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Washington D.C. — En respuesta a una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró ilegal una parte sustancial de sus anteriores políticas arancelarias, el gobierno estadounidense puso en marcha este martes un nuevo arancel global del 15% sobre la mayoría de las importaciones. La medida temporal se aplicará durante un período de 150 días, aunque expertos advierten que podría tener efectos más duraderos en el comercio internacional. 

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., la medida se implementa a partir de las 00:01 del 24 de febrero, y aunque inicialmente la tasa aplicada fue del 10%, la intención de elevarla al 15% fue formalizada por la administración en los últimos días.

La disparidad entre el anuncio —un arancel del 15% impuesto por Trump— y el inicio efectivo con tasa menor ha generado incertidumbre en los mercados y entre socios comerciales internacionales, que buscan claridad sobre el alcance y alcance de la medida, sus rutas legales y su impacto real en el comercio global.

Causa y efecto: del revés judicial al proteccionismo renovado

El nuevo arancel es parte de la respuesta del gobierno estadounidense tras la anulación de aranceles previos por la Corte Suprema, que consideró que el marco legal original invocado por Trump era inconstitucional. Como alternativa, la administración recurrió a una provisión de la Ley de Comercio de 1974 —la sección 122— que permite aplicar tarifas temporales de hasta 15% sin aprobación inmediata del Congreso. 

Las exenciones dentro del nuevo esquema arancelario incluyen productos agrícolas básicos, ciertos medicamentos, minerales críticos y bienes estratégicos, con la intención de aliviar presiones inflacionarias internas y proteger sectores sensibles de la economía estadounidense. 

Reacciones globales y riesgos económicos

La entrada en vigor del arancel global ha sido recibida con cautela y preocupación por parte de socios comerciales:

- La Unión Europea decidió pausar la ratificación de un acuerdo comercial con Estados Unidos mientras busca claridad sobre el impacto de las nuevas tasas, considerando que podrían contradecir compromisos previos. 
- Países como China, Brasil y otros exportadores importantes están evaluando el efecto que tendrá la medida en sus cadenas de suministro y condiciones de acceso al mercado estadounidense.
- Analistas advierten que la incertidumbre arancelaria podría deprimir el comercio internacional, encarecer importaciones y alimentar tensiones diplomáticas entre actores globales. 

Impacto regional y perspectivas futuras

En México y otros países vecinos, la entrada de aranceles ha sido seguida de cerca —en particular porque un porcentaje significativo de exportaciones cumple con reglas de origen de acuerdos como el T-MEC y quedan temporalmente exentas de estos gravámenes, atenuando parte del impacto inmediato. 

Sin embargo, economistas y líderes comerciales advierten que la implementación de aranceles universales, incluso si comienzan en 10%, podría transformar flujos de comercio en un año electoral en EE. UU. y precipitar ajustes importantes en cadenas globales de suministro y decisiones de inversión.

Washington. — La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales porque exceden la autoridad legal que la Constitución y el Congreso otorgaron al Ejecutivo.

En una sentencia de 6 contra 3, el tribunal determinó que Trump no podía invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer amplios gravámenes sobre importaciones, como había hecho desde 2025 bajo la justificación de una “emergencia económica”. Según la mayoría del tribunal, esa ley no autoriza la imposición de aranceles, que constituyen un poder fiscal exclusivo del Congreso.

El fallo representa el revés legal más significativo que ha sufrido la administración Trump en materia económica desde que regresó a la Casa Blanca, marcando una restricción clara al uso de poderes ejecutivos para políticas comerciales de gran alcance.

Detalles del fallo

Los aranceles cuestionados incluían graves impuestos recíprocos aplicados a países como China, México, Canadá, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, y se basaban en decretos ejecutivos firmados por Trump que empleaban la IEEPA.

El fallo afirma que la IEEPA no concede autoridad para imponer impuestos o aranceles, pues eso es prerrogativa constitucional del Congreso de EE. UU.

La decisión invalida gran parte de la política arancelaria global del presidente bajo ese marco legal, aunque no afecta de momento a otros gravámenes establecidos bajo diferentes autoridades legales, como algunos aranceles bajo la Sección 232 relacionados con seguridad nacional.

Repercusiones económicas

El efecto de la sentencia es profundo:

Miles de millones de dólares en tarifas recaudadas podrían ser objeto de devolución si las empresas importadoras presentan reclamos ante las autoridades aduaneras.

La decisión ha generado volatilidad en los mercados financieros, con variaciones en acciones y bonos tras la noticia, dado que los aranceles influyeron en costos empresariales e inflación.

Socios comerciales clave —incluidos países de Europa y Asia— ven un cambio significativo en el comercio global, con la posibilidad de reconfigurar cadenas de suministro y relaciones comerciales.

Reacciones políticas

La sentencia ha sido acogida con críticas y elogios:

Grupos de consumidores y algunos líderes legislativos opositores al Gobierno celebraron la decisión como una reafirmación del equilibrio de poderes y un alivio para importadores y consumidores estadounidenses.

Trump calificó el veredicto de “desastre” y defendió sus políticas arancelarias como necesarias para la seguridad económica y para contrarrestar déficits comerciales, añadiendo que buscará alternativas legales.

Expertos legales señalan que el fallo refuerza los límites constitucionales al poder ejecutivo en materia fiscal, subrayando la necesidad de que el Congreso autorice directamente medidas de impacto económico tan amplio.

Contexto legal y constitucional

El centro del litigio fue la interpretación de la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977, una ley originalmente concebida para permitir al presidente regular transacciones económicas durante emergencias nacionales, no para imponer aranceles generalizados como herramienta política habitual. La Corte concluyó que la IEEPA no incluye ni autoriza específicamente la imposición de tarifas, lo que restringe el uso de esta ley en políticas comerciales de alto impacto.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar Ortiz, para dialogar sobre la construcción de la agenda indígena legislativa en Puebla.

En la capital del país, Gaspar Ramírez consideró un tema prioritario para avanzar, junto con los pueblos y comunidades indígenas, en el reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos originarios.

"Seguiremos trabajando para que los pueblos indígenas y afromexicanos estén representados en las decisiones de las instituciones del Estado, que fortalecen el acceso a la justicia y el respeto a su identidad y autonomía", indicó.

Seúl. — En un hecho sin precedentes recientes en la política surcoreana, fiscales especiales solicitaron este martes que el expresidente Yoon Suk Yeol sea condenado a pena de muerte por cargos de insurrección relacionados con su breve imposición de ley marcial en diciembre de 2024. La petición fue formulada en la Sala del Tribunal del Distrito Central de Seúl durante la fase final del juicio que enfrenta el exmandatario. 

¿Por qué piden la pena de muerte?

El equipo de fiscales, encabezado por el fiscal independiente Cho Eun-suk, argumentó que Yoon desempeñó un papel central en lo que describieron como un intento de insurrección al declarar la ley marcial, lo cual habría socavado el orden constitucional y amenazado la democracia surcoreana. La acusación sostiene que la medida buscó retener el poder mediante el uso de las fuerzas armadas y la policía para interferir con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. 

Bajo la legislación surcoreana, la insurrección es uno de los pocos delitos por los que se puede solicitar la pena máxima, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a ningún condenado desde 1997. 

Contexto de la ley marcial y el juicio

Los fiscales sostienen que Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 como respuesta a un conflicto político con la oposición, pero la medida fue retirada rápidamente tras una fuerte oposición del Parlamento y protestas ciudadanas. La crisis desencadenó un proceso de juicio político (impeachment) que culminó con su destitución en abril de 2025. 

Yoon enfrenta además varias causas penales por otros cargos, como abuso de poder y obstrucción a la justicia, aunque el cargo de insurrección es considerado el más grave del conjunto y el que da lugar a la petición de pena capital. 

Posibles penas y proceso judicial

Además de la muerte, la ley surcoreana contempla para este delito cadena perpetua con o sin trabajos forzados, por lo que, incluso si se llegara a dictar un veredicto de pena máxima, es probable que las apelaciones y recursos legales prolonguen el proceso. La sentencia final se espera en febrero de 2026, tras el cierre de la fase de argumentos finales. 

Significado político

El caso ha polarizado a la sociedad surcoreana y reavivado debates sobre el uso de la pena de muerte, la independencia judicial y los límites del poder presidencial. Analistas recuerdan que, aunque la pena capital figura en el Código Penal, en la práctica no se ha aplicado en décadas y su eventual restauración marcaría un hito legal y político en el país. 

Yoon Suk Yeol ha negado los cargos en su contra, alegando que sus decisiones fueron dentro de sus atribuciones y motivadas por la protección del Estado ante desafíos políticos, postura que su defensa ha reiterado mientras enfrenta múltiples causas judiciales. 

Ciudad de Panamá.- Este lunes 12 de enero inició finalmente el juicio por el caso Odebrecht, uno de los procesos judiciales más emblemáticos y prolongados en la historia reciente de Panamá, tras más de una década de investigaciones y seis aplazamientos desde 2023. 

Un proceso postergado que por fin inicia

La audiencia ordinaria se realizó pasadas las 9:00 a.m. en la Sala Segunda del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, bajo la presidencia de la jueza Baloísa Marquínez. 

Este intento de iniciar el juicio representa la séptima convocatoria después de múltiples demoras vinculadas a obstáculos procesales, asistencia judicial internacional pendiente y notificaciones a algunos de los acusados. 

Quiénes están implicados

Están llamados a responder ante la justicia 27 imputados, entre ellos exfuncionarios, banqueros y empresarios señalados por supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el marco del escándalo Odebrecht en Panamá. 

Entre los acusados figura el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien participó en la audiencia por videoconferencia desde Colombia, donde permanece en calidad de asilado político tras haber sido condenado en otro caso relacionado con lavado de dinero. 

Otros imputados, como el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, deberán enfrentar parte del proceso ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). 

Una década de investigaciones y complicaciones

El proceso contra Odebrecht en Panamá se remonta a 2015, cuando se presentó la denuncia que desencadenó una amplia investigación judicial sobre presuntas coimas pagadas por la constructora brasileña para obtener contratos de obra pública. 

Con un expediente que supera los 3,000 tomos, el Ministerio Público ha recabado más de 160 pruebas, más de 60 testigos y numerosas asistencias judiciales internacionales para sustentar la acusación. 

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, ha señalado que el proceso se encuentra en una fase decisiva y confía en que el juicio se desarrolle sin mayores contratiempos entre enero y febrero de 2026. 

Significado del caso

El juicio por el escándalo Odebrecht es considerado el mayor caso de corrupción en la historia de Panamá, dada la magnitud de los sobornos y el nivel de las personas involucradas. Ha sido observado de cerca por organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional como un termómetro de la lucha contra la impunidad y la corrupción en la región centroamericana. 

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil, con el objetivo de garantizar los derechos de todas las personas y atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de infancias trans. 

La propuesta legislativa considera reformas a los artículos 831 y 875 bis, donde se especifica que toda persona, sin distinción de edad, tiene derecho a solicitar un acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida.

Además, se agrega el artículo 875 quater, con la descripción del procedimiento sumario para actas para niñas, niños y adolescentes.  

La iniciativa presentada por la diputada retoma los requerimientos señalados por la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 73/2021.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que la empresa Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 33 mil 306 millones 476 mil 459 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), recargos y multas del ejercicio fiscal 2013.

¿Qué resolvió la Corte?

- El Pleno de la SCJN revocó el amparo promovido por Grupo Elektra, desechando el recurso interpuesto contra el crédito fiscal.
- La decisión deja firme la sentencia del tribunal colegiado, que obliga al pago completo del adeudo.
- El caso fue considerado sin interés constitucional excepcional, lo que permitió desechar el litigio.

Contexto del caso

- El litigio se remonta a agosto de 2024, cuando Elektra buscó ampararse contra el cobro millonario.
- La SCJN también multó a la empresa por intentar retrasar la sentencia, marcando un precedente en casos de evasión fiscal de grandes corporativos.

Reacciones y repercusiones

- El fallo representa la mayor derrota judicial de Salinas Pliego ante el máximo tribunal del país.
- Se trata de uno de los juicios fiscales más relevantes por su monto y por el perfil del empresario involucrado.
- La resolución podría influir en otros litigios fiscales pendientes del Grupo Salinas.

- Los afganos no tienen acceso a internet ni a redes telefónicas. Hasta ahora se desconoce si fue una orden del gobierno y si volverá la conectividad a ese país. 

DW (Deutsche Welle).- Afganistán permanece desde hace más de 26 horas en una situación de incomunicación prácticamente total tras el apagón nacional de internet y comunicaciones telefónicas en este país, sobre el que las autoridades de facto talibanes aún guardan silencio.

La interrupción de las comunicaciones comenzó el pasado lunes a las cinco de la tarde, hora local, según informaron medios afganos, cuando los servicios de fibra óptica en el país fueron totalmente interrumpidos y las redes móviles también cayeron, impidiendo el acceso a internet en todo el país.

"Han pasado 24 horas desde que Afganistán impuso un apagón nacional de internet, aislando a los residentes del resto del mundo; la medida en curso marca el regreso de los talibanes a los valores conservadores que defendieron hace un cuarto de siglo, limitando las libertades básicas", dijo NetBlocks, una organización internacional de monitoreo del acceso a internet.

Por el momento, los fundamentalistas, que ejercen el poder en este país asiático desde agosto de 2021, no han indicado explícitamente que el corte de acceso a internet haya sido ordenado por su parte, pero si ocurre semanas después que los talibanes prohibieran el acceso a internet por fibra óptica en zonas del norte del país, con el argumento de prevenir "actividades inmorales", limitando directamente la infraestructura de red en el país por primera vez.

En varias ocasiones, las autoridades del régimen han expresado su preocupación por la circulación de pornografía en línea y otros contenidos que consideran contrarios a su interpretación de la ley islámica o sharia, lo que ha servido como justificación para imponer restricciones digitales.

El gobernador de la provincia septentrional de Balj, una de las afectadas por los cortes de fibra óptica, aseguró que se establecerá un "sistema alternativo (a internet) dentro del país para las necesidades esenciales". Por su parte, varias organizaciones como el Afghan Women Activists Coordinating Body (AWACB), que denunció la desconexión, han indicado que ha sido "deliberada por los talibanes" y que aísla "a toda una nación del mundo y silencia las voces civiles".

Llamado internacional

Amnistía Internacional (AI) ha pedido en un comunicado a los talibanes que restauren de inmediato el acceso a internet en este país.

"El apagón de internet a nivel nacional impuesto por las autoridades de facto talibanes es una medida temeraria que tendrá consecuencias de gran alcance en la entrega de ayuda, el acceso a la atención sanitaria y otros servicios esenciales, en un momento en que Afganistán enfrenta múltiples crisis humanitarias que afectan a casi la mitad de la población de este país de casi 43 millones de habitantes", según la organización.

En Afganistán, los medios locales que aún operan han notificado problemas en negocios, hospitales u oficinas bancarias que no han podido funcionar como lo hacen habitualmente por el corte de internet y las telecomunicaciones. Además, la actividad aérea en el país ha resultado parcialmente afectada, con vuelos cancelados y miembros de la diáspora afgana han informado de que han perdido todas las comunicaciones con sus familiares en el país.

Por su parte, la ONU pidió al Gobierno talibán afgano que "restaure de inmediato" el servicio de internet y el acceso a las telecomunicaciones mientras que las autoridades del régimen no han explicado las razones de fondo de esta decisión.

(mn/efe, afp)

- El juez relator consideró como agravante que la acusación lo señalara "líder" de una "organización criminal" que conspiró para impedir la asunción de Lula al poder.

DW (Deutsche Welle).- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue condenado el jueves (11.09.2025) a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Corte Suprema decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado "líder" de una "organización criminal" que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.
Defensa anuncia apelación, EE.UU. protesta

Los abogados defensores del exmandatario adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", en una nota divulgada a la prensa.

Los letrados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno dijeron que consideran las penas "absurdamente excesivas y desproporcionadas", y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.

"La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria", reza el comunicado divulgado por los abogados tras el fallo, que fue condenado por el gobierno de Estados Unidos.

"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó el secretario de Estado Marco Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados. 

"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.
Ocho declarados culpables

Bolsonaro y los otros siete reos fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.
Conspiración en etapas

La trama fue desarrollada en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.

La conspiración pasó de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.

El líder progresista asumió el poder finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron de uno de esos campamentos en Brasilia para asaltar con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que ha llevado a las condenas y que, según la acusación, fue "liderada" y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de "perpetuarse en el poder" e instalar "una dictadura" en Brasil.

gs (efe, dpa)

- El cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense en Nueva York.

DW (Deutsche Welle).- Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró este lunes (25.08.2025) en un tribunal federal de Nueva York formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal.

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoce así haber liderado una organización criminal -el Cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Tras la declaración de culpabilidad, El Mayo -que lució uniforme azul y naranja de presidiario, pelo y barbas tan canas como tupidas y cierta vitalidad para los problemas de salud que le aquejan- evita así ser procesado en un juicio público, pero pierde su derecho a revocar la sentencia que le impondrá el juez encargado Brian M. Cogan.

El magistrado recalcó al capo que cada uno de los delitos de los que se ha declarado culpable conllevan pena de cadena perpetua, lo que podría concretarse cuando se lea la sentencia, el 13 de enero del próximo año.

Dos semanas antes de que se conozca la sentencia comenzarán las reuniones entre el juez y la Fiscalía, que emitirá una recomendación al respecto.

Además, el juez Cogan añadió que el Gobierno de EE.UU. valoró en 15.000 millones de dólares los bienes y activos que Zambada habría generado durante su medio siglo dedicado a actividades ilícitas, y que ahora tendría que aportar a la Justicia estadounidense.

ct (efe, afp)