Feministas las apoyan; en contra, representantes de intereses familiares

Puebla, Pue.- En virtud de la reciente polémica que se ha presentado en el Estado de Oaxaca, en donde su Congreso despenalizó  el delito del aborto, mediante la figura denominada “Interrupción del embarazo dentro de las doce primeras semanas de la gestación´´, diversos grupos feministas han apoyado dicha despenalización, en tanto que otros que se dicen representar intereses de las familias mexicanas, están en contra”.

En el Estado de Puebla, en días recientes el Congreso local únicamente aprobó reducir las penas para aquellas personas que cometan el delito del aborto, reducción que antiguamente era de cinco años a un año, pero dicha figura penal sigue vigente.

Manifestó el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, que dos son las únicas entidades federativas que reconocen la despenalización del aborto, siendo éstas la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca.

En consecuencia, legisladoras morenistas del país, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, dieron a conocer que en próximos días van a presentar una iniciativa de ley para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en específico adicionar el artículo 73, en donde se establezca que solamente el Congreso de la Unión podrá legislar en materia de la despenalización del aborto o la interrupción del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación, tomando en cuenta la jurisprudencia que ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año dos mil cinco, en donde se establece que dicha figura es Constitucional.

El criterio del jurista Miguel Ángel Tejeda Ortega, al valorar dicha propuesta menciona que se violentaría la soberanía de los estados el adicionar la Constitución, ya que es competencia exclusiva de los Congresos locales legislar sobre la materia penal local, de los delitos que se cometan dentro de su territorio y no convertir al aborto en una figura de carácter federal.

Lo que se pretende con esta medida es centralizar facultades que originalmente corresponden a los estados, para otorgárselas al Congreso de la Unión, violentando el pacto federal.