Columna | P u l s o   P o l i t i c o
 
     Políticos y abogados consideran que la iniciativa para crear un Organismo Público Descentralizado (OPD) para administrar la prestación de servicios y los recursos obtenidos por los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec, es anticonstitucional.

     El municipio libre y autónomo, es la base de nuestra organización política y  está amparado por la Constitución General de la República, en su artículo 115.

     Pretender que un organismo no contemplado en ninguna ley, absorba las funciones de los ayuntamientos de cinco municipios, va contra la ley suprema de la nación y contra los usos y costumbres de nuestros pueblos.

     La administración pública es algo muy diferente a la administración privada,  reconoció hace poco el primer presidente panista que hubo en el país, Vicente Fox, quien se dio cuenta de eso, dos años después de haber asumido la presidencia de la república, según el mismo dijo. “Cometí muchos errores por eso”, señaló.

     El artículo 115 establece claramente, que frente a un ayuntamiento no puede haber ningún organismo que haga las funciones de autoridad municipal. Fue esa la base que empleó el diputado panista de la época del doctor Alfredo Toxqui, licenciado Liborio Hernández Xochitiotzin, especializado en cuestiones municipales, para echar abajo a la Junta de Mejoras, un organismo privado, creado para hacer funciones que corresponden a la autoridad municipal, como tapado de baches y pavimentación de calles, principalmente.

     La propuesta de Hernández Xochitiotzin, no fue aprobada de inmediato, pese a que fue apoyada por diputados del PPS, del PARM y por cuatro priistas. Sin embargo, el mismo PRI desapareció a la mencionada Junta de Mejoras, en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, basado en los razonamientos del panista.

     Si el Congreso, sin analizar, sin discutir, sin siquiera hablar en buenos términos sobre los pros y los contras de la propuesta, como ha sido costumbre en las legislaturas pasada y en esta, los ayuntamientos deberían, dicen nuestros opinantes, solicitar un amparo de la Suprema Corte, con la seguridad de que lo ganarían.

     No existe, ni ha existido en México un organismo como el que se está proponiendo.    

    Los municipios de este país, más de 2 mil, están gobernados por ayuntamientos, organizados en la forma siguiente: un presidente municipal o primer regidor, un síndico municipal y el número de regidores que en cada municipio varía. Si el Congreso aprueba esta iniciativa, el nuevo gobierno que presidirá Antonio Gali, tendrá problemas legales y políticos desde el inicio de su gobierno.

    Los presidentes municipales, desde el de Puebla capital, con dos millones de habitantes, hasta el de Totoltepec, con menos de mil habitantes, fueron electos por el pueblo para un periodo de casi cinco años (por las razones que ya se conocen) y son autoridad municipal y no gerentes o subgerentes a los que se les pueden restar funciones de las que legalmente tienen. No son empleados administrativos a los que se pueda cesar en cualquier momento o bajar de categoría.

    Los estadounidenses, según Trump, ya pueden estar tranquilos. Su nuevo presidente ya firmó la orden para iniciar la construcción del muro en la frontera con México y autorizó el aumento de cinco mil elementos para fortalecer a la “guardia fronteriza” lo que impedirá que los malosos mexicanos y otros especímenes (centroamericanos, sudamericanos, africanos, cubanos y asiáticos, se cuelen por la frontera sur de los Estados Unidos)

     Se supone que ellos, los gringos, ya se van a encargar de parar a los narcotraficantes antes de entrar en su territorio, lo que va a provocar crisis nerviosas entre los millones de adictos a las drogas que hay en ese país.

     Es el momento para que México deje de depender de Estados Unidos en ese aspecto. Al narcotráfico se le debe combatir con sistemas y cuerpos de seguridad nuestros.

     Durante años los estadounidenses han impuesto sus sistemas y su voluntad aquí para eso, para combatir el narcotráfico, con muy pobres resultados y eso ha costado a nuestro país vidas de muchos jóvenes.

    La obligación de México es parar la sangría y el multimillonario gasto que se canaliza para esa guerra, que a quien realmente beneficia, es al vecino y no a nosotros. Lo que el gobierno mexicano está obligado a hacer, es una campaña permanente para evitar que nuestros jóvenes, como los gringos, caigan en el consumo de drogas.

• Impulsará el turismo para mantener a Puebla en los primeros lugares a nivel nacional

Puebla, Puebla.- El gobernador electo, Tony Gali, se comprometió a implementar acciones en materia de turismo en todas las regiones del estado para fortalecer la derrama económica.

Tony Gali destacó que dignificará los ex Conventos que se ubican en los municipios de Tecali de Herrera, Amozoc, Tecamachalco y en la junta auxiliar San Francisco Totimehuacán, de la capital.

Informó que se asignaron recursos por parte de la Secretaría de Turismo Estatal para trabajar en la remodelación de estos vestigios que contribuirán a la llegada de más visitantes.

Reconoció la labor del mandatario Rafael Moreno Valle para colocar a Puebla como destino turístico con el mejoramiento de imágenes urbanas y la obtención de las denominaciones de Pueblos Mágicos.

Tony Gali aseguró que continuará con los programas exitosos y proyectará los atractivos turísticos de la entidad, en beneficio de los poblanos.

Adicionalmente, indicó que promoverá la instalación de nuevos negocios para garantizar el desarrollo de las comunidades y sus habitantes.

• La Comisión de Fortalecimiento al Federalismo se pronuncia por que los estados y los municipios cuenten con más seguridad.
• El diputado del PAN, mencionó que se solicitarán más recursos para el ejercicio 2017 en el combate a la inseguridad.
 
Durante la novena reunión ordinaria de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados, que preside Juan Pablo Piña Kurczyn, se discutió y aprobó la Opinión al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PPEF 2017).

De esta manera y con unanimidad de votos de sus integrantes, la Comisión aprobó una opinión en el sentido de que se aumenten los recursos al Ramo 33 y en especial al Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados (FASP), ya que el mismo no contempla un aumento, designándose una cantidad de 7,000 millones de pesos, monto igual a la que se asignó en el Presupuesto de Egresos del año pasado.
 
Este fondo tiene por objeto repartir recursos tanto a las entidades federativas como a los municipios del país con el fin de fortalecer la seguridad pública.
 
Asimismo, la opinión solicita al ejecutivo federal se establezcan reglas de operación flexibles, de manera que los recursos contemplados en los Ramos 28 y 33 sean accesibles para todos los municipios del país, y así puedan ser ejercidos de manera expedita y transparente en beneficio de la población.
 
La Opinión aprobada por la Comisión será enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para ser considerada para la elaboración del dictamen que será puesta a disposición de los diputados para votarla en el pleno en los próximos días.