•    Expuso lo anterior el gobernador al hablar sobre el ingreso de pobladores a las instalaciones de la empresa Bonafont
•    La secretaria de Gobernación precisó que estas personas están inconformes con la emisión de licencias para la sustracción del agua

PUEBLA, Pue. – Respetando los derechos humanos, las libertades y el cuidado a la gente, el Gobierno el Estado aplicará la ley contra quien tenga que responder ante las autoridades, a fin de garantizar la gobernanza y el Estado de Derecho en Puebla, sostuvo el gobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que el pasado fin de semana pobladores ingresaran a las instalaciones de la empresa Bonafont, ubicada en Juan C. Bonilla.

Por su parte, la secretaria de Gobernación Ana Lucía Hill Mayoral, indicó que la gente que entró al inmueble está inconforme por la emisión de licencias para la sustracción del agua emitidas por la CONAGUA, no por alguna otra situación ajena al tema.

Durante su participación en la videoconferencia matutina, la funcionaria puntualizó que, en todo momento, el gobierno estatal tuvo conocimiento del ingreso de los inconformes a la propiedad de la empresa.

Asimismo, dijo que la administración estatal mantuvo constante comunicación con los directivos de esta empresa, que decidieron emprender denuncias judiciales contra quienes resulten responsables de tales actos, mismos a los que la SEGOB le dará puntual seguimiento para evitar un conflicto mayor, enfatizó.

Por otra parte, Hill Mayoral informó que el pasado fin de semana la Coordinación General de Protección Civil Estatal, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) y la Secretaría de Seguridad Pública, inspeccionaron 79 locales de 20 giros comerciales e impusieron 13 clausuras por incumplimiento de las normas sanitarias.

En ese mismo sentido, las secretarías de Movilidad y Transporte y de Seguridad Pública supervisaron 107 unidades del transporte público para cerciorarse de que cumplan con los protocolos sanitarios correspondientes.

Finalmente, la titular de la SEGOB notificó del resultado positivo por COVID-19 en una persona privada de la libertad, misma que se ha aislado y es monitoreada por personal médico.