Cuando el gobierno compra medicinas, construye una carretera o contrata un servicio de limpieza, no gasta dinero propio: gasta el de todos. Por eso la forma en que elige a sus proveedores importa casi tanto como lo que compra. La Constitución lo dice con claridad. Su artículo 134 establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que las compras se asignen, por regla general, mediante licitaciones públicas abiertas. La idea es sencilla: que varias empresas compitan y gane la mejor oferta.
La ley, por supuesto, prevé excepciones. Una emergencia, un tema de seguridad nacional, un proveedor único o una compra pequeña pueden justificar la invitación a cuando menos tres empresas o la adjudicación directa. El problema surge cuando la excepción deja de serlo. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2020 el gobierno federal entregó contratos por más de 205 mil millones de pesos mediante adjudicación directa, el 43 por ciento de lo contratado ese año, y fue la primera vez que esa cifra superó a la de las licitaciones. Si en lugar del dinero se cuenta el número de contratos, mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que en 2023 alrededor de ocho de cada diez se otorgaron sin licitación. Son dos formas distintas de medir, pero ambas apuntan en la misma dirección.
Conviene ser justos: esto no nació en este sexenio. El propio IMCO documentó que, de 2013 a 2020, más del 70 por ciento de los contratos federales se asignó de manera directa, tanto con Enrique Peña Nieto como con Andrés Manuel López Obrador. Y en el gobierno de Claudia Sheinbaum, medios como Vanguardia han publicado, con datos de contrataciones federales, que hasta agosto de 2025 más de 52 mil de unos 75 mil contratos fueron directos. Estamos, pues, ante un problema de fondo que ningún partido ha resuelto.
Y no es un asunto abstracto. Cuando una compra se hace sin competencia, el riesgo es que se pague más de lo necesario o que se reciba algo de menor calidad: medicinas, equipo médico, materiales de una obra. Detrás de cada contrato hay escuelas, hospitales o caminos que usamos todos los días. Por eso la discusión no debería quedarse en las oficinas del gobierno ni en las páginas de los especialistas. Nos toca a todos.
El gobierno tiene sus razones. Sostiene que la adjudicación directa agiliza trámites, evita intermediarios y permite atender con rapidez obras y programas prioritarios, y recuerda que las licitaciones del pasado también tuvieron sus vicios, como empresas que simulaban competir. Es un argumento que merece atención. Una compra directa bien explicada, con estudio de mercado, precios comparables y contrato a la vista de todos, no tiene por qué ser sospechosa. La duda aparece cuando esa explicación no se da, o cuando nadie puede revisarla.
Ahí entra la segunda pieza: la información. Para saber si una compra fue buena, alguien tiene que poder verla. En marzo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Transparencia, y con ella desapareció el INAI. Sus funciones pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por medio de un órgano llamado Transparencia para el Pueblo. La presidenta ha defendido el cambio como una forma de simplificar estructuras y gastar menos. Sus críticos, en cambio, advierten que el gobierno queda como juez y parte cuando debe decidir qué se publica sobre sus propias compras. Ambas posturas merecen escucharse, pero lo que importa a fin de cuentas es que la información siga llegando al ciudadano.
La tercera pieza es la fiscalización. La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control revisan el gasto cada año y emiten observaciones. Las propias instituciones explican, con razón, que esas observaciones son el inicio de un proceso técnico, en el que los entes revisados pueden aclarar y comprobar. Aun así, para varios analistas existe una distancia entre lo que se detecta y lo que termina en una sanción, y esa distancia alimenta la sensación de que muchas irregularidades no tienen consecuencias.
También ayuda recordar que sí está en nuestras manos. Cualquier persona puede consultar contratos y datos de compras en las plataformas oficiales y preguntar por ellos. Los periodistas, los estudiantes y las organizaciones civiles llevan años haciéndolo, y gracias a ese trabajo conocemos buena parte de lo que aquí se ha comentado. Mientras más gente mire, menos espacio hay para la duda. Y cuando alguien encuentra una compra que no se entiende, preguntar no es acusar: es parte de vivir en una democracia.
Hay, además, una oportunidad. En abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cada vez que las reglas se renuevan, se abre la puerta para afinarlas: definir mejor cuándo procede una excepción, exigir que se explique y facilitar que cualquiera pueda consultar el resultado.
¿Qué podemos pedir, entonces? Nada extraordinario. Que cada adjudicación directa diga con claridad por qué se hizo así. Que los contratos y sus anexos se publiquen a tiempo y en formatos que cualquiera pueda consultar. Que quienes auditan tengan independencia técnica y que sus hallazgos no se pierdan en el camino. Y que las excepciones, como ha propuesto el IMCO, se limiten a casos realmente justificados.
La situación que hoy tiene en el ojo del huracán al INE y su ex presidenta Guadalupe Taddei con las adjudicaciones directas a sobreprecios con las empresas de Alfredo Hernández Casillas mediante el esquema de las adjudicaciones directas, ha colocado en el debate público, hasta donde estas prácticas se han dado en el organismo electoral y si los anteriores presidentes del IFE y del INE fueron cómplices de estos actos de corrupción. La solicitud de la presidenta de Morena Ariadna Montiel a la cámara de diputados para que se cree una Comisión Especial para investigar dichos actos, lo que busca es desviar la atención pública del escándalo de Taddei echando culpas a otros actores políticos y al nuevo partido SOMOS como los responsables de las corruptelas de Taddei, buscando a toda costa desconocerla, a pesar de que gracias a ella obtuvieron una sobrerrepresentación que les ha permitido modificar la Constitución a su antojo y de haber controlado la “elección judicial” en 2025. Lo que no debemos perder de vista, es que la responsabilidad del oficialismo en la designación de Taddei no se puede borrar con investigar a los expresidentes del IFE y el INE, cuando sus gestiones fueron debidamente revisadas por las autoridades correspondientes, que en su momento aprobaron sus cuentas públicas.
