Cuando se alude a la división de poderes inmediatamente se está haciendo referencia al término control, de este concepto Montesquieu subyace la idea de controles, y  ello hace referencia el artículo 16 de la Declaración francesa de Derechos de 1789, cuando fija que, una comunidad sin división de poderes carece de Constitución.

Montesquieu planteó la división de las fuerzas políticas existentes en tres (rey, nobleza y pueblo), adscribiéndolas a otras tantas funciones estatales (legislativo, ejecutivo y judicial), con esta división, buscaba un equilibrio entre los poderes políticos, dividiéndolos y limitándolos entre sí, “par le disposition des choses, le pouvoir arréte le pouvoir”, con el fin de garantizar la libertad.

Dicha división no significaba una separación entre ellos y la consiguiente debilitación del Estado, sino que se busca con ello, un equilibrio entre los intereses de los grupos sociales sobre la base de un compromiso político.

En referencia a lo anterior, el diseño de nuestra democracia descansa en el principio de esa división de poderes, ningún poder se encuentra por encima ni por debajo del otro y el equilibrio entre los tres poderes descansa en el absoluto respeto mutuo de sus respectivas competencias y facultades.

De acuerdo con la Constitución Federal de la República, vigente desde 1917, en nuestro país la división de poderes se encuentra establecido en su artículo 49, que a la letra dice: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Lo anterior implica que dentro del Estado Constitucional de México, los tres poderes existentes coexisten y se limitan entre sí, es decir, entre ellos existe jurisdicción superpuestas y ninguno tiene ínsulas aisladas de cada poder.

Con ello podemos entender que la existencia de los poderes en México se da para limitarse entre ellos y ninguno esté sobre lo mandatado por nuestra Constitución, y que su función pública es con la finalidad de servir al pueblo mexicano, sin perjudicar la estabilidad del mismo.

Sin embargo, los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, parecen olvidar que nadie, puede estar por encima de ese principio de derecho y que la reducción de su salario obedece a una reforma acaecida al artículo 127 desde agosto de 2009, la cual inobservaron sin justificación alguna.

Y que hoy intentan seguir inobservando aún por encima del interés general de la población, promoviendo amparos a diestra y siniestra contra la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde ilógicamente pretenden ser juez y parte, para echar abajo la disposición de bajarles el sueldo a menos de ciento ocho mil pesos mensuales, que es lo que hoy gana el Presidente.

Para justificar lo anterior, manifiestan que el quitarles sus ingresos, que superan los quinientos mil pesos mensuales, daría pie a volverlos susceptibles a corromperse, como si ganando lo que hoy ganan nunca se hubiesen presentado casos de corrupción, además de que con esta declaración, entonces cualquier persona que robe, porque su salario mínimo no le alcance, ellos estarán obligados a justificar ese acto.

Por lo que, no solo han promovido amparos en contra de esta ley, demostrando que su supuesta autonomía obedece a intereses personales y donde la lógica jurídica esta vez solo obedece a sus propios intereses, ya que hasta han pasado por alto lo estipulado en la misma ley de amparo que establece que el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, ello, con el único objetivo de seguir gozando de privilegios económicos que contradicen la situación económica de nuestro país.

Esperemos que esta batalla, sea ganada por la justicia social y la lógica que debería imperar en un país que se encuentra inmerso en una crisis económica como la que enfrentamos, la mayoría que habitamos en México.