- Con el voto de 122 de los 130 diputados, el Legislativo sacó del poder manera exprés a la mandataria.

DW (Deutsche Welle).- El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves (09.10.2025) de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

El presidente del Congreso de Perú, el derechista José Jerí, asumió en la madrugada como presidente interino del país tras la destitución exprés de Boluarte.

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

Tras su destitución, la Presidencia será asumida de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones.


La mandataria más impopular de Latinoamérica

Aunque llegó a la jefatura del Estado en diciembre de 2022 como una incógnita tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado, Dina Boluarte terminó convirtiéndose en la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica, mientras los peruanos la acusaban de incapaz, frívola y hasta "asesina".

Boluarte, que fue destituida este jueves en la noche por una abrumadora mayoría del Congreso, no contó durante su gestión con un partido ni una bancada propia, aunque permaneció en el cargo durante casi tres años respaldada por agrupaciones conservadoras, como el partido fujimorista Fuerza Popular.

El partido, que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), finalmente se sumó a las voces parlamentarias que apoyaron de manera casi unánime su vacancia (destitución) por su presunta incapacidad para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.


El ataque que provocó su caída

La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.

Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las redes sociales como un reguero de pólvora y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.

Natural de la provincia andina de Apurímac, esta abogada de 63 años llegó a la Presidencia tras ser elegida como vicepresidenta de Castillo, del que fue su ministra hasta poco antes de que intentase un golpe de Estado para evitar su destitución.

Su carrera política hasta entonces se limitaba a haber sido candidata alcaldesa del municipio de Lima donde reside. Su vida había transcurrido antes entre su familia y su trabajo como funcionaria en el Registro Civil.


Una mandataria sin bancada parlamentaria

Boluarte comenzó su gestión el 7 de diciembre de 2022 en medio de anuncios de fortalecimiento del sistema democrático y la economía, pero se dio de bruces con la realidad de no contar con una bancada parlamentaria propia y el rechazo de un gran sector de la ciudadanía, sobre todo de las regiones del sur del país.

El paso de los meses solo hizo empeorar su mala imagen entre los peruanos, al punto que en todos los sondeos de opinión de los últimos meses apareció como la gobernante más impopular de Latinoamérica, al contar con solo 3 % de aprobación, una cifra dentro del margen de error de las encuestas.

La permanencia de su Gobierno quedó en manos, entonces, de las fuerzas conservadoras que rechazaron diferentes propuestas para intentar sacarla del cargo, sobre todo después de que las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaran medio centenar de personas muertas.

Hasta seis mociones previas de destitución fracasaron gracias al apoyo de partidos como Alianza para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.


Numerosas investigaciones en contra  

Durante su mandato, la Fiscalía abrió a Boluarte numerosas investigaciones, tanto por la violenta represión de las manifestaciones, en los que contempla los delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves, así como por un presunto enriquecimiento ilícito en el llamado caso 'Rolexgate' tras haber exhibido joyas costosas y relojes de lujo no declarados. 

La ahora exmandataria también es investigada por presuntamente haber favorecido la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó hasta 2022 y cuya fórmula presidencial integró como candidata a vicepresidenta de Castillo.

Se le investiga, además, por no haber cumplido con la obligación de notificar debidamente al Congreso que iba a estar incapacitada para despachar cuando fue sometida en secreto a una serie de operaciones de cirugía estética en la nariz y el rostro.

El Ministerio Público sigue pesquisas, por otra parte, a la denuncia de que se reunió con la entonces fiscal general Patricia Benavides, destituida luego por presuntamente liderar una red corrupta en el Ministerio Público, con el supuesto fin de archivar una denuncia en su contra a cambio de mantener al director de la Policía.


Investigaciones y acusaciones suspendidas

El pasado 19 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que se debían suspender las investigaciones, y cualquier eventual acusación, contra Boluarte hasta el término de su mandato, que debía concluir el 28 de julio de 2026, ya que contaba con la inmunidad que le otorga su cargo.

Con su destitución por una "permanente incapacidad moral", se sumó a otros mandatarios que siguieron el mismo camino desde 2018, de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) a Martín Vizcarra (2018-2020), y su antecesor Pedro Castillo (2021-2022). EFE
 

jc (efe, afp, La República)

- Cuatro mociones de vacancia fueron anunciadas por distintos partidos alegando la incapacidad de la mandataria para enfrentar la criminalidad.

DW (Deutsche Welle).- El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pende de un hilo después de que la mayoría de las fuerzas políticas que respaldaron su permanencia en el cargo durante más de dos años señalaran que este mismo jueves (09.10.2025) se debe debatir y votar un pedido de vacancia (destitución) por su presunta "incapacidad moral permanente" para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.

La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego por desconocidos que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.

Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las protestas como un reguero de pólvora y generó el rechazo ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.


Del fujimorismo al izquierdismo

Ante la presión popular, los partidos, en su mayoría conservadores, que aseguraron la permanencia de la gobernante en el cargo, se reunieron de urgencia y paulatinamente fueron comunicando su apoyo a la destitución, que fue planteada en primer lugar por el partido ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Desde el partido Fuerza Popular, de la líder política Keiko Fujimori, hasta Alianza Para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, informaron su decisión de apoyar el fin del mandato de Boluarte.

López Aliaga, Fujimori y Acuña figuran, además, del empresario José Luna, del partido derechista Podemos Perú, como aspirantes a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026.

Se sumaron también otras bancadas de derecha como Acción Popular (AP) y Avanza País, y las bancadas de izquierda e independientes, que presentaron sus propias mociones de destitución de la gobernante, que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, del que era su vicepresidenta.

Al momento de explicar su decisión, los portavoces de las bancadas usaron términos como "inutilidad" e "incapacidad" del Gobierno, así como la necesidad de actuar "por el bien del país" para implementar un cambio de timón que permita imponer acciones férreas para combatir el avance de la criminalidad.


El procedimiento de destitución

De acuerdo con proyecciones de analistas y medios locales, el apoyo a la destitución es tan abrumador que puede alcanzar a más de 120 de los 130 legisladores del Congreso unicameral peruano.

El procedimiento parlamentario indica que las agrupaciones primero tienen que ponerse de acuerdo en los términos de la moción final que se presentará, tras lo cual este planteamiento deberá ser votado para determinar si se acepta a debate.

De proceder esta medida, el presidente del Congreso, el conservador José Jerí, deberá convocar a Boluarte para que se presente, o envíe a su defensa legal, ante el pleno, en un plazo máximo de tres días.

Tras ese procedimiento, que puede ser acelerado si cuenta con la votación de 104 legisladores, se iniciará el debate y votará para decidir si se aprueba la destitución, que requiere de 87 votos parlamentarios.

De concretarse esta acción, Boluarte se convertirá en la quinta presidenta peruana desde 2016 que dejará el cargo sin cumplir su período de gobierno, desde Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

jc (efe, La República, El Comercio)

- Los gremios exigen una reunión con el gobierno para abordar la crisis de inseguridad que afrontan por la extorsión y el sicariato.

DW (Deutsche Welle).- Los gremios de empresas de transporte de pasajeros de Lima y su vecina Callao que acataron este lunes (07.10.2025) un paro anunciaron que lo extenderán por 48 horas, a menos que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el primer ministro, Eduardo Arana, y el titular del Congreso, José Jerí, accedan a reunirse con ellos.

Los transportistas indicaron que en la reunión que exigen se debe abordar la crisis de inseguridad que afrontan por los casos de extorsión y sicariato (asesinato por encargo) que los afectan en los últimos meses.

En una rueda de prensa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, dijo que están "esperando la reunión con el premier (Arana) y la presidenta", conforme lo han solicitado sus bases como condición para levantar la protesta contra la criminalidad en las calles.

"No queremos establecer una posición de crisis en esta República. Sin embargo, es la posición que nos han encargado y tenemos que respetar", agregó el dirigente gremial sobre el anuncio de extender la paralización hasta el martes.

Ojeda remarcó que tienen "la esperanza que la reunión se dé hoy día" y pidió la comprensión de las autoridades, al asegurar que "tanto el premier, como la presidenta y el presidente del Congreso son peruanos".


Piden mesa de trabajo de alto nivel

Minutos antes, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Palomino, expresó indignación sobre las palabras de Boluarte sobre el paro de este lunes y comentó que la mandataria estaba tomando el tema "como una payasada".

"Se ha sacado la flota hasta las calles porque estamos pidiendo que no nos maten. (...) Se está invitando a Dina Boluarte, (...) porque nosotros estamos muriendo cada día", dijo Palomino a Canal N sobre la convocatoria hecha a los poderes del Estado a la conformación de una mesa de trabajo.

"Si no tenemos la aprobación inmediata de la mesa de trabajo de alto nivel es porque no priorizan un paro, por el que la población está preocupada y siendo afectada", agregó el transportista.


Policía bloquea protesta

A su vez, el legislador Juan Carlos Mori, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, dijo estar a la expectativa de que el titular del Parlamento, José Jerí, convoque a la formación de esa mesa técnica en las próximas horas.

"Hay un desinterés de todos los sectores, pero no podemos seguir tolerando (la criminalidad)", añadió el legislador del partido conservador Acción Popular.

Los transportistas de Lima y Callao intentaron dirigirse en una marcha con sus buses hasta el Congreso, pero la Policía Nacional les bloqueó el paso en varias avenidas del cono norte y este de la capital, razón por la cual se retiraron de la zona, pero otro grupo llegó a pie hasta las inmediaciones del Parlamento para exigir una respuesta de las autoridades a su reclamo contra la delincuencia organizada.

Cientos de camioneros bloquearon carreteras y quemaron neumáticos este lunes en Lima, en una nueva protesta contra la extorsión y los asesinatos de 47 conductores en lo que va del año a manos del crimen organizado.

jc (afp, La República, El Comercio)