Seis de los once ministros de la Corte impusieron su fallo a favor.

Puebla, Pue.- Seis de los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron ayer, tras prolongada discusión, la materia de la consulta popular para enjuiciar a ex Presidentes de la República, propuesta al Senado por Andrés Manuel López Obrador en días pasados.

Explicó a este medio informativo el constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, quien impartió justicia federal varios años en la Ciudad de México y en esta capital poblana, la forma en que se llevó a cabo el Pleno de la SCJN el pasado 1 de octubre, en el cual en forma dividida se aprobó la citada consulta.

Expuso que el Pleno duró más de tres horas, tiempo en que los once Ministros expresaron sus razonamientos en favor o en contra de la propuesta de AMLO; cinco estuvieron de acuerdo en aprobar la inconstitucionalidad, con razonamientos jurídicos y con fundamento en lo que establece el artículo 35 fracción VIII-3, precepto que señala: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”.

El Ministro ponente Luís María Aguilar para defender su propuesta señaló que la consulta popular, tanto en su materia como en su objetivo es notoriamente inconstitucional, violentándose los principios de presunción de inocencia, debido proceso, tutela judicial, e igualdad de los mexicanos ante la ley.

Contraviniendo dichas afirmaciones, el Ministro Presidente Arturo Zaldivar Lelo Delarrea, señaló que era el momento indicado para la Suprema Corte, de reconocer la consulta popular como un medio idóneo para que el pueblo mexicano se exprese frente a sus gobernantes de diversas conductas o inconformidades, como lo es el caso de la política criminal en México y las responsabilidades de los altos funcionarios en el  país.

El Ministro Javier Laynez Potisek, en  magnifica defensa de la ponencia presentada y en favor de la inconstitucionalidad de la propuesta, estableció: “La justicia no se consulta”, pues es ilógico que se le quiera pedir al pueblo su opinión sobre la comisión de delitos y sus sanciones a ex Presidentes, cuando dicha obligación es por parte del Estado, ya que la Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y no debe estar sujeta a presiones de carácter social, e inclusive los Tribunales impartidores de justicia.

De igual manera llevó a cabo una buena defensa de la inconstitucionalidad de la consulta, la Ministra Norma Patricia Piña, y en forma no tan clara los Ministros Franco Salas y Pardo Rebolledo.

Por otra parte los Ministros que fueron propuestos por el Presidente de la República en fechas recientes, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y González Alcántara Carrancá, mediante argumentaciones jurídicas imprecisas, defendieron la postura y propuesta del Presidente de la República López Obrador y votaron a favor de que se le reconociera su carácter de constitucional.

El jurista Tejeda Ortega determinó que toda vez que la propuesta de consulta formulada por AMLO, tenía grandes vicios de inconstitucionalidad, los Ministros en una sesión privada y oculta reformularon la pregunta que se le va a cuestionar al pueblo mexicano en la consulta que se llevará a cabo en el mes de agosto del año 2021, quedando dicha pregunta de la siguiente manera: “Estás de acuerdo o no de que se lleven a cabo las acciones pertinentes para que con apego al  marco constitucional y legal se puedan emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Esta pregunta en imprecisa, compleja, vaga y va a confundir al pueblo mexicano en el momento de su votación, expresó Tejeda Ortega, pues se habla de decisiones políticas, sin precisar cuáles; también se señalan diversos actores políticos, sin decir quienes, ni tampoco las victimas de dichas decisiones y personajes que incurrieron en irresponsabilidades, pues se puede inclusive incluir al actual Presidente de la República en su ejercicio de los años 2018, 2019 y 2020.

También analistas políticos del Financiero Bloomberg, así como el Periodista Pedro Ferriz de Con, opinan que la Suprema Corte de Justicia se doblegó a la voluntad del Ejecutivo federal, se convirtió en sumisa y, en consecuencia, según expresan ellos, desparece el único medio de control constitucional que puede hacer frente al gobierno del actual Presidente de la República.