•    El gobernador consideró que los hechos registrados el 1 de junio en Casa Aguayo fueron un amago al Gobierno del Estado.
•    Las fuerzas policiacas actuaron ante las agresiones hechas por parte de normalistas de Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos; no hubo violación a los derechos humanos, destacó.
•    Esta movilización tiene una connotación política por las elecciones del 6 de junio, agregó.

PUEBLA, Pue. - Al reiterar su respaldo a las normales rurales y a las manifestaciones, el gobernador Miguel Barbosa Huerta expresó que el uso de la fuerza pública no es una característica de su administración, pues ha quedado en claro que el diálogo es su prioridad para resolver cualquier tipo de demandas de las y los poblanos; en este caso, como las de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el mandatario consideró que los hechos registrados el 1 de junio en Casa Aguayo fueron un amago al Gobierno del Estado. Por esta razón, dijo, las fuerzas policiacas actuaron para detener las agresiones hechas por parte de normalistas de Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos. En este tema, aclaró que no hubo violación a los derechos humanos y en todo momento se procedió conforme a la ley.

“El uso de la fuerza no es de este gobierno, no es de este gobierno su medio, su táctica, su instrumento, no lo es, no es el uso de la fuerza, ni instrumento, ni táctica, ni forma de actuar, pero ayer fueron agredidas instalaciones del Gobierno; si no se hubiera actuado con la debida estrategia policial, el hecho pudo llegar a mayores”, indicó el titular del Ejecutivo.

Barbosa Huerta agregó que por los acontecimientos del 1 de junio fueron detenidas 43 personas, mismas que fueron llevadas a las instalaciones del C5 para emitir su declaración. Indicó que después de certificar su salud y realizar las acciones correspondientes, quedaron en libertad sujetas a los procedimientos de ley.

Recordó que todas las necesidades de las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” están cubiertas, por lo que, consideró, la protesta del pasado martes forma parte de una estrategia nacional que tiene fines políticos de cara a la elección de este domingo 6 de junio.

Finalmente, instruyó al secretario de Educación en el estado, Melitón Lozano Pérez para entablar de manera inmediata una mesa de trabajo con las alumnas de la normal de Teteles y se resuelvan sus peticiones por la vía del diálogo, sin que estén presentes intermediarios o personas de organizaciones u otras instituciones.

En Ayotzinapa  expertos investigadores declaran "crimen de  estado"

Puebla, Pue.-  A cinco años del asesinato de cuarenta y tres normalistas de la población de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, 77 personas presuntas responsables de los homicidios han obtenido su libertad por parte de Jueces de Distrito Federales, tomando en cuenta que fueron torturados por parte de las Policías para obtener sus declaraciones.

Se encuentran además otras doce personas pendientes de gozar de su libertad, por vicios y desaseo de las carpetas de investigación que integró incorrectamente la Fiscalía General de la República.

Según declaraciones del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se volverá a revisar todo lo actuado por la Fiscalía General de la República desde la fecha de los asesinatos, 26 de septiembre del año 2014, hasta nuestros días, por una incorrecta integración de las carpetas de investigación: además de que se citará a declarar al ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por su posible negligencia en las investigaciones correspondientes.

El jurista Miguel Ángel Tejeda Ortega comentó en cuanto a los antecedentes de este caso que ha conmocionado a la nación y a la comunidad internacional, lo siguiente: Que el día 26 de septiembre del año 2014, decenas de estudiantes normalistas de la Universidad de Ayotzinapa se dedicaron a secuestrar autobuses para poder viajar a México y expresar su inconformidad en contra de gobiernos priistas, por la matanza del 2 de octubre del año 1968. El secuestro de autobuses era común y con pleno consentimiento de concesionarios de las líneas  que operan en la Ciudad de Iguala, Gro.

Que de los autobuses secuestrados fueron dos que ocuparon cuarenta y tres normalistas que, por circunstancias extrañas, fueron detenidos en la Ciudad de Iguala por Policías Municipales, Federales e inclusive por militares que forman parte del 27 Batallón del Ejército en esa región.

Que fue en el transcurso de la noche del 26 de septiembre el momento en que, según versiones de algunos testigos, se dio la desaparición forzada de los cuarenta y tres normalistas, y señalan algunas investigaciones, fueron asesinados y quemados sus cuerpos en un basurero de la Ciudad de Iguala llamado Cocula, para después dichos restos ser depositados en bolsas de plástico y arrojados al río San Juan de esa localidad, como lo declaró el entonces Procurador Jesús Murillo Karam, reiterando que ésta era la verdad histórica del caso, pero sin determinar quiénes habían sido los asesinos.

Por otra parte, representantes de la organización de la OEA y peritos provenientes de Argentina, después de llevar a cabo sus investigaciones  a invitación del Gobierno Federal, llegaron a la conclusión de que los cuerpos de los 43 normalistas no se podían incinerar en el basurero de Cocula, ya que se necesitaban intensidades de calor mayores a las que enunció la Procuraduría General, además de que en ese día estuvo lloviendo en la Ciudad de Iguala,  lo que desvirtuó la declaración del Procurador Murillo Karam, quien a final de cuentas renunció a dicho cargo en días posteriores.

Expertos en la investigación han señalado que en la matanza de los 43 jóvenes normalistas participaron elementos de la Policía Municipal de Iguala, la Policía Federal de Caminos de dicha región y por supuesto elementos del Ejército Mexicano, del 27 Batallón con residencia en ese lugar, por lo que se considera que fue ´´un crimen de estado´´, en el que  los principales responsables por negligencia en la integración de la investigación, son Enrique Peña Nieto ( en su calidad de presidente en ese tiempo), su Procurador Jesús Murillo Karam y colaboradores cercanos a éste, por lo que se debe citar a declarar a estos personajes, y  a elementos del crimen organizado, ya que existen versiones de que los dos camiones en su interior llevaban droga valuada en más de dos millones de dólares, que desconocían los propios normalistas.

Finalmente Tejeda Ortega señaló que como cosa curiosa, en el 27 Batallón del Ejército en Iguala se encuentran instalados hornos crematorios, por lo que también pueden estar implicados militares en dicha matanza y se les debe de investigar, pues ya se encuentran detenidos y aún no han sido sentenciados el ex Presidente de Iguala José Luís Abarca y su señora esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes por violaciones al debido proceso también pueden obtener su libertad, no obstante que se les relaciona con el crimen organizado en el Estado de Guerrero.