra de CFE en el mes de octubre del 2016. Se trata, pues, de una herencia litigiosa de la pasada Administración, la que decidió encomendar la atención de dicho procedimiento a una firma externa de abogados.

b)  Al 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después.

c)  Al igual que en los demás casos de naturaleza arbitral, la presente Administración vigiló el desarrollo de esa etapa culminante de la controversia.

d)  Cabe decir que el resultado adverso se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona. Lo que evidentemente de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta Empresa Productiva del Estado.

e)  Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.

ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa

Ciudad de México, a 20 de junio de 2020

A la opinión pública

En relación con el comunicado de prensa 41/2020 de Altos Hornos de México emitido el 19 de junio de 2020, donde se expone la cancelación de los contratos de suministro de carbón para las Centrales Termoeléctricas de José López Portillo y Carbón II con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila S.A. de C.V. se hace de conocimiento lo siguiente:

Para la Comisión Federal de Electricidad resulta evidente la existencia de impedimentos jurídicos, tanto de orden constitucional como los relacionados con la normatividad aplicable a CFE, así como impedimentos de tipo físico para seguir recibiendo el carbón estipulado en los contratos, lo que por sí mismo constituyen causas justificadas para la terminación anticipada de estos.

Las disposiciones legales de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias prevén la cancelación de las partidas cuando existan causas justificadas que impidan recibir la totalidad de los servicios o bienes pactados en el contrato, mismas que fueron plenamente consentidas por el proveedor dentro del mismo contrato.

La Central Termoeléctrica Carbón II como la C.T. José López Portillo, participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De acuerdo con las reglas de dicho mercado los criterios de despacho toman como único criterio el costo variable de producción, donde el combustible representa en promedio el 80% de estos costos.

Los contratos firmados con CICSA consideraron una duración de 3 años (2019- 2021), en los que se estipuló que la CFE compraría la cantidad total de 14.7 millones de toneladas. Sin embargo, el cálculo de las cantidades de carbón pactadas no consideró los pronósticos del despacho que tienen ambas centrales carboeléctricas (C.T. Carbón II y C.T. José López Portillo), que debido a las reglas del mercado ha sido muy bajo.

Lo anterior ha provocado un sobreinventario de carbón que ha implicado que la CFE incurra en sobrecostos de almacenamiento por carbón no utilizado, así como gastos para mitigar el riesgo que se tiene por almacenar material que por su naturaleza sufre autocombustión.

El precio pagado por tonelada para un carbón con características de un poder calorífico de 4,500 kcal/kg no corresponde al del precio contractual actual. Si se considera como referencia los precios internacionales del carbón, se observa que el precio por tonelada que la CFE paga a CICSA corresponde a un carbón de importación con la mejor calidad del mundo (6,000 kcal/kg). Sin embargo, el carbón que recibe la CFE tiene una calidad inferior y un poder calorífico de 4,500 kcal/kg. Asimismo, la tendencia en los precios del mercado internacional del carbón es de caída promedio del 44% en lo que va del 2020, mientras que el carbón de CICSA es cada mes más costoso para la CFE.

El costo de producción por Megawatt-hora, en la zona en la que se encuentra la carboeléctrica, ronda los $875 pesos en promedio. Por lo que, el precio al que se adjudicó la tonelada de carbón, $1,129.89 MXN, representa un sobrecosto y a la vez limita las posibilidades de competir en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La CFE se encuentra impedida para continuar adquiriendo el carbón restante de este contrato, puesto que la compra de éste implica el pago de un sobreprecio en relación con el mercado internacional actual, además de la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho en el MEM. De continuarse con la ejecución del contrato, se ocasionaría a la CFE severos daños y perjuicios económicos.

La CFE y sus funcionarios públicos tienen en todo tiempo la obligación de garantizar las mejores condiciones para el Estado, en total apego a los principios establecidos en el primer y tercer párrafos del artículo 134 constitucional, por ello la imperiosa necesidad de concluir, de manera anticipada, las obligaciones contractuales.


ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa

Ciudad de México, a 20 de junio de 2020

A la opinión pública

En relación con el comunicado de prensa 41/2020 de Altos Hornos de México emitido el 19 de junio de 2020, donde se expone la cancelación de los contratos de suministro de carbón para las Centrales Termoeléctricas de José López Portillo y Carbón II con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila S.A. de C.V. se hace de conocimiento lo siguiente:

Para la Comisión Federal de Electricidad resulta evidente la existencia de impedimentos jurídicos, tanto de orden constitucional como los relacionados con la normatividad aplicable a CFE, así como impedimentos de tipo físico para seguir recibiendo el carbón estipulado en los contratos, lo que por sí mismo constituyen causas justificadas para la terminación anticipada de estos.

Las disposiciones legales de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias prevén la cancelación de las partidas cuando existan causas justificadas que impidan recibir la totalidad de los servicios o bienes pactados en el contrato, mismas que fueron plenamente consentidas por el proveedor dentro del mismo contrato.

La Central Termoeléctrica Carbón II como la C.T. José López Portillo, participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De acuerdo con las reglas de dicho mercado los criterios de despacho toman como único criterio el costo variable de producción, donde el combustible representa en promedio el 80% de estos costos.

Los contratos firmados con CICSA consideraron una duración de 3 años (2019- 2021), en los que se estipuló que la CFE compraría la cantidad total de 14.7 millones de toneladas. Sin embargo, el cálculo de las cantidades de carbón pactadas no consideró los pronósticos del despacho que tienen ambas centrales carboeléctricas (C.T. Carbón II y C.T. José López Portillo), que debido a las reglas del mercado ha sido muy bajo.

Lo anterior ha provocado un sobreinventario de carbón que ha implicado que la CFE incurra en sobrecostos de almacenamiento por carbón no utilizado, así como gastos para mitigar el riesgo que se tiene por almacenar material que por su naturaleza sufre autocombustión.

El precio pagado por tonelada para un carbón con características de un poder calorífico de 4,500 kcal/kg no corresponde al del precio contractual actual. Si se considera como referencia los precios internacionales del carbón, se observa que el precio por tonelada que la CFE paga a CICSA corresponde a un carbón de importación con la mejor calidad del mundo (6,000 kcal/kg). Sin embargo, el carbón que recibe la CFE tiene una calidad inferior y un poder calorífico de 4,500 kcal/kg. Asimismo, la tendencia en los precios del mercado internacional del carbón es de caída promedio del 44% en lo que va del 2020, mientras que el carbón de CICSA es cada mes más costoso para la CFE.

El costo de producción por Megawatt-hora, en la zona en la que se encuentra la carboeléctrica, ronda los $875 pesos en promedio. Por lo que, el precio al que se adjudicó la tonelada de carbón, $1,129.89 MXN, representa un sobrecosto y a la vez limita las posibilidades de competir en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La CFE se encuentra impedida para continuar adquiriendo el carbón restante de este contrato, puesto que la compra de éste implica el pago de un sobreprecio en relación con el mercado internacional actual, además de la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho en el MEM. De continuarse con la ejecución del contrato, se ocasionaría a la CFE severos daños y perjuicios económicos.

La CFE y sus funcionarios públicos tienen en todo tiempo la obligación de garantizar las mejores condiciones para el Estado, en total apego a los principios establecidos en el primer y tercer párrafos del artículo 134 constitucional, por ello la imperiosa necesidad de concluir, de manera anticipada, las obligaciones contractuales.


ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa

• En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la CFE realizó una mesa de análisis para informar sobre tarifas eléctricas, autoabasto y el acuerdo de confiablidad para el Sistema Eléctrico Nacional

El mercado negro de energía eléctrica cuesta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alrededor de 7,600 millones de pesos anuales; mientras que los apoyos a las familias mexicanas durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 ascendió a 3 mil 799 mdp al mes de mayo.

Así lo dieron a conocer directivos de la CFE durante una mesa de análisis para combatir la desinformación generada por actores políticos, y replicada en algunos medios de comunicación, sobre las tarifas eléctricas, el autoabasto de electricidad y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Mario Morales Vielmas, Director General Intermediación de Contratos Legados, explicó que previo a la Reforma Energética existía la figura de autoabastecedor, la cual permitía a las grandes industrias generar su propia electricidad. Sin embargo, el espíritu del autoabasto se deformó y hoy existen sociedades simuladas, con hasta 10 mil socios, para comprar y vender energía fuera del Mercado Eléctrico Nacional.

Señaló que, aunque hay un cumplimiento aparente de la normatividad, se trata de una simulación que costó a la CFE 7,820 mdp en 2018, 7,000 mdp en 2019 y se calcula que alcanzará los 8,000 mdp en 2020. Explicó que esta pérdida es cubierta por CFE Suministrador de Servicios Básicos y, en cumplimiento de la regulación vigente, es reconocida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien la traslada al pago de los usuarios finales.

Morales Vielmas afirmó que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, es la garantía del estado para que todos los hogares, comercios e industrias en México cuenten con un suministro de electricidad ininterrumpido y de calidad. Aclaró que el acuerdo no busca hacer a un lado a los generadores privados, ni se opone a la generación de energía limpia, sino que es una medida temporal que obedece a la reducción en el consumo y la demanda de electricidad en el país.

Precisó que debido al otorgamiento indiscriminado de permisos de generación de electricidad, actualmente existe una sobrecapacidad de generación eléctrica de 81,500 Megawatts (MW), cuando la demanda promedio es de 35,000 MW y la máxima apenas alcanza los 49,000 MW. Sumado a ello, estas centrales se encuentran concentradas en regiones específicas, lo que genera un congestionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

El directivo enfatizó que se señala a la CFE como un ente que pretende controlar, sin embargo, solo busca participar en el Mercado Eléctrico de manera equitativa, para que sea beneficiado el cliente final con un mejor precio de la energía eléctrica y una mayor confiabilidad del abasto.

Por su parte José Martín Mendoza Hernández, Director de CFE Suministrador de Servicios Básicos, dijo que las familias mexicanas dejaron de pagar 3 mil 799 mdp en los meses de abril y mayo, como parte del acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para apoyar la economía familiar durante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Explicó que ante el aumento del consumo de electricidad en los hogares, el acuerdo evita que se reclasifiquen las tarifas como De Alto Consumo (DAC), lo que ocasionaría que los clientes pagaran el precio real de la energía, es decir cuatro pesos por Megawatt hora (MWh), en vez del costo subsidiado de hasta 80 centavos por MWh. En abril fueron beneficiados un millón 200 mil clientes, mientras que en mayo se beneficiaron a más de dos millones de clientes.

Sobre las versiones periodísticas que aseguran la existencia de incrementos desproporcionados en la facturación de electricidad, Mendoza Hernández dijo que, por alto consumo, al cierre de mayo se han registrado 80 mil quejas menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Como ejemplo señaló que, a pesar de lo reportado en medios, en el mes de mayo en el estado de Puebla se reportaron solo 42 quejas por alto consumo, de un total de 2 millones de clientes.

Puntualizó que es imposible que la CFE deje de realizar el cobro justo correspondiente al consumo de los usuarios, ya que debe cumplir sus obligaciones de pago con los proveedores de combustibles y con los productores privados de energía. Recordó que debido a la visión social de la CFE sus costos no incluyen un margen de ganancia, contrario a lo que sucedería con una empresa privada que agregaría un margen de ganancia.

Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa, enfatizó que la información presentada en la mesa de análisis demuestra que es falsa la imagen de insensibilidad que algunos actores políticos, empresariales y líderes de opinión quieren proyectar en la CFE. Dijo que gracias a la política energética impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los usuarios finales no tienen que pagar el precio real de la electricidad, sin embargo, es un tema que se usa debido a intereses económicos y electorales.

A la opinión pública:

Frente a los señalamientos realizados en diversos medios de comunicación sobre la gestión de cobranza que realiza la Comisión Federal de Electricidad ante el gobierno municipal de Nezahualcóyotl, la CFE informa:

A diferencia de lo que se menciona en las versiones periodísticas, el adeudo no corresponde solamente a las fechas en las que se presentó la pandemia de COVID- 19, sino que el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl (ODAPAS) y el municipio de Nezahualcóyotl mantienen un adeudo con la CFE desde agosto de 2019.

A partir de septiembre de 2019, se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con las autoridades municipales para atender el rezago en el pago. Las reuniones encabezadas por José Augusto García Ramírez de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Nezahualcóyotl, y por Sergio Benito Osorio Romero, Director de Desarrollo Económico del municipio, continuaron cada mes en las instalaciones del
H. Ayuntamiento.

El gobierno municipal de Nezahualcóyotl se negó a realizar el pago bajo el argumento de que no contaba con el presupuesto y liquidez financiera para cubrir el consumo de energía eléctrica. El gobierno municipal mantuvo esa postura en las reuniones del 26 de febrero y 23 de marzo del presente año. Osorio Romero hizo referencia a que, derivado del impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se encuentran imposibilitados a realizar algún pago del adeudo.

En los meses subsecuentes la comunicación con los representantes del gobierno municipal de Nezahualcóyotl se realizó vía telefónica sin respuesta positiva de pago. A la fecha, el monto acumulado sin pagar asciende a más de 95 millones de pesos.

Cabe señalar que todas y cada una de las gestiones realizadas con las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl se han realizado de manera formal y en concordancia con los procedimientos y lineamientos para la suspensión de servicios que afectan a la comunidad, para cuidar y preservar la integridad tanto de los trabajadores de la CFE, como de la ciudadanía en general.

La CFE continuará cumpliendo el mandato de garantizar el suministro de energía eléctrica en beneficio de México. De la misma manera, continuará con las gestiones necesarias para recuperar el pago justo que corresponda al consumo de electricidad. Apelamos a la responsabilidad de las autoridades municipales y las exhortamos a cubrir el pago de la energía eléctrica que consumen, así como reiteramos nuestro compromiso de mantener el diálogo con la finalidad de que ningun servicio fundamental para la ciudadanía se vea afectado.

Atentamente

Luis Bravo Navarro
Coordinación de Comunicación Corporativa

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2020

A LA OPINIÓN PÚBLICA

El 29 de abril fue difundido el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

En contra de dicho Acuerdo han sido promovidos distintos juicios de amparo, en los que algunos Juzgados de Distrito han otorgado la suspensión provisional solicitada por las empresas quejosas, para el efecto de que no se les aplique tal determinación administrativa.

Los argumentos utilizados por los Jueces Federales a fin de justificar la concesión de la suspensión son notoriamente improcedentes a la luz de las reglas establecidas en la Ley de Amparo, como se expone a continuación:

En las resoluciones judiciales se aduce que procede otorgar la suspensión en virtud de que el Acuerdo conlleva la posible violación del derecho a la libre concurrencia y a la libre competencia, del derecho humano a la salud, del derecho humano al medio ambiente sano y del principio de la confianza legítima.

Tales razones no debieron ser utilizadas para justificar la suspensión porque están directamente relacionadas con las cuestiones sustantivas sometidas a la consideración del Poder Judicial de la Federación, por lo que sólo pueden hacerse valer dentro de la sentencia definitiva que ponga fin a la controversia. Al proceder en esa forma, rotundamente equívoca, de hecho, los Jueces ya se están pronunciando sobre el fondo del amparo, sin que previamente se hubiesen desahogado las etapas constitutivas del juicio constitucional de garantías.

Por otra parte, en las resoluciones no se hizo la ponderación del interés privado de las quejosas en que no se les aplicara el Acuerdo contra el interés general que reviste el hecho de que la electricidad es un servicio público necesario y por ello el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el CENACE, debe cumplir con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad. Es por ello que el Estado debe garantizar el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de calidad y confiable a toda la población, lo que no se logra con las intermitencias en el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional que ocasionan las pruebas preoperativas de los proyectos materia de las demandas de amparo.

En otras palabras, al conceder la suspensión, los Juzgadores antepusieron el interés individual sobre el interés general de la población, concretado en el derecho humano a la vida digna, del que forma parte indubitable el acceso a la electricidad. Asimismo, soslayaron la circunstancia de que el Acuerdo tiene como propósito fundamental el aseguramiento de la salud y la vida de las personas mediante el funcionamiento ininterrumpido del servicio de electricidad en clínicas y hospitales COVID19.

En virtud de esas graves y delicadas irregularidades jurídicas, el CENACE interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno.


Atentamente

Luis Bravo Navarro
Coordinación de Comunicación Corporativa