Columna | Desde el portal

 Si el Poder Judicial tuviera autoridad moral, la sociedad en este momento estaría de su lado en la lucha por la independencia de poderes y en contra de la imposición del Poder  Ejecutivo, pero carece de ella al solapar el abuso de poder al gozar de extraordinarios privilegios sobre una mayoría desempleada y sin ingresos, víctima de la desigualdad social, de la prepotencia y de la arrogancia oficial.

 No hay ética en los impartidores de justicia y por eso, con justa razón, el Jefe del Poder Ejecutivo Federal les pide retirar el retrato de don Benito Juárez que preside el pleno de la SCJN y les dice a los magistrados que, en lugar de ser ejemplo de austeridad y honestidad, dan el mal ejemplo por el dispendio y el lujo que les permite el percibir salarios de más de 600 mil mensuales cuando en las zonas rurales se carece de lo indispensable.

 El Poder Judicial sería, si funcionara la división de poderes, el contrapeso ideal para el equilibrio en la toma de decisiones, cuando se han tomado decisiones equivocadas, pero no lo es porque carece de autoridad moral. El Poder Legislativo, que apoya incondicionalmente al Ejecutivo, cumple su función y seguramente dominará al Judicial corroído por  la corrupción y la deshonestidad de sus integrantes.

 La sociedad está en contra de los excesos del Poder Judicial y seguramente sus integrantes serán echados o se irán luego del linchamiento público para dar paso a nuevos magistrados que se asuman con mayor honestidad en sus cargos. Es momento de honestidad y ´ética en los servidores públicos, de abrir las puertas de las dependencias públicos y de que los servidores públicos lo sean en verdad, de servir y no de servirse de la administración pública.

TURBULENCIAS

Puebla: amenazas y presiones

 El derrotado candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, y el magistrado José Luis Vargas Valdez, denunciaron presiones, amenazas y sobornos para favorecer a Martha Erika Alonso, con la resolución del TEPJF, como triunfadora de los comicios del pasado 1 de julio y asumir la gubernatura el próximo 15 de diciembre. La sentencia convalida un fraude, nos duele, pero no nos debilita; fortalece nuestras convicciones, dijo Barbosa. El voto de la magistrada presidenta Janine Otálora fue definitivo para el desempate y ratificar el triunfo de la panista… En San Dionisio del Mar, Juchitán, la noche del sábado, armados con palos, piedras y machetes, integrantes de la Asamblea de Pueblos sustrajeron y quemaron la paquetería electoral en la comunidad denominada Huamúchil. Este domingo ocurrieron hechos similares, incluyendo la retención ilegal de un funcionario electoral, los cuales obligaron a determinar la cancelación de la jornada electoral extraordinaria, informó el CDE del PRI de Oaxaca… Gracias a la autonomía, la UAEM puede realizar con libertad su tarea y misión, es decir, la generación de conocimiento para contribuir a formas más dignas de existencia y convivencia humana dijo el rector Alfredo Barrera Baca, durante la reunión anual de la Fraternidad Institutense, cuyos integrantes vivieron la transformación del Instituto Científico y Literario Autónomo en Universidad Autónoma del Estado de México, pues además de ser una figura jurídica, la autonomía es la capacidad de los universitarios para fijar sus propias normas y regular de forma racional la inteligencia y la voluntad.. José Luis González Aguilera, coordinador del Congreso Agrario Permanente, así como los integrantes del CAP y el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Eraclio Rodríguez Gómez analizarán hoy el Presupuesto que se requiere para reactivar la agricultura nacional a fin de hacer la propuesta respectiva…

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Columna | Espacio Político

Hermelinda Macoto Chapuli, abogada y priísta y presidenta municipal de Coronango, rindió su último informe de gobierno, 2014 - 2018 con notorios avances para los coronanguenses, elevando su bienestar y prosperidad de sus 3 juntas auxiliares y 20 comunidades, saldo las finanzas de la administración anterior del adeudo de 65 MDP e incremento los recursos en un 700 por ciento.

Su gestión de trabajo fue coordinado con los niveles de gobierno y representantes populares a favor de la población, el próximo día 15 de octubre hará la entrega de su administración al presidente electo de Morena, Antonio Teutli,  sin deuda y con recursos propios a favor, la entrega será transmitida en vivo a través de redes sociales.
Mely Macoto, deja un libro editado por las autoridades municipales, Coronango a través del tiempo su historia, en sus acciones la construcción del palacio municipal, ampliación en diversas áreas, la construcción del boulevard México - Puebla camino real a Coronango, desarrollo urbano, aumento de elementos de seguridad, dignificación y ampliación en drenajes, parques y jardines, red de agua, escuelas, iglesias, pavimentación y servicios públicos.

CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE

Concluyó el recuento de votos de la elección para la gubernatura en Puebla, pero se mantiene en la entidad la incertidumbre, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no dio a conocer los resultados esperados, sino cedió este derecho al Tribunal Electoral del Estado con un plazo para hacerlo, que concluirá el día 10 de este mes, aunque el pasado  lunes el propio TEPJF entregó al TEE toda la documentación del recuento de votos emitidos el uno de julio. 

No obstante, grupos y algunos directivos blanquiazules se han adelantado a proclamar que este recuento de votos ´´confirma´´ el triunfo de su candidata, reconfirmando la ventaja sobre el candidato propuesto por el Partido Movimiento de Renovación Nacional –MORENA-. En cambio en otros círculos políticos se rumora que esta determinación del TEPJF puede presagiar la anulación de la pasada elección y las consecuencias que se derivarían de la misma.

Ahora la comunidad poblana espera, en definitiva, el fallo que emitan, a más tardar el día 10, los magistrados del TEE, quienes ya están siendo convocados anticipadamente para que comparezcan en el Congreso local, y aclaren por qué ocultaron las irregularidades registradas en los comicios del pasado uno de julio, mismas que fueron denunciadas oportunamente por diversos organismos sociales y que fueron halladas, con  el escrutinio,  en la mayor parte de los 7 mil 486 paquetes electorales.
 
LUCHA POR REFORMA A LEY
 
Tanto en el Congreso de La Unión como en el Congreso del Estado se propone nueva normativa y se realizan esfuerzos similares para reformar la Ley de Aguas Nacionales, que  prohíba la privatización del servicio hídrico que en Puebla se implantó, sin consulta previa a los usuarios, desde hace cuatro años.

La bancada de Morena propone lo descrito apoyada por las fracciones del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social.  Y en el Congreso local, el líder de la fracción parlamentaria de Morena, Gabriel  Biestro Medinilla, expuso que se lucha por sustituir la Ley de Aguas del Estado, que da a los usuarios servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la capital poblana, y desde 2014 cedió este derecho al SOAPAP que con el membrete de Concesiones Integrales o Agua de Puebla encareció el cobro a los usuarios.

Biestro asegura que al sustituir la citada ley se evitará el lucro que realiza actualmente Concesiones Integrales o Agua de Puebla, y que viola el Artículo 4º de la Constitución del país que ordena ´´toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible´´. 

DIPUTADOS ACUDIRÁN A LA SCJN
 
 Congresistas locales morenistas anuncian que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- para promover una acción de inconstitucionalidad, a fin de impedir que permanezca, en ese cargo, el recién designado titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Beltrán.

Dicho anuncio lo hizo José Juan Espinosa Torres, presidente de la mesa directiva del Congreso poblano, después de que el titular del Poder Ejecutivo Estatal manifestara que  veta la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía para abrogar la ´´Ley Bala´´.

Considera José Juan que para desconocer la designación de Gilberto Higuera, recurrirán a los ministros de la Suprema Corte, exponiendo además ante éstos, que la determinación del Ejecutivo estatal significa un atentado contra la soberanía del Poder Legislativo local.

Posterior a recibir observaciones respecto a la Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la abrogación a la Ley Bala de parte del titular del Ejecutivo Tony Gali Fayad, el Presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado diputado José Juan Espinosa Torres, integrante del Partido del Trabajo y coordinador de la bancada de ese partido en conferencia de prensa  dijo que por su parte recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la finalidad que se pueda  echar abajo la reforma que se había aprobado hace una semana para que se eche abajo la Ley Orgánica  de la Fiscalía del estado a fin de que no se tenga un fiscal carnal dijo.

Agrego el diputado que por su parte promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN con el objetivo de librar el veto que aplico el Gobernador, ya que aun cuando ejerció su facultad, porque la tiene y puede hacerlo para detener la reforma aprobada por los diputados que conforman la mayoría en el Congreso. 

Espinosa Torres, dijo que con el objetivo de echar para atrás la designación de Gilberto Higuera como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado recurrirán como lo señala a la SCJN,    así mismo estarán buscando también el respaldo de los priistas y ellos (Juntos Haremos Historia) que como mayoría simple son 22 diputados será suficiente para interponer el recurso.

Asimismo, Espinosa Torres refirió que para la formulación de la ley que sustituya a la Ley Bala se hará una convocatoria a organizaciones, a fin de que participen en foros para la integración del decreto y así poder formular e integrar este decreto.

Columna | SIN LÍMITES

*¿También estará la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien en  la SCJN cambió su voto a favor de Marín?

Cuando todo indicaba que el asunto Marín-Kamel-Cacho, ya sería parte de la historia y del anecdotario poblano, vuelve a surgir el tema con fuerza. Y lo que falta aún.

De acuerdo a la revista Vanity Fair, reproducido por distintos medios estatales y nacionales, la escritora y periodista Lydia Cacho afirma que los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón producirán una película basada en su libro Los Demonios del Edén.

En el citado libro, publicado en el 2005, Cacho denuncia una red de pornografía infantil, protegida supuestamente por políticos y empresarios de los estados de Quintana Roo y Puebla.

Dijo Cacho: “Es un hecho que los productores son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Tenemos como nueve tratamientos de guión. Ya tenemos una directora que es Patricia Riggen, ya está el casting y estamos ahorita en la decisión de quién va a hacer el papel de Lydia”.

Muchos recuerdan el escándalo nacional en los años 2005, 2006 y 2007. La pregunta es si la película abordará el tema del libro, que se centra en la explotación sexual infantil en Quintana Roo o si abordará de manera predominante el asunto de la detención de Cacho y su traslado a Puebla.

Obviamente en estos tiempos de las promesas de cambio y lucha frontal contra la corrupción a cargo del próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, es lógico que la cinta y el caso Marín-Kamel-Cacho sean el eje central.

El morbo, definido por el Diccionario de la Real Academia Española, como el interés malsano por personas o cosas, así como la atracción hacia acontecimientos desagradables, invade ya a los poblanos. Todos quieren saber cuáles serán los principales personajes de la película en cuestión, cómo los representarán y qué actores les darán vida. La lista es larga.

LOS PRINCIPALES ACTORES POBLANOS

-En primerísimo lugar aparece Mario Marín Torres (MMT), entonces gobernador del estado.

-Kamel Nacif Borge, el empresario “rey de la mezclilla” quien pidió el castigo para Cacho, además de sus famosas frases “las botellas de coñac” y “mi góber precioso”.

-Rosa Celia Pérez González, Juez Quinto Penal, quien giró la orden de aprehensión en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

-Valentín Meneses, director de Comunicación Social, quien amaneció impactado por la nota publicada en La Jornada.

-Lucero Saldaña, dos veces Senadora de la República y próxima diputada federal, quien fue la defensora física de Cacho al llegar a la cárcel.

-Ricardo Velázquez Cruz, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado y principal defensor de MMT ante la SCJN.

-Adolfo Karam Beltrán, entonces Jefe de la Policía Judicial del Estado, quien en 2006 fue sustituido por Hugo Isaac Arzola Muñoz.

-El Comandante José Montaño Quiroz, encargado del traslado terrestre de Lydia Cacho.

-Javier López Zavala y Mario Montero Serrano, quienes fueron Secretarios de Gobernación.

-La señora Margarita García de Marín, esposa del gobernador y su famosa frase “¿Hasta cuándo acabará esta pesadilla?”.

-Roberto Madrazo, quien como dirigente del PRI impulsó a MMT como candidato al gobierno del estado y después como candidato presidencial del PRI se deslindó del poblano.

-La Procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda, conocida como la “Procuradora de Hierro”.

-Guillermo Pacheco Pulido, Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

-Los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acérrimos defensores de Marín: El Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia; Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela Huitrón; el furibundo persecutor marinista Juan Silva Meza, apoyado por Genaro Góngora Pimental, Margarita Luna Meza y Olga Sánchez Cordero. Estas dos últimas apoyaban a Silva Meza, pero cambiaron a última hora su dictamen y absolvieron a MMT.

Ahora a Olga Sánchez Cordero la presentan como la futura Secretaria de Gobernación federal en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y como una persona impoluta. ¿Será cierto?

Sin duda, desde ahora, hasta el estreno de la película, habrá sin duda todo tipo de informaciones y especulaciones, que revivirán para bien o para mal, el asunto del caso Marín-Kamel-Cacho.

En fin, como escribió Rafael Arvelo (Venezuela, 1812-1877) su poema La Injusticia:

¿Quién no se indigna viendo en nuestros días
un juez ensimismado y caprichoso,
que aliado con el malo poderoso
ceba en el desvalido su crueldad?

¿No causa horror que solamente
brilla en sus labios hiénica sonrisa,
cuando ve que un verdugo descuartiza
los pobres delincuentes sin piedad?

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Se cumple así ejecutoria de sentencia de amparo que SCJN concedió a particulares

Puebla, Pue.- El  Senado de la República, la madrugada de este jueves aprobó en definitiva la Ley General de Comunicación Social, en cumplimiento a una ejecutoria  de sentencia de amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a particulares para que se legislara sobre los gastos gubernamentales.

Esta aprobación fue ´´al vapor´´,  porque estaba por vencerse, el próximo día 30, el plazo de 90 días que dio la SCJN al Congreso de la Unión, informó el constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Expuso que dentro de las características de esta Ley de Comunicación Social están la creación de un padrón de medios impresos, orales y audiovisuales, que va a estar controlado y supervisado por la Secretaría de Gobernación federal.
En base a este padrón de comunicadores se otorgarán contratos de licitación para que las empresas periodísticas puedan participar de la publicidad que generan las tres órdenes de gobierno, federales, locales y municipal, con sus respectivos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como el gobierno de la Ciudad de México.

En la misma ley se determinan los porcentajes con que pueden participar las entidades en los gastos de publicidad: al Poder Ejecutivo hasta un  30%, el Legislativo un 15%, el Judicial un 10%; organismos autónomos un 20 %, y entidades de la República y municipios un 30%.

Senadores del PAN, PT y PRD se opusieron  porque adujeron que se aprueba esta ley al vapor,  sólo para cumplir con la ejecutoria de amparo.

Además, que tiene muchos vicios y defectos, entre ellos que tanto el control de los gastos de publicidad de los gobiernos como el padrón, van a estar supeditados a la Secretaría federal de Gobernación.

Añaden, dijo Tejeda Ortega, que los tiempos oficiales que tienen los gobiernos para dar a conocer avances de su administración, son independientes y no están incluidos en esta ley.

Los mismos senadores de la oposición que en el gobierno de Peña Nieto se han gastado en publicidad 30 mil millones de pesos; y que en el gobierno de Felipe Calderón se gastaron, también en publicidad, hasta 100 mil millones de pesos. Por lo que era necesario una regulación.

Esta Ley General de Medios de Comunicación que el Senado entregó hoy al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación entrará de inmediato en vigor.

El boletín emitido por el Senado dice ´´los senadores aprobaron en lo general, así como los artículos no reservados, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez´´.

Que así ´´dan cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión expida una legislación, antes del 30 de abril, que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social´´.

Columna | Desde el portal

 Un cambio de régimen político plantea el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, en el que el secretario de Gobernación –jefe de Gabinete-, como los secretarios de Estado, sean ratificados por el Congreso y pertenezcan a partidos distintos para dar pluralidad y establecer un sistema de contrapesos y terminar con el sistema presidencialista en donde todo se concentra en Los Pinos.

 La propuesta de un gobierno de coalición será llevada a todo el país por el ahora ex jefe de Gobierno de la CDM, Miguel Ángel Mancera, y constituye una forma novedosa y, quizá, eficaz para sustituir al actual sistema caduco y decadente. La impunidad, corrupción e inseguridad pública que se vive en territorio nacional, es resultado de la excesiva concentración de poder político.

 Hasta ahora no se ha encontrado un mecanismo eficaz para combatir esos flagelos. Los sucesivos gobiernos del PRI-PAN, sólo han alcanzado a cambiar de nombre y de logotipos a las corporaciones policiacas y de seguridad nacional, pero nada cambia: todo sigue igual. Las policías, se sabe, son las que controlan la mayor parte de las actividades ilícitas en el país.

 Un sistema de contrapesos, de funcionarios de partidos políticos diferentes, de corrientes sociales y de organizaciones de la sociedad civil, podría cambiar las cosas, siempre y cuando éstos mantengan autonomía y poder político suficiente para un efectivo balanceo de poder, de lo contrario, continuarán los mismos vicios.

TURBULENCIAS

Impugnan Ley de Comunicación

 La Ley de Comunicación Social aprobada por la Comisión de Gobernación que preside la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aprobada a toda prisa ante el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado panista, Juan Pablo Piña Kurczyn, consideró que “el dictamen es una simulación para cumplir con la SCJN. Es un documento que delega todas las facultades sobre la regulación de publicidad oficial a la Segob. La ley no tiene sanción alguna; es una norma que podría no aplicarse y no pasaría absolutamente nada”. Agregó que tampoco precisa un tope de gasto para el gobierno federal y estatales en la contratación de publicidad. Manifestó que aprobar el dictamen como está puede generar censura a medios de comunicación, pues “dejarle a la Segob el control del padrón de los medios, es darle la decisión para otorgar, o no, dinero público para el pago de publicidad”…Al respecto, el diputado Macedonio Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) fijó su postura en contra del dictamen, pues lo calificó de inviable jurídicamente, debido a la “aterradora” atribución que se otorga a la Segob para manejar la comunicación social. Consideró que las atribuciones deben remitirse a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Señaló que el documento tampoco contempla sanciones, cuando es un asunto que debe tener castigos contundentes y claros para quien viole la ley y afecte el manejo de la difusión oficial. Otro punto importante, dijo, es que no aborda el tema de la veracidad en la publicidad gubernamental, contraria a las noticias falsas o simuladas que suelen lanzarse al aire en los medios nacionales; Rafael Hernández Soriano, del PRD, indicó que el dictamen es deficiente en lo general y se debe revisar de fondo.Es una calca de la propuesta del PRI que, a su vez, es una copia de los lineamientos de la Segob… Norma Xochitl Hernández Colín, diputada de Morena, expresó su preocupación porque no se tomaron en cuenta propuestas de organizaciones como Artículo 19 o de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos…

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Inconstitucional Artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales

Puebla, Pue.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar inconstitucional el Artículo  242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, autorizó  la liberación de cuentas bancarias en Puebla y en el país, aseguradas por estar sus titulares en investigación de carácter penal.

Ocho de los once ministros de la Corte estuvieron de acuerdo, en sesión celebrada el pasado fin  de semana, en autorizar a Ministerios Públicos , a fiscales generales o especiales, a descongelar cuentas bancarias u operaciones financieras, sin necesidad de la autorización de un juez, informó, al ser entrevistado, el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Aclaró que esta aprobación fue unánime de ocho ministros, tras declarar inconstitucional  el Artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales que obligaba a autoridades judiciales  a congelar cuentas bancarias cuando los titulares de éstas eran investigados por algún delito penal.

Se aseguraban las cuentas u operaciones financieras para reparar daños que fueran causados por los titulares de las mismas.

Tejeda Ortega añadió que ahora tanto ministerios públicos, como fiscales generales o especiales,  podrán descongelar cuentas retenidas en bancos, sin autorización previa de un juez, como lo  ordenaba anteriormente el citado código.

Reserva Atlixcayotl las cometió  entre los años 2002 al 2005

Puebla, Pue.-  El Pleno de la Corte se Justicia sde la Nación, en sesión celebrada el pasado día 5,  al analizar un incidente de incumplimiento de una ejecutoria de amparo, dio a conocer diversas violaciones que cometió el entonces Gobierno del Estado de Puebla (2002-2005), a un particular, a través del Fideicomiso Público Reserva Territorial Atlixcayotl, al privársele de la posesión legítima que tenía de un predio de cerca de 200.00 M2 y la demolición de sus construcciones destinadas a casa habitación, además de que dicho predio fue vendido a otro particular ,  donde ya se construyeron diversas edificaciones.

El ministro Javier Laynez Potizek, quien fue ponente de la resolución del incidente comentado, señaló como antecedentes del caso: Que una particular en el año dos mil dos, fue privada de la posesión legítima que ostentaba de un predio ubicado en la reserva territorial Atlixcayotl; que el Gobierno del Estado de Puebla, a través de su fideicomiso público,  la denunció a dicha particular por el delito de despojo e inclusive se siguió un proceso penal en su contra.

La particular demandada se defendió ante una segunda instancia -Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla-, en donde se le absolvió del delito que se le imputaba, y se ordenó al Juez Séptimo de lo Penal de la Ciudad de Puebla, la devolución del predio a dicha particular, describió en entrevista el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega.

Como dicho juez penal se negó a la devolución del predio, la agraviada interpuso un juicio de amparo, la cual obtuvo sentencia favorable y fue a través de este procedimiento constitucional que se ordenó al Gobierno del Estado de Puebla, a través de su fideicomiso, que devolviera el predio en cuestión.

Tejeda Ortega agregó que en virtud de que el fideicomiso dio razones de que era imposible la devolución del predio, ya que éste se encontraba enclavado dentro de un fraccionamiento cerrado y que las construcciones de dicho predio fueron demolidas.

Todas estas violaciones fueron dadas a conocer también por la ministra Margarita  Luna  Ramos, quien manifestó las injusticias que se habían cometido en contra de dicha particular,  y reconoció que si era procedente que se le devolviera el predio en cuestión.

Comentó el constitucionalista  que, a través de un debate entre los ministros se llegó a la conclusión:  que lo procedente era la reparación del daño causado a la particular y la indemnización por el valor del predio y sus construcciones.

Todas estas violaciones que se dieron a conocer, podrían haberse cometido en contra de otros particulares; también que el fideicomiso público Reserva Territorial Atlixcayotl fue constituido legalmente en la administración del entonces Gobernador Manuel Bartlett Díaz.

Fija criterios para posible ejecución de la Ley de Seguridad Interior

Puebla, Pue,- El Fuero de Guerra, decretado en el Artículo 13 de la Carta Magna mexicana, no es privilegio  para militares que sean juzgados por algún delito de orden castrense.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer este acuerdo el marte pasado, al resolver dos amparos promovidos por militares, informó en entrevista Miguel Ángel Tejeda Ortega, constitucionalista poblano y notario público.

Por mayoría de votos los ministros de la SCJN fijaron criterios  fundamentales  en relación al Fuero Militar, tomando en cuenta que al entrar en vigor la Ley de Seguridad Interior, posiblemente empiecen  a surgir conflictos y delitos cometidos por elementos del Ejército Mexicano.

Ante esta previsión, la Suprema Corte de  justicia, declaró Tejeda Ortega, el 27 del apenas concluido mes de febrero, al resolver su amparo a dos militares, concluyó que el Fuero de Guerra constitucional ´´no es un privilegio que se otorgue  a los militares en caso de ser juzgados por la Comisión de Delitos del Orden Militar, sino únicamente una competencia y jurisdicción de dichos  tribunales militares para conocer de delitos y faltas previstos en el Código de Justicia Militar´´.

El constitucionalista poblano expuso que como bases fundamentales para que opere el Fuero de Guerra, se requiere: 1.-Que el delito o falta militar sea cometido por un integrante de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones.- 2.-Que el delito o falta militar se cometa dentro de las instalaciones del Ejercito, la Marina o la Fuerza Aérea.- 3.-Que en la comisión del delito no esté implicado ningún miembro de la sociedad civil o éste sea víctima de los ilícitos o que se violen derechos humanos.

En estos supuestos cuando la comisión de un delito o violación de la disciplina del orden militar esté implicado como sujeto activo o pasivo un civil o se violenten derechos humanos, serán competentes para conocer de éstos los Tribunales del Orden Común, ya sean federales o locales.

Estas tesis de jurisprudencia emitidas por el más alto Tribunal de la Nación, están acordes a los criterios y jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con residencia en San José de Costa Rica, además de la famosa jurisprudencia que surgió a partir del caso del particular “Rosendo Radilla Pacheco”, que, se confirmó, fue secuestrado y desaparecido por militares en México.

Señaló finalmente Tejeda Ortega     que el Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente: “Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los Tribunales Militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre las personas que no pertenezcan al Ejercito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

 Mal precedente para futuros inversionistas en el país, dicen expertos

Puebla, Pue,- Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- negaron el amparo promovido por propietarios originales de  8 ingenios azucareros del país, incluyendo el de Atencingo, Puebla, para recuperar sus bienes que les fueron expropiados por el presidente Vicente Fox en 2001.

Esta determinación de la Corte, comentan eminentes  constitucionalistas como Miguel Carbonell, sienta un mal precedente para futuros inversionistas en México y Puebla y afecta al Artículo 9º. de la Ley General de Expropiación, a nivel federal, informó el jurista poblano Miguel Ángel  Tejeda Ortega.

Infirió que la semana pasada la citada Sala de la Corte reconoció la validez y constitucionalidad de los decretos de expropiación que emitió el entonces Presidente, en el año 2001, Vicente Fox, con los cuales se expropiaron 8 ingenios azucareros, entre ellos el de Atencingo, Pue., en base a lo siguiente:

Estos ingenios  pasaban a ser de utilidad pública y  el Estado los operaría  y administraría, y así fue. Poco tiempo después el gobierno foxista sometió a los 8 ingenios a un Fideicomiso y los dio a  particulares para administrarlos.

Hasta la fecha estos ingenios son administrados por particulares y están sujetos a un concurso mercantil, porque tienen muchos adeptos.

Por  todo ello, expuso Tejeda Ortega, los adeptos originales solicitaron a la SCJN la reversión a su favor, de tales ingenios.
 
Actualmente los ministros de la Segunda Sala de la Corte resolvieron que esa reversión no era posible, ya que ha cambiado la situación jurídica de los ingenios, puesto que  los ocho  se encuentran  en manos de particulares del estado.

Además del cambio de tal situación jurídica, la indemnización que se dio a los dueños  originales  la aceptaron, estuvieron de  acuerdo que tenían adeudos fiscales y que se cubrieran a cambio de una compensación.

Por esto se les negó el amparo que promovieron los propietarios originales de los 8 ingenios, y se decretó que la reversión solicitada no era posible.

Reafirmó el constitucionalista Tejeda Ortega lo descrito, al dar a conocer el Artículo 9º.de la Ley General de Expropiación, que menciona: ´´Si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio no fueren destinados  total o parcialmente al fin que le dio causa a la declaratoria respectiva, dentro del término de 5 años, el propietario afectado podrá solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, la reversión parcial o total del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal, o limitación de dominio, o el pago de los daños causados´´.
 
 Varios juristas eminentes como Carbonell, reiteró Tejeda Ortega, aseguran que esta sentencia que dictó la Corte negando el amparo, afecta al Derecho de Propiedad y da un mal precedente  a los futuros inversionistas  en México, porque  el comunicado de este decreto expropietario de Fox que fue a todas luces arbitrario,  primero pasó la propiedad  a nombre del Estado  y después a nombre de particulares, así se pueden dar muchos casos en los que se va a afectar en definitiva el Derecho de Propiedad consagrado en el Art. 27 de la  de la Constitución Mexicana.

Tejeda Ortega se refirió a una situación   en Puebla, en que  casonas expropiadas en la época de Bartlett en el área de San Francisco, al pasar ahora por la Av. 2 Oriente, se encuentra uno  como 20 casas abandonadas que fueron expropiadas por el ex gobernador mencionado,   y cuyos dueños podrían solicitar la reversión  de dicho decreto y volver  a tener la propiedad de esos bienes inmuebles.

Pero conforme a este precedente, no hay seguridad de ello, porque con su dictamen emitido la Corte ha dejado mal precedente para futuros inversionistas.