Fallo de la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley Bonilla de BC

Puebla, Pue.- El Pleno de la Suprema Corte al declarar inconstitucional el decreto número 351 del año 2019, mediante el cual el Congreso del Estado de Baja California aumentó el plazo de duración del cargo de Gobernador de dicho Estado, Jaime Bonilla Valdez, de 2 años que tenía originalmente a 5 años, desvaneció el sueño de algunos gobernantes actuales que pretenden reelegirse.

Sobre el tema el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, comentó que esta resolución del más alto tribunal de la nación es favorable para todo el pueblo mexicano, y termina con las ambiciones que algunos gobernantes en México puedan tener o tienen para reelegirse o, en su caso, que las Legislaturas locales les amplíen la duración de dichos cargos, como sucedió en el Estado de Baja California y en tratándose del gobernador Jaime Bonilla (Morenista).

El Jurista Tejeda Ortega señaló los antecedentes del caso y mencionó que el decreto legislativo del año 2014 del Congreso de Baja California, se reformó  y en su artículo 8vo transitorio se estableció que con el fin de empatar las elecciones locales a las federales, por primera vez la duración del cargo de gobernador de dicho estado duraría únicamente 2 años, como aconteció en el Estado de Puebla con el gobernador interino Antonio Gali.

Habiendo ganado las elecciones Jaime Bonilla y terminado el proceso electoral, la Legislatura de dicho estado volvió a reformar el artículo noveno transitorio de su Constitución local para ampliar la duración del cargo de 2 a 5 años, de tal manera que el gobernador Jaime Bonilla terminara su función en el año 2024 y no como se había previsto originalmente, en el año 2021.

Inconformes con dicha reforma constitucional local, los partidos políticos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llegando dichos asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnándose los mismos al Ministro José Fernando Franco González Salas para su estudio.

Comenta Tejeda Ortega que el decreto reformado. según criterio del Ministro  Franco González Salas, violenta el principio de certeza electoral que debe existir en el sistema democrático de México y sobre todo el artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice textualmente:

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

El decreto 351 de la reforma a la Constitución de Baja California fue dado durante el proceso electoral de dicho Estado, aunque su promulgación y publicación se emitió después de concluido este.

De igual manera el decreto declarado inconstitucional se señaló que se aplicó retroactivamente en beneficio del actual gobernador Jaime Bonilla, lo que prohíbe el artículo 14 Constitucional, que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Es fundamental comentar que el presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declaró públicamente en el pleno que se llevó a cabo por medios remotos, que se dio un gran fraude electoral en el Estado de Baja California y que los diputados locales cometieron un grave ilícito al prorrogar la duración del cargo de Gobernador de su Estado y que, además se violentaron los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Politice de los Estado Unidos Mexicanos, pues los bajacalifornianos fueron a votar en favor de su candidato preferido, para el cargo de gobernador y exclusivamente por un periodo de 2 años, no así de 5 años, lo que violentó la voluntad del voto popular.

Los once Ministros de la Corte estuvieron de acuerdo en calificar el gran fraude electoral que se cometió en el estado de Baja California, por lo que la votación fue unánime e histórica, pues deja un precedente para que futuros gobernantes en México no se puedan reelegir o ampliar el plazo de duración del ejercicio de su cargo, incluye por supuesto al Presidente de la República.

Finalmente el Senador por Morena, Germán Martínez, declaró a la prensa en la Ciudad de México  que se debe fincar responsabilidad penal a aquellos legisladores del estado de Baja California, que participaron en el gran fraude electoral.