A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
Ante las versiones periodísticas editorializadas y comentarios tendenciosos vertidos en redes sociales que abordan el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la renegociación de contratos “leoninos” con empresas transportadoras de gas, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

En algunos medios de información se planteó de manera tendenciosa y no objetiva que la ASF encontró evidencia de que CFE pagaría más de 6 mil millones de dólares por la renegociación de los gasoductos contratados. Sin embargo, la ASF verificó el beneficio a largo plazo que tendrá para la CFE la renegociación de las tarifas aplicables a los 25 años originalmente contratados. En su informe 431-DE destaca que la renegociación “resultó en un ahorro nominal para la CFE, hasta el año 25, de 4,342,490.3 miles de dólares (mdls)”.

La ASF no “desmiente” sino que confirma los ahorros obtenidos por la CFE al renegociar los contratos originales, e informa sobre el costo adicional que evidentemente conlleva la extensión de los contratos que, precisamente son esos más de 6 mil millones de dólares.

Si el hallazgo de la ASF era un pago de más de 6 mil millones de dólares por la renegociación, se estaría en presencia de un probable daño patrimonial con responsabilidad de funcionarios públicos. Sin embargo, la fiscalización efectuada por la ASF al proceso de renegociación de contratos de trasporte de gas natural, llevada a cabo en la auditoría de desempeño número 2019-6-90UJB-07-0431-2020, concluyó sin observaciones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La información periodística falsa y carente de objetividad y rigurosidad difundida, además de no identificar observaciones de la ASF ni posible daño patrimonial, no comunicó con oportunidad que ese costo adicional por 10 años más de servicio, “en términos de valor presente, fue equivalente a 583,008.2 mdls, cifra que representó el 10.9% del pago renegociado en términos de valor presente (descontado con una tasa de 10.0%) por los primeros 25 años de 5,349,330.2 mdls” (Página 109 de Auditoría de Desempeño 2019-6-90UJB-07-0431-2020, Auditoría Superior de la Federación).

Con la extensión del contrato por 10 años adicionales, la CFE hubiera tenido que recontratar estos gasoductos en el año 26, con una tarifa regulada variable en el tiempo y que se proyecta mayor a la obtenida. Con esto, la CFE evitó un pago adicional de más de $2 mil millones de dólares.

En síntesis, como resultado de la extensión en los contratos, la CFE tendrá los siguientes beneficios:

1.    Ahorros en los primeros 25 años de contrato.
a.    Más de 4,300 millones de dólares corrientes.
b.    442,4 millones de dólares en valor presente. Valor equivalente a la inversión de uno de los gasoductos renegociados.
2.    Ahorros por los 10 años adicionales de contrato.
a.    Más de 2 mil millones de dólares corrientes.
b.    100 millones de dólares en valor presente.
3.    Eliminó las tarifas crecientes y contará con tarifas fijas y niveladas en dichos gasoductos.
4.    Eliminó los riesgos financieros (mayor endeudamiento) y presupuestales (mayores subsidios) en los pagos a empresas transportistas por tarifas crecientes.

La nivelación y congelación de tarifas por 25 años y, por otros subsecuentes 10 años, brinda estabilidad en el precio del gas natural, contribuye a cumplir el mandato del presidente de la República de no aumentar las tarifas de energía eléctrica, beneficia a sus centrales de generación eléctrica y a la industria nacional durante 35 años.

De conformidad con su renovado carácter social y con las políticas instrumentadas por el Gobierno Federal, la CFE continuará implementando medidas que beneficien al Estado, y en particular, al pueblo mexicano.

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

Ciudad de México, a 20 de junio de 2020

A la opinión pública

En relación con el comunicado de prensa 41/2020 de Altos Hornos de México emitido el 19 de junio de 2020, donde se expone la cancelación de los contratos de suministro de carbón para las Centrales Termoeléctricas de José López Portillo y Carbón II con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila S.A. de C.V. se hace de conocimiento lo siguiente:

Para la Comisión Federal de Electricidad resulta evidente la existencia de impedimentos jurídicos, tanto de orden constitucional como los relacionados con la normatividad aplicable a CFE, así como impedimentos de tipo físico para seguir recibiendo el carbón estipulado en los contratos, lo que por sí mismo constituyen causas justificadas para la terminación anticipada de estos.

Las disposiciones legales de CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias prevén la cancelación de las partidas cuando existan causas justificadas que impidan recibir la totalidad de los servicios o bienes pactados en el contrato, mismas que fueron plenamente consentidas por el proveedor dentro del mismo contrato.

La Central Termoeléctrica Carbón II como la C.T. José López Portillo, participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De acuerdo con las reglas de dicho mercado los criterios de despacho toman como único criterio el costo variable de producción, donde el combustible representa en promedio el 80% de estos costos.

Los contratos firmados con CICSA consideraron una duración de 3 años (2019- 2021), en los que se estipuló que la CFE compraría la cantidad total de 14.7 millones de toneladas. Sin embargo, el cálculo de las cantidades de carbón pactadas no consideró los pronósticos del despacho que tienen ambas centrales carboeléctricas (C.T. Carbón II y C.T. José López Portillo), que debido a las reglas del mercado ha sido muy bajo.

Lo anterior ha provocado un sobreinventario de carbón que ha implicado que la CFE incurra en sobrecostos de almacenamiento por carbón no utilizado, así como gastos para mitigar el riesgo que se tiene por almacenar material que por su naturaleza sufre autocombustión.

El precio pagado por tonelada para un carbón con características de un poder calorífico de 4,500 kcal/kg no corresponde al del precio contractual actual. Si se considera como referencia los precios internacionales del carbón, se observa que el precio por tonelada que la CFE paga a CICSA corresponde a un carbón de importación con la mejor calidad del mundo (6,000 kcal/kg). Sin embargo, el carbón que recibe la CFE tiene una calidad inferior y un poder calorífico de 4,500 kcal/kg. Asimismo, la tendencia en los precios del mercado internacional del carbón es de caída promedio del 44% en lo que va del 2020, mientras que el carbón de CICSA es cada mes más costoso para la CFE.

El costo de producción por Megawatt-hora, en la zona en la que se encuentra la carboeléctrica, ronda los $875 pesos en promedio. Por lo que, el precio al que se adjudicó la tonelada de carbón, $1,129.89 MXN, representa un sobrecosto y a la vez limita las posibilidades de competir en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La CFE se encuentra impedida para continuar adquiriendo el carbón restante de este contrato, puesto que la compra de éste implica el pago de un sobreprecio en relación con el mercado internacional actual, además de la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho en el MEM. De continuarse con la ejecución del contrato, se ocasionaría a la CFE severos daños y perjuicios económicos.

La CFE y sus funcionarios públicos tienen en todo tiempo la obligación de garantizar las mejores condiciones para el Estado, en total apego a los principios establecidos en el primer y tercer párrafos del artículo 134 constitucional, por ello la imperiosa necesidad de concluir, de manera anticipada, las obligaciones contractuales.


ATENTAMENTE

Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa