Cuando hablamos de gobernabilidad hablamos de algo muy sencillo: la capacidad de un gobierno para resolver los problemas de la gente, mantener el orden y conservar su confianza. Y la mejor forma de medirla no siempre está en los discursos, sino en lo cotidiano. ¿Sale agua limpia de la llave? ¿Hay seguridad en mi ciudad? ¿Las autoridades se ponen de acuerdo entre sí? El 2026 está por cerrar con más preguntas que respuestas, y tres casos recientes son muestra de ello.

El primero es Sinaloa, donde la guerra entre dos facciones del cártel, Los Chapitos y Los Mayos, parece no tener fin. Ni las fuerzas de seguridad del país ni la presión de Estados Unidos han logrado frenarla, y con las elecciones de junio de 2027 en el horizonte, el panorama podría complicarse aún más. Quienes pagan el costo, como casi siempre, son las familias que solo quieren vivir con tranquilidad. Un conflicto así no se resuelve únicamente con operativos: exige inteligencia, prevención y atención a las comunidades que viven en medio de la violencia, pero sobre todo con el desmantelamiento de los grupos criminales y detención de los políticos que los protegen.

El segundo está en Jalisco. En numerosas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, los vecinos denuncian agua turbia, con mal olor o que simplemente no llega. Las quejas vienen de hace años, pero este mes la situación explotó: el 6 de octubre el gobernador Pablo Lemus reconoció la crisis y anunció tandeos, es decir, reparto del servicio por horarios, durante cerca de seis meses mientras se moderniza el sistema. Cinco días después, una marcha para exigir agua limpia terminó con detenidos y personas lesionadas, y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones por el uso de gases durante la protesta, además de ofrecer el apoyo de la Conagua. Los ciudadanos tienen razón en reclamar, porque nadie puede vivir sin agua. Y también la tienen cuando dicen que no pueden esperar hasta 2027 para recibirla limpia.

El tercer caso es el del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui. En abril, durante un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra, participaron agentes de la CIA y dos agentes extranjeros murieron en un accidente carretero. Jáuregui renunció a su cargo. Después, la fiscalía de su propio estado lo acusó de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, aunque lo dejo en libertad ya la Fiscalía General de la República, lo detuvo y lo acusó de traición a la patria en materia de seguridad nacional, al sostener que permitió la intervención de extranjeros sin autorización. Un juez federal ordenó prisión preventiva mientras se define si lo vinculan a proceso. Conviene recordar que una acusación no es una sentencia: él tiene derecho a la presunción de inocencia y serán los jueces quienes decidan su culpabilidad o inocencia.

Más allá de lo jurídico, el caso deja ver otro problema: la coordinación. México es un país federal, y eso significa que la federación y los estados tienen tareas distintas. Aquí, dos autoridades, una estatal y una federal, señalan al mismo exfuncionario por el mismo operativo, pero con delitos diferentes y en procesos separados. Para el ciudadano de a pie, que solo quiere saber quién responde por qué, el panorama resulta confuso. Y cuando la gente no entiende lo que ocurre, la confianza en las instituciones empieza a desgastarse. Por lo anterior decido hacer estas preguntas:

¿Cuántas personas han sido procesadas o sentenciadas por traición a la patria en México? Aquí hay que ser honestos: no encontré una cifra oficial publicada e inventar un número no ayudaría a nadie. Lo que sí reportan varios medios es que se trata de un delito rarísimo. Algunos señalan que nadie ha sido condenado por él desde el siglo XIX, y mencionan a Maximiliano de Habsburgo como la última condena ampliamente reconocida. En tiempos recientes hubo señalamientos, como la orden de aprehensión que la FGR solicitó en 2024 contra Joaquín Guzmán López, pero una orden no equivale a una condena. Otros recuentos periodísticos reúnen apenas cinco casos históricos de señalamientos, entre ellos el de Victoriano Huerta, el de tres diputados por irregularidades en el Programa Bracero, el de Guzmán López y el de Jáuregui, y concluyen que solo el de Maximiliano terminó en condena. Para dimensionar la gravedad, basta recordar que el artículo 108 de la Constitución prevé que incluso el presidente de la República puede ser acusado de traición a la patria durante su cargo. Quien necesite el dato exacto puede pedirlo por transparencia a la FGR o al Poder Judicial de la Federación.

¿Cuántos años de cárcel puede recibir? El artículo 123 del Código Penal Federal establece prisión de cinco a cuarenta años y multa de hasta cincuenta mil pesos. En México no existe la pena de muerte, y el artículo 126 aclara que las mismas penas se aplican a los extranjeros que participen en estas conductas, con algunas excepciones. Varios especialistas advierten, además, que probarlo es difícil, porque la ley exige conductas muy específicas y no es lo mismo violar la soberanía que cometer traición. Será un juez probablemente de los del ¨acordeón¨ quién lo determine.

¿Qué se puede hacer? Quizá lo primero sea lo más básico: informar con claridad. En Jalisco, publicar con regularidad los resultados de la calidad del agua y los calendarios de tandeo ayudaría a que los vecinos sepan a qué atenerse. En Sinaloa, la seguridad requiere coordinación real entre los tres niveles de gobierno, sobre todo en un año electoral. Y en el caso de Chihuahua, lo que corresponde es un proceso transparente, con todas las garantías, que aclare qué pasó y quién decidió qué. Gobernar bien no significa no tener problemas, sino mostrar que se tiene un plan con funcionarios competentes y con conocimientos para atenderlos.

Al final, los tres casos cuentan una historia parecida: cuando las instituciones no se coordinan ni previenen, los problemas crecen hasta hacer crisis. Gobernar no es solo reaccionar cuando todo estalla, es anticiparse, hablar claro y rendir cuentas. Sinaloa necesita seguridad, Jalisco necesita agua limpia y el país necesita reglas claras, con respeto a la ley en cada decisión, incluso al cooperar con otras naciones. La gobernabilidad se construye todos los días, con decisiones pequeñas y a veces poco vistosas: una tubería reparada a tiempo, una investigación bien conducida, una patrulla que sí llega. Eso, y no los grandes anuncios, es lo que devuelve la tranquilidad a la gente. Ojalá 2027 llegue con respuestas y no con más pendientes que desafortunadamente se acumulan todos los días y que nos afectan directamente a los mexicanos.