Problemática latente de carácter nacional sin atención sistemática, poniendo en riesgos a la sociedad, a las instalaciones de transporte de hidrocarburos por ducto y al medio ambiente.

Egresado del Instituto Politécnico Nacional con posgrado en Seguridad Industrial, administración de riesgos, protección civil, Sistemas de Administración de SISOPA.

Jubilado de PEMEX con 34 años de servicio y 3 años y medio laborando en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos ASEA) como Director de Protocolos de Respuesta a emergencias y Atención a Emergencias.

Actualmente soy Director General de la Empresa O&C Consultores Independientes S.A. de C.V. con 4 años de existencia.


I.- Prólogo

Como especialista en la prevención de accidentes, formado  por más de 40 años de experiencia en Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos (ASEA) y como Consultor Independiente, me preocupa y hago notar la indiferencia u omisión de autoridades, propietarios de los ductos de transporte de hidrocarburos y la inconciencia o ignorancia al riesgos de las personas que invaden las franjas de seguridad o derechos de vía (DDV), diseñados para alojar de manera subterránea y segura los ductos y sus instalaciones superficiales.

Durante mi trabajo en PEMEX,  se me asignó  la comisión de  tener contacto  con las autoridades de los gobiernos de los estados y municipales para analizar de manera coordinada, junto con las áreas operativas y administrativas de PEMEX, la posibilidad de lograr el desalojo de dichas invasiones y adoptar acuerdos para dejar libres los DDV, tarea que por varios años trabajamos para desalojar  las invasiones, invirtiendo recursos en reuniones, recorridos de campo y hasta reuniones con los invasores para explicarles el riesgo al que están expuestos.
Los resultados fueron poco productivos, quedando de manifiesto que detrás de toda esta problemática, existen otros intereses que me hacen pensar que es momento de denunciar ante ustedes lectores de la revista jurídica nacional PRESCRIPTIA. Por ello agradezco que se me permita difundir mis puntos de vista y recurrir a la opinión pública y de los abogados y especialistas juristas y se pudiera lograr el desalojo ordenado y justo, o al menos, sensibilizar a las partes involucradas y planear su solución.

II.-      Planteamiento del problema

El  transporte de  hidrocarburos en  México  como  en el  mundo,  está  regulado por  las autoridades de cada país. Antes de la Reforma Energética de 2014, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se autorregulaba a través de varias normas de referencia (NRF´s), para el caso de las Franjas de Seguridad o “Derechos de Vía” se elaboró la NRF-030-PEMEX-2009 donde se regulaba el ancho de la franja de terreno donde se alojan dichos ductos.

Con la aparición de la ASEA en 2015, esta autoridad normativa, el 31 de marzo del 2017, publica en el Diario Oficial de la Federación, las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte terrestre por medio de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos y el 5 de marzo del 2018, publica la NOM-007- ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos. En ambos documentos de cumplimiento obligatorio, se define el ancho mínimo de la Franja de Seguridad que debe tener el Sistema de Transporte por Ducto.

Diámetro nominal, milímetros
(pulgadas)    Ancho mínimo de la franja de seguridad, metros (pies)
    A    B    C
Hasta 200 (8)    7 (23)    2 (7)    5 (17)
De 250 (10) a 450 (18)    10 (33)    5 (17)    5 (17)
De 500 (20) y mayores    14 (46)    5 (17)    9 (30)

Por otra parte, en la Ley General de Asentamientos Humanos, se define en su Artículo 35 que a los Municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio. La zonificación deberá establecerse en los planes o programas de desarrollo urbano.

En la Ley General de Protección Civil (LGPC), en su Artículo 7 fracción VIII dice que le corresponde al Ejecutivo Federal Vigilar, mediante las dependencias y entidades competentes y conforme a las disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades. En su Artículo
84 se consigna que se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona
determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, de las entidades federativas y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Para concluir estas citas normativas, en el Artículo 87 de esta LGPC se dice que en el caso de los asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción. En ese sentido, en el Artículo 90 de la LGPC, se establece que “La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones legales aplicables”.

Entonces, si hay normatividad de carácter obligatorio y hay responsables de su cumplimiento, ¿porque hay invasiones y éstas siguen creciendo día a día y nadie hace nada para resolver y prevenir esta problemática?

III.- Registro de invasiones

Hasta el año 2013 en que laboré en Petróleos Mexicanos, en la Dirección Corporativa de Operaciones, se conformó un grupo multidisciplinario para atender y denunciar esta problemática, que además de los derechos de vía incluía a los terrenos propiedad de la institución. En dicho grupo de  trabajo se analizaba la información que  aportaban  los
Organismos Subsidiarios afectados (PEMEX-Exploración y Producción, PEMEX- Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y PEMEX-Petroquímica). Para atender esta problemática se definió una estrategia para lograr el desalojo de invasiones a DDV´s y terrenos propiedad de PEMEX, definida en los “Lineamientos Generales de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios para la protección de los Derechos de Vía Petroleros, contra ocupaciones irregulares”.

Hasta el año 2013, se contabilizó en Petróleos Mexicanos un censo de 3,048 invasiones a los DDV´s, de las cuales el 89% pertenecían a los Estados de Puebla con 870, Veracruz con 822, Edo. México con 505, Tabasco con 264 e Hidalgo con 240. De los cinco Estados con mayor cantidad de invasiones.

Como ejemplo de fichas prioritaria, se muestra a continuación una invasión al DDV 81, en
Nogales, Ver. Es una escuela que la cruzan un gasoducto de 24” Ø y un gasolinoducto de
12” Ø.

IV.-     Alternativas de solución

Para darle solución a la problemática solo se debe hacer cumplir la Ley y que cada quien adopte la responsabilidad que le corresponde. Sin embargo, esta problemática ya se hizo crónica y solo se espera a que ocurra el accidente para actuar y hacer el manejo mediático y político y todo sigue igual. Con el paso del tiempo, se olvidan de las tragedias, como la ocurrida en Tlalhuelipan, Hgo. el 18 de enero de 2019. No se observa una verdadera voluntad para resolverla y se tomen acciones preventivas para que no vuelva a ocurrir.

Gobiernos en turno han realizado soluciones parciales, como lo realizado por el Gobierno Municipal de Aguas Calientes, donde de manera coordinada  con PEMEX, decidieron desalojar las invasiones y acordar la construcción de un corredor lineal llamado “Línea verde”. No así en otros estados, donde se planearon estrategia de solución y quedaron en el tintero.
 

Derecho de vía en Aguas Calientes, Ags.

Desde mi punto de vista, considero que no les interesa la seguridad e integridad de las personas y de los alumnos que están sobre los ductos. Esta situación en algunos casos ha servido al robo de combustible, problema nacional que merece ser tratado en otra oportunidad.

Una estrategia que dio resultado en su primera etapa, fue la firma de los Convenio de Colaboración en materia de Protección Civil, firmados por los 31 Gobiernos de los Estados y PEMEX, atestiguando la Coordinación Nacional de Protección Civil. Sin embargo, una vez que cambiaron los gobiernos, a pesar de que su alcance fue perene, ya no se utilizan. Considero que se pudieran reactivar dichos convenios, involucrando ahora a los gobiernos municipales.

Otra estrategia que pudiera ser realizable, es el análisis casuístico, dando solución a cada uno de los “Contratos de Ocupación Superficial”, actualizando esta figura jurídica utilizada por PEMEX para poder alojar los ductos, sin afectar el uso del suelo. Para ello, es necesario invertir muchos recursos para levantar los estudios y lograr los desalojos, pero es factible.

V.-      Conclusión

De vital importancia para el desarrollo de México es el problema planteado, miles de familias, escuelas y centros de  congregación masiva, están expuestos al riesgo de explosión, incendio e intoxicación de materiales peligrosos. Para la Gestión del Riesgo de Desastres debe constituir un reto y una meta a lograr. México debe ser un país de leyes, donde cada quien cumpla con su responsabilidad. Las invasiones, son la punta del problema, engloba además problemas mayores como el Mercado ilícito de combustibles, problema que se dice se está atacando, pero la realidad es que persiste por la demanda clandestina, que merece ser tratado por las autoridades de seguridad pública.

Es necesario que las autoridades del ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, así como el Poder Judicial, realicen su tarea. La sociedad debe reconocer que consciente o inconsciente se están asentando indebidamente en zonas de alto riesgo, por lo tanto, corresponde a los ayuntamientos corregir y prevenir nuevas invasiones, con el apoyo de los gobiernos de los estados y federal.

Por su parte, Pemex que ha interpuesto las demandas ante la PGR ahora FGR para cada caso detectado, le corresponde dar seguimiento a dichas demandas y socializar en cada municipio el nivel y clasificación de las invasiones. La problemática es real y el riesgo es latente.

Durante las negociaciones que realizamos, se nos pidió que PEMEX pagara el desalojo; situación que nunca se aceptó. Por ello, es necesario adoptar una posición definitiva a esta problemática, en la que las evidencias hablan. Próximamente se tendrán invasiones en las franjas de seguridad de los ductos privados, lo que no se debe permitir. La función preventiva debe ser la prioridad, no esperar a que ocurra el accidente para actuar.