Cuando para la mayoría de los mexicanos, el enterarnos de los elogios y reconocimientos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la república Omar García Harfuch, por parte del Director de la DEA Terry Cole en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por el Ministerio de Seguridad Argentino y la DEA, a la que asistieron delegados de más de cien países para coordinar estrategias contra los carteles y organizaciones que llevan a cabo actividades de narcotráfico trasnacional, donde fue el invitado principal y fue calificado como: “un socio de confianza y un buen amigo de los Estados Unidos” 

Pensamos que, ahora si el gobierno federal demostraba su compromiso de ir en serio en contra de los grupos criminales que operan en México atendiendo al mensaje que el Secretario García Harfuch pronuncio en el evento.
Pero además es de llamar la atención, la exposición del secretario de la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum enfocada en la inteligencia y colaboración institucional como los ejes principales para combatir a los narcotraficantes que existen en México.

El reconocimiento del director de la DEA a la trayectoria de Harfuch, resaltando su carrera de más de dos décadas para proteger a las personas en México, su liderazgo y disposición para el intercambio rápido de inteligencia y compromiso compartido para perseguir lideres criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes de crimen trasnacional, de alguna forma significó reconocer por Estados Unidos ,ante un foro internacional la lucha del gobierno mexicano en contra de los carteles para echar abajo las acusaciones de nuestro país está gobernado por los grupos criminales.

Como un logro más de la asistencia a la cumbre, el secretario de Seguridad logró negociar con el gobierno de Argentina, la expulsión y traslado a México del excontraalmirante Fernando Farías Laguna, quién se encontraba detenido en dicho país, acusado de haber ingresado con un pasaporte falso.

Cabe señalar que Fernando Farías Laguna, es acusado por la fiscalía general de la República de encabezar junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, una red de huachicol fiscal y tráfico de hidrocarburos por un monto superior a seiscientos mil millones de pesos y era reclamado por el gobierno mexicano para enfrentar dichos cargos en nuestro país. Ambos acusados son sobrinos políticos del Secretario de Marina durante el gobierno de AMLO, almirante José Rafael Ojeda Duran.

A pesar de la turbulencia política de la última semana originada por el anuncio de Andrés Manuel López Beltran hijo de AMLO, de que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado su visa y de la desafortunada carta que le dirigió al presidente Donald Trump reclamando dicho acto, pidiendo la destitución del Secretario de Estado Marco Rubio y del subsecretario Christopher Landau por haber ordenado dicha medida.

La presidenta tuvo que salir a defender al hijo de AMLO, señalando que la fiscalía general de la república no tenía ninguna prueba o indicio en su contra y que la decisión del gobierno de Estados Unidos era una medida injerencista y que no significaba que tuvieran una investigación en contra de López Beltran.

Es evidente que la presidenta, está a dos fuegos y debe asumir una doble postura, ante la presión del gobierno de Estados Unidos que le exige una mayor cooperación y resultados en la lucha contra los carteles para evitar que sigan operando y enviando drogas como el fentanilo a su país, para lo cual debe detener a los lideres, funcionarios y exfuncionarios de su gobierno y a empresarios ligados a los carteles y bandas que se dedican al huachicol fiscal y por otro lado, la presidenta está obligada a defender al expresidente AMLO, a los gobernadores como el de Sinaloa Rubén Rocha Moya, cuya detención no se ha llevado a cabo a pesar de haber sido solicitada por las autoridades de Estados Unidos, la de Baja California Norte Marina del Pilar Ávila, de Sonora Arturo Durazo y de Tamaulipas Américo Villareal a quienes también les ha sido retirada su visa.

El anuncio de Rocha Moya de que a partir de este día 21 de agosto retoma la gubernatura de Sinaloa, al no haber encontrado la Fiscalía general de la república ninguna prueba en su contra, a pesar de que sigue vigente la solicitud de su detención por la corte de Nueva York de Estados Unidos, es un desafío y un reto a la presidenta, que ahora debe enfrentar las consecuencias de dicha decisión y lo que puede afectar la tensa relación con el gobierno del presidente Donald Trump.

Los meses de septiembre y octubre serán claves, para el desenlace de los anuncios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que solicitará formalmente más detenciones y la postura que asumirá la presidenta para tratar de defender a los funcionarios y legisladores de su partido para que no afecten la imagen del movimiento de la 4T  con vista a las elecciones intermedias de 2027, en que se renovarán 17 gubernaturas con sus congresos locales y la cámara de diputados federal.

El desgaste y los conflictos entre los grupos y corrientes de Morena, así como las cuotas y la lucha que se dará para lograr ganar las candidaturas a los cargos, ya es visible y si a ello se suma la percepción y datos de que varios aspirantes tienen antecedentes o ligas con grupos de la delincuencia organizada y carteles, todo apunta a que ante la falta de liderazgo y ambición de poder, será muy difícil se lleguen a acuerdos de unidad y los resultados podrían ser adversos para el movimiento de la 4T.

El desgaste que enfrenta la presidenta empieza a pasarle factura, ya que debe lidiar con los de casa que la llevaron al poder y con los vecinos del norte, que no estás dispuestos a permitir que los carteles y grupos criminales sigan controlando la tercera parte del país y colocando en los cargos a autoridades y funcionarios a su servicio que los protejan y solapen sus actividades delictivas.