A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Los Presidentes del COLEGIO DE JURISCONSULTOS DE PUEBLA Y DEL FORO DE PENALISTAS DE PUEBLA, así como de la ACADEMIA POBLANA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS, manifestamos nuestra preocupación y malestar que existe entre los abogados no sólo de nuestras asociaciones, sino en general de la ciudadanía, por la crisis de funcionalidad y eficacia en que está inmerso el PODER JUDICIAL DEL ESTADO que preside el Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, ya que de acuerdo con el INDICE DE ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO 2018 del WORLD JUSTICE PROJECT (WPJ), Puebla es la cuarta entidad con peor estado de derecho a nivel nacional, con un puntaje de 0.36; los rubros en que peor se encuentra la entidad son en impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos, donde logró la segunda y tercera peor evaluación. En justicia penal obtuvo la segunda peor calificación, con 0.31 puntos de un máximo de 1, obtuvo bajos puntajes en investigación eficaz peal con 0.16, en procuración e impartición de justicia eficiente0.30, derechos de las víctimas 0.38, debido proceso legal 0.41; justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción 0.34 y en sistema penitenciario seguro y respetuoso de derechos humanos. En Reinserción social el CERESO DE PUEBLA fue considerada la segunda prisión más corrupta del país. En Justicia civil, Puebla obtuvo la tercera peor calificación, con 0.32; en gobierno abierto 0.34 puntos que lo coloca en el lugar 27 nacional; en” límites al poder gubernamental” promedio 0.38 que le dio el lugar 26. La ausencia de corrupción se quedó con 0.33 puntos que lo coloca en el lugar 22.

A todo lo anterior, hay que agregar las prácticas que surgieron durante el sexenio morenovallista y el Gobierno de Antonio Gali Fayad invadiendo al Poder Judicial, quitándole autonomía de gestión y presupuestal,  así como nombrando magistrados sin experiencia ni carrera judicial, como los casos de Roberto Flores Toledano, Roberto Grajales Espina, Israel Mancilla y Jorge Benito Cruz Bermúdez, privando del derecho de los jueces con experiencia para ocupar dichos cargos. Por lo que pedimos que la actual legislatura revise dichos nombramientos y en su caso se investigue su desempeño.

Además se investiguen a fondo los casos de corrupción, de magistrados y jueces que litigan asuntos por medio de despachos y prestanombres, tráfico de plazas de base entre el Presidente y la Secretaria del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado fomentando el nepotismo y terrorismo laboral en los espacios de las salas y tribunales de primera instancia.

Cabe destacar el caso del juzgado Sexto de lo Familiar a cargo de la jueza ALICIA HERNÁNDEZ ROJAS, protegida del Presidente del Tribunal, quién desde que estaba en el juzgado quinto familiar se dedicó a sembrar el terrorismo laboral, traficando las plazas de los trabajadores y llegando a laborar a la 1 de la tarde , con un pésimo desempeño y atraso en el trabajo del juzgado y quién a pesar de tener varias quejas de litigantes en su contra ante el Consejo de la Judicatura, presume de la protección que le brinda Héctor Sánchez Sánchez por tener en su juzgado asuntos del despacho del Presidente.

Incluso logró colocar a su hija ALICIA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ como secretaria proyectista en la Cuarta Sala Civil. Otros casos de nepotismo son: de la Magistrada Margarita Gayosso Ponce quién colocó a su hermana Beatriz como Directora de Control y Evaluación de Proyectos. De la Jueza María Belém Olivares Lobato, quién colocó a su hermana Sandra Nelly como Jefa del Instituto de Estudios Judiciales. De la Jueza María Alicia Ortíz Márquez quién colocó a su esposo Alejandro Ramirez Cante como Juez de Chignahuapan y a su hermana Silvia como Secretaria de acuerdos en el Juzgado Décimo primero especializado en asuntos financieros. De la jueza María de Lourdes López Herrera quién colocó a su hermano Luis como Jefe de recursos materiales del Tribunal. Del Magistrado Joel Daniel Baltazar Cruz quién colocó a su hijo José Daniel Baltazar Ávalos como Jefe de causa del Juzgado de Oralidad Penal y ejecución en Libres Puebla. Los casos abundan e involucran igual a jueces, magistrados, funcionarios, diligenciarios y mecanógrafas, con lo que se afectan los derechos y antigüedad de quienes por años han laborado en el Poder Judicial y con el pretexto de que no hay plazas vacantes, se les niega el derecho a obtener una base.

Finalmente, hacemos patente nuestra inconformidad respecto al cobro de copias certificadas de los expedientes aprobada por el Congreso del Estado y puesta en marcha por el tribunal Superior de Justicia en todos los juzgados y salas a partir de marzo de este año, afectando la economía de las personas que tramitan algún juicio y convirtiendo a los juzgados en oficinas recaudadoras de ingresos del Estado, por ello acudiremos ante los Diputados del Congreso para pedirles echen abajo este cobro, como ya ocurrió en el vecino Estado de Tlaxcala y se deje de encarecer una justicia que no cuenta con la confianza de los ciudadanos y hoy se encuentra en el último lugar de los estados del país.

ATENTAMENTE.

PUEBLA, PUE. A 6 DE MAYO DE 2019.