Ciudad de México.- El gobernador Tony Gali acudió a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se analizó la operación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En el encuentro, encabezado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el Presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, se detalló que el objetivo es establecer la distribución de competencias y la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para esclarecer los hechos de estos delitos.

Miguel Ángel Osorio Chong señaló que se estudiaron las obligaciones precisas de las entidades federativas y se delineó una ruta crítica para su debida implementación.

"Se trata de cubrir a cabalidad las responsabilidades que, como estado mexicano, hemos adquirido en dos temas fundamentales, uno: la investigación y sanción de todos los tipos penales que define la ley; y segundo: la consolidación de mecanismos ágiles y efectivos de búsqueda, que funcionen bien", mencionó.

El mandatario Tony Gali reiteró su compromiso de mantener una agenda común con todos los estados, en especial con los que colindan con Puebla, para fortalecer la seguridad y la ejecución de esta norma, a fin de garantizar la tranquilidad de las familias.

Informó que su administración desarrolla estrategias para dar seguimiento puntual y solución a las desapariciones. Asimismo, comentó que hay cooperación permanente con las comunidades indígenas en materia preventiva.

Estuvieron presentes el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.

También mandatarios, procuradores y fiscales de las entidades; así como el Secretario General de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco; el Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá y el senador Javier Lozano.

Suman a la fecha 29 mil 917 los casos de no localizados, según Gobernación

Noventa de los 128 senadores de la República aprobaron este jueves el proyecto de decreto de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega  informó  en entrevista que la senadora María del Pilar Ortega Martínez fue quien presentó este proyecto, ya que diversos organismos internacionales han formulado al Estado Mexicano recomendaciones sobre la necesidad de contar con medidas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La ponente expuso que de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, al corte del 30 de noviembre de 2016 se tiene un total de 29 mil 917 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México.

Tejeda Ortega por su parte señaló que este número de desaparecidos se ha registrado durante el pasado sexenio y el actual, y la propuesta de proyecto de ley responde también a la iniciativa de organizaciones civiles y a presiones de los padres de familia de normalistas de Ayotzinapa.

La senadora anunció además la creación de un Consejo Ciudadano como órgano de consulta del Sistema Nacional, que tiene como objetivo fundamental el involucramiento de la sociedad civil y de las víctimas, en el seguimiento de las actividades que desarrollará el Sistema en Materia de Búsqueda de Personas.

Tejeda Ortega, también notario público, agregó que de igual manera se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, que será la encargada de ejecutar esta ley, cuyo proyecto aprobado por los senadores fue turnado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, de ser aprobado también, entre en vigor.
 
Lo importante de esta ley, resaltó,  es en el sentido de que se agravan las penas para quienes participen en la desaparición forzosa de personas, cometan delito de desaparición de éstas o colaboren para la desaparición de las mismas.

Estas penalidades serán de 40 a 60 años de prisión  para quienes ejecuten los actos de desaparición. Y de 10 a 15 años  a los que colaboren en alguna forma o para incinerar restos humanos.

El  Sistema Nacional de Búsqueda coordinará a los diferentes órganos del Estado Mexicano para  conocer la ubicación de personas, su localización o sus restos.

Comentó el constitucionalista que el senador Manuel Bartlett Díaz dijo que esta ley es sólo un paliativo, porque después de las más de 29 mil  desapariciones de personas, no se han identificado sus restos ni se sabe dónde se encuentran, por lo cual  “no sirve para nada la ley”. Mientras quienes aprobaron el proyecto aseguran que esta misma ley va a beneficiar a la sociedad.

Sobre el caso de Ayotzinapa, Tejeda Ortega se refirió a que sólo se habla de personas que ya están detenidas como presuntas culpables de la desaparición de 43 normalistas, como policías municipales de Iguala, su exalcalde José Luis Abarca y esposa María de los Ángeles Pineda. Del resto de casos de desaparecidos no hay a la fecha más gente en cárceles por la presunta comisión de estos delitos.