Se pretendía construir ahí nuevo parque ecológico y remodelar el Lago de Texcoco

Puebla, Pue.- La inundación intencionada de obras en áreas donde se proyecta construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que fue suspendida por un Tribunal Federal y por un amparo interpuesto, resulta favorable para la sociedad, según estudios de ambientalistas.

De esta forma nuevamente el Poder Judicial de la Federación toma el control de la Constitución y de los actos que vayan en contra de ellos, con el caso de la determinación del actual director del Parque Ecológico del lago de Texcoco, en donde se encuentran ubicadas las obras de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Este director pretende inundar las obras que se encuentran en el NAIM, valuadas en más de sesenta mil millones de pesos, supuestamente para crear nuevo parque y remodelar el lago de Texcoco, toda vez que dicha obra fue cancelada a finales del año pasado por el actual Presidente de México.

Las organizaciones civiles “Mexicanos contra la corrupción” y “No más al derroche del gobierno”, han interpuesto más de ciento cuarenta y siete amparos en contra de la cancelación de lo que sería el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado en el lago de Texcoco, así como la construcción de la ampliación de dos nuevas pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.

En entrevista con el Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, explicó que la suspensión definitiva que se concedió en un amparo por parte de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, en contra de la pretensión de inundar intencionalmente las obras del NAIM, es favorable para la sociedad y se encuentra fundamentada dicha suspensión en lo que establece el artículo 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asienta: “Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social”.

El jurista Tejeda Ortega señaló que el interés social de la suspensión de la inundación del NAIM, consiste en considerar la gran inversión de más de sesenta mil millones de pesos que fueron erogados para dicha construcción; dinero que se obtuvo con la mayor parte de los impuestos que pagamos los mexicanos al hacer uso de un aeropuerto internacional en México, conocido dicho impuesto como el TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto); que a veces dicho impuesto puede ser tan gravoso como el pago del propio boleto de avión.

En consecuencia el inundar dichas obras en forma intencional provocaría un gran perjuicio a la sociedad mexicana.

Esta no es la primera vez que el Poder Judicial de la Federación paraliza la ejecución de obras que pretende el Presidente de la República, pues también está el caso de la suspensión de la construcción de las pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, por no existir los dictámenes ambientales y estudios periciales necesarios para justificar que dicha obra sea viable.

También hay que tomar en cuenta que en el Estado de Chihuahua se están concediendo suspensiones de amparo en contra del recorte de presupuesto a las guarderías o estancias infantiles, que afectan gravemente al interés superior del menor, obligando al Gobierno Federal a entregar el presupuesto destinado a éstas para su pleno funcionamiento.