Caracas.- El gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, solicitó formalmente el respaldo de la OPEP/OPEP+ para frenar lo que califica como una “agresión” por parte de Estados Unidos que —según Caracas— pone en riesgo sus reservas de crudo y la estabilidad del mercado petrolero mundial.

La petición fue formalizada mediante una carta firmada por Maduro que fue leída durante la segunda conferencia ministerial 2025 de la OPEP+. En ella, Venezuela advierte que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe —desde agosto—, compuesta por decenas de buques de guerra, miles de efectivos y maniobras aéreas, representa una "amenaza directa" contra su soberanía y su principal recurso natural: el petróleo.

El gobierno venezolano sostiene que el operativo estadounidense, presentado oficialmente como lucha contra el narcotráfico, en realidad tiene como objetivo desestabilizar al país, debilitar su producción petrolera y forzar un cambio de régimen. Esta situación, advierte Caracas, no solo afectaría a Venezuela sino que también podría desestabilizar los equilibrios del mercado energético global.

En su carta, Venezuela hace un llamado a los miembros de la OPEP+ —entre ellos potencias petroleras como Arabia Saudita, Rusia y otros estados productores— a “hacer valer su influencia colectiva” para persuadir a Washington de cesar lo que Caracas define como hostigamiento militar. El país sudamericano solicita así apoyo diplomático y político, bajo el argumento de que el conflicto trasciende los intereses nacionales y tiene implicaciones globales. 

Por su parte, representantes venezolanos aseguran que mantendrán su firmeza en defensa de sus recursos energéticos y advierten que no aceptarán “chantajes o amenazas” de ningún tipo, reafirmando su disposición a resistir cualquier intento de intervención extranjera. 


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- La decisión responde a la presencia del destructor USS Gravely en Puerto España, lo que Caracas considera una amenaza directa a su soberanía.

Caracas, Venezuela — 27 de octubre de 2025. El gobierno venezolano anunció la suspensión inmediata del acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago desde 2015, luego de que el país insular recibiera al buque de guerra estadounidense USS Gravely (DDG-107) para realizar ejercicios militares en el Caribe.

La medida fue confirmada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien encabeza el Ministerio de Hidrocarburos. Según Rodríguez, tanto su despacho como la estatal PDVSA recomendaron al presidente Nicolás Maduro romper el acuerdo, alegando que la presencia militar estadounidense representa una amenaza directa a la seguridad regional y a los intereses estratégicos de Venezuela.

Maduro calificó la maniobra como una “provocación” y acusó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de convertir su territorio en “un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela y Suramérica”.

El acuerdo energético entre ambas naciones incluía cooperación en materia de gas natural, con proyectos conjuntos para la explotación de yacimientos en aguas compartidas. Su suspensión podría tener implicaciones económicas y geopolíticas en la región, especialmente en el contexto de las operaciones antinarcóticos que Estados Unidos despliega en el Caribe.

La ruptura se da en medio de un clima de creciente tensión entre Caracas y Washington, y podría afectar otros convenios bilaterales en el área energética y comercial. Hasta el momento, Trinidad y Tobago no ha emitido una respuesta oficial al anuncio venezolano.


Contexto del acuerdo

- Inicio: 2015, con foco en la explotación conjunta de gas natural.
- Participantes: PDVSA (Venezuela) y empresas estatales trinitenses.
- Objetivo: Aprovechamiento de yacimientos en la frontera marítima compartida.
Reacciones
- Gobierno venezolano: Denuncia “acciones hostiles” por parte de EE.UU. y sus aliados.
- Analistas regionales: Advierten sobre el impacto en la seguridad energética del Caribe.

La suspensión del acuerdo marca un nuevo episodio en la compleja relación entre Venezuela y sus vecinos, en un momento donde las alianzas estratégicas y los intereses militares se entrelazan con los recursos energéticos.


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Caracas.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el país cuenta con más de 5.000 misiles antiaéreos de fabricación rusa, modelo Igla-S, desplegados estratégicamente en todo el territorio nacional. La declaración se dio durante un acto oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por su presencia militar en el mar Caribe.

Maduro calificó los Igla-S como “una de las armas más poderosas que hay” y afirmó que están ubicados en “puestos claves de la defensa antiaérea” para garantizar “la paz, la estabilidad y la tranquilidad del pueblo venezolano”. “Más de 5.000... el que entendió, entendió”, expresó el mandatario, acompañado por altos mandos militares.

El anuncio se interpreta como una demostración de fuerza ante el despliegue de unidades navales estadounidenses en la región, que el gobierno venezolano considera una amenaza directa. Maduro también mencionó que el país dispone de equipos de simulación y miles de operadores entrenados para el uso de estos sistemas, incluso en zonas remotas del país.

Los misiles Igla-S son sistemas portátiles de defensa antiaérea diseñados para neutralizar aeronaves a baja altitud. Su presencia en Venezuela ha sido parte de acuerdos militares con Rusia en años recientes, aunque esta es la primera vez que se revela públicamente una cifra tan elevada.

La comunidad internacional observa con atención este nuevo capítulo en la relación bilateral entre Caracas y Washington, en un contexto marcado por sanciones, tensiones geopolíticas y acusaciones cruzadas.

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Martes, 21 Octubre 2025 10:39

Francia: expresidente Sarkozy en prisión

París, Francia — 21 de octubre de 2025. En un hecho histórico para la política francesa, el expresidente Nicolas Sarkozy ingresó este martes a la prisión de La Santé, en París, para cumplir una condena de cinco años por asociación ilícita y financiamiento ilegal de su campaña presidencial en 2007.

La sentencia, dictada por un tribunal en septiembre, lo convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las investigaciones revelaron que su campaña habría recibido fondos del régimen del exdictador libio Muamar el Gadafi.

Sarkozy, de 70 años, denunció su ingreso como un “escándalo judicial” y afirmó en redes sociales que “encierran a un inocente”, mientras su equipo legal prepara un recurso de apelación que será revisado en los próximos meses.

Acompañado por su esposa, la cantante Carla Bruni, y sus hijos, el exmandatario recibió muestras de apoyo de simpatizantes a las afueras de su domicilio antes de ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad.

La condena ha reavivado el debate sobre la ejecución provisional de sentencias en casos de alto perfil, así como sobre la transparencia en el financiamiento político en Francia.

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