Las deficiencias tendrán repercusión negativa en Puebla

Al entrar este 18 de julio en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, operará “sin dientes”, aseguran expertos y sus deficiencias tendrán repercusión en Puebla y demás estados del país.

Entra “sin dientes”, porque el Senado no ha nombrado aún al Fiscal Especial Anticorrupción; tampoco han nombrado los senadores a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que deben ser los encargados de investigar los delitos cometidos en materia de corrupción, y los magistrados van a ser los encargados de impartir la justicia y la imposición de penas.

Expuso lo anterior en entrevista el constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega, quien señala que, como opinan políticos, no habrá investigación ni imposición de penas en el Sistema Nacional Anticorrupción, por las deficiencias señaladas.

Además, tomando en cuenta lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que las declaraciones de los funcionarios públicos, aunque son de máxima publicidad, prevalece el principio de protección de datos personales, en muchos casos los ciudadanos no podrán estar enterados de las propiedades, bienes muebles e inmuebles que tienen los políticos o los representantes populares.

Función especial del Sistema será investigar a funcionarios de alto nivel como son los secretarios de estado, el Presidente de la República, diputados y senadores e inclusive a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y por lo que se refiere al Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, cuyo titular es la señora Jacqueline Peschard Mariscal, no tienen las decisiones que dicta  más que ser simples recomendaciones, y al final de cuentas no imponen sanciones.

En el asunto referente al espionaje del gobierno, que conoció este comité, se declaró que no tenía competencia porque correspondía a la Procuraduría General de la República.

En consecuencia, reiteró Tejeda Ortega, este comité inicia funciones con cierto temor de enfrentarse al gobierno federal y a los funcionarios públicos.

Estas deficiencias tendrán repercusión negativa en Puebla, donde debe funcionar, como en todos los estados mexicanos, su Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo titular que ya es criticado, ha sido nombrado por senadores que quieren una “fiscalía a modo” de los intereses de la política.