Varias de esas figuras ya son vigentes  en la Capital del País

Puebla, Pue.- La convivencia social en el Estado de Puebla está en riesgo de ser violentada, de implantar diputados de la LX Legislatura diversas figuras jurídicas que desde años están vigentes en la Capital del País.

En el Congreso local algunos legisladores pretenden adoptar diversas instituciones, como la despenalización del aborto, la unión  entre personas del mismo sexo, la adopción de menores por uniones gay.

En días recientes la diputada Rocío García Olmedo presentó la iniciativa de ley, a fin de que, sin aprobación de todos o de la mayoría de sectores, se despenalice el aborto en el Estado.

En comentario, al ser entrevistado, el Constitucionalista Miguel Ángel Tejeda Ortega, relató que la famosa figura jurídica de “La interrupción del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación”, ya se encuentra contemplada antiguamente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Allá en la Capital del País se dio esta reforma desde el año dos mil siete, y confirmó su validez de constitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por lo cual no es algo novedoso en México.

Tejeda Ortega señaló que además, de esta figura jurídica posiblemente se pretenda implantar en Puebla el matrimonio igualitario, así como la adopción de menores por uniones gay, lo que también ya subsiste y es vigente en la Ciudad de México.

Tomando en cuenta la diversidad de criterios que existen en nuestro estado, Tejeda Ortega señaló que el Congreso local tiene la obligación de convocar a un parlamento abierto, en el que se escuchen todas las opiniones de la sociedad, así como de la Iglesia Católica y de las minorías en la diversidad sexual.

De no ser así la imposición de estas figuras jurídicas en Puebla, que favorecen a minorías determinadas, afectarían la sana convivencia en el Estado.

El jurista Tejeda Ortega especificó que no hay que tomar como ejemplo las reformas actuales, que se dieron en el Estado de Baja California, para ampliar el período de gobierno del Señor Jaime Bonilla, donde no se tomaron en cuenta opiniones y manifestaciones de la sociedad civil.