A partir del escándalo que se desató en el país, desde el pasado 23 de abril, con motivo de la solicitud de detención por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez , del exsecretario de administración y finanzasl Enrique Díaz Vega, del alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil  y de siete funcionarios del gobierno, acusados de los delitos de asociación delictuosa, con el cartel de los chapitos señalando en la acusación que funcionarios públicos corruptos y sicarios armados protegen las operaciones de tráfico de drogas del cartel.

Se les acusa además, de participar en dicha asociación delictuosa para importar cantidades masivas de fentanilo, cocaina y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Que los acusados han protegido a los lideres del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales y les han facilitado información sensibles de las autoridades del orden público y militar a los miembros del cartel y a narcotraficantes aliados.

La presión hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de parte de las autoridades de los Estados Unidos desde que se dio a conocer la solicitud de detención con fines de extradicción de los acusados, ha sido muy intensa y la respuesta del oficialismo ha sido de rechazo a las acusaciones bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes que sustenten la solicitud de detención por lo que lo único que se anuncio fue la solicitud de licencia al cargo de goberador Rubén Rocha Moya para ser investigado por la fiscalía general de la República, sin que a la fecha se hayan dado a conocer los resutados de las investigaciones.

Despúes de que han trascurrido los sesenta dias de la solicitud de detención de los acusados y de que las autoridades de Estados Unidos, no han contado con el apoyo del gabinete de seguridad de la presidenta, que en todo momento ha defendido la inocencia de los acusados, en estos momentos la presión y el anuncio de las autoridades del vecino del norte de llevar a cabo acciones, no sólo para detener a los líderes de los carteles y desmantelar a las redes criminales, para  además detener a  los funcionarios y políticos que han protegido a los grupos criminales, sin importar su cargo, grupo político o vinculos con el gobierno, todo apunta que el discurso de la presidenta de la defensa de la soberanía y de la intención de los Estados Unidos de interferir en las elecciones de 2027, han quedado de lado y no se descarta que en las semanas próximas se anuncien más acusaciones y detenciones de miembros prominentes de Morena y del gobierno federal y de algunos estados.

Los daños que a nivel de popularidad y apoyo de la presidenta por los ciudadanos, son palpables y a pesar de que algunos medios afines al oficialismo como el Heraldo de México en días pasados publico una encuesta dándole una popularidad del 72% señalando que de cada 10 mexicanos en el país, 7 aprueban al gobierno de Claudia Sheinbaum, minimizando a los medios criticos que después del anuncio de la acusación contra el gobernador de Sinaloa Rocha Moya, habían documentado una caida de casi el 36% de las preferencias electorales para Morena y partidos aliados PVEM y PT.

Los intentos de desviar la atención del escándalo como lo fue la campaña contra la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos, por el desmantelamiento de un meganarcolaboratorio entre autoridades estatales, membros del ejercito y con el apoyo de elementos de la CIA muriendo dos de ellos al regresar del operativo, acusando a la gobernadora de diversos delitos como traición a la patria, siendo citada por el Senado de la República para que explicara lo ocurrido en el desmantelamiento del narcolaboratorio y la campaña de linchamiento político de Maru Campos, no tuvieron el efecto esperado.

En las semanas siguientes se dieron a conocer grabaciones de la gobernadora de Baja California Norte Marina del Pilar Ávila con supuestos agentes del FBI para lograr recuperar su visa, a cambio de proporcionar información sensible del gabinete de seguridad de México, volvieron a poner en el ojo del huracán al oficialismo y a destacados miembros de Morena, sobre los que pesan acusaciones de las autoridades de Estados Unidos por tener vinculos y brindar protección a carteles del narcotráfico en sus estados.

El desgaste que ha tenido el actual gobierno y el movimiento de la 4T por las acusaciones del presidente Trump que ha afirmado que México es gobernado por los carteles y que la presidenta tiene miedo de combatirlos y el riesgo de que Morena sea declarado como un narcopartido, puede tener fatales consecuencias en las elecciones de 2027.

Una de las formas de evitar siga la guerra de los medios no alineados al oficialismo como TV AZTECA, periodicos como REFORMA y el UNIVERSAL, así como de la radio,informando a los ciudadanos de la situación en que se encuentra la relación con Estados Unidos y de las acusaciones por la relación de políticos con los carteles del narcotráfico, ha sido la propuesta de la presidenta de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias para “garantizar el derecho del pueblo a estar informado” el debate entre el oficialismo y los partidos de oposición se ha centrado precisamente en los derechos a la libertad de expresión que de acuerdo a los opositores se vulnera con los lineamientos y  por otra parte la postura de la presidenta respaldada por Morena cuyo posicionamiento señala que: “no se trata de imponer una verdad oficial.
 
Se trata de impedir que la mentira, la manipulación y la publicidad encubierta se presenten como información periodistica”
La critica a los lineamientos, se basa en lo ocurrido en otros países como Venezuela y Ecuador, donde se han aprobado leyes que lo que buscaban es acallar a las voces criticas mediante la censura y el control de los contenidos.

La Consulta pública que se ha anunciado para debatir la propuesta presidencial, será un buen termometro para escuchar argumentos a favor y e contra; sin embargo no auguro un buen resultado, debido a que por hoy preocupa más al regimen la falta de control de los medios de comunicación, que los partidos de oposición, que no han sabido asumir un papel de alternativa para los electores en la vispera de las elecciones intermedias de 2027.

¿Será que el pueblo sabio que pregonaba AMLO, ahora en el segundo piso de la 4T, pasará a ser el pueblo controlado por el oficialismo?