Uno de los programas más sonados del nuevo gobierno mexicano es la amnistía para presos políticos, de los cuales, la Secretaria de Gobernación federal tiene un registro oficial de 368 casos de personas presas por motivos políticos.

La titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero, indicó que se trata de procesos federales donde no se ha dictado una sentencia, a pesar del tiempo transcurrido, ni tampoco se ha contado con una adecuada defensa o un debido proceso, todo esto en franca violación a lo establecido en el artículo 20 constitucional apartado B, referente a los derechos de todo imputado, pero que ha comenzado a subsanar con la liberación de 16 personas, en diciembre pasado.

Se llama preso político, a la persona que es encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político, esto implica que dicha condición jurídica se opone a los Derechos Humanos, concretamente a las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión o de reunión.

Es decir, en México una de las prácticas más comunes de los Gobiernos tanto a nivel federal, como de los Estados a sido perseguir y encarcelar a personas que defienden el medio ambiente, el patrimonio histórico y su derecho al trabajo; también se les encarcela a aquellos ciudadanos que rechazan los megaproyectos que pretenden despojar de sus recursos y patrimonio a las comunidades, por defenderse de medidas gubernamentales que les arrebaten los servicios públicos como el agua, por citar algunos casos del dominio público, pero también para acallar las voces críticas o encarcelar a los enemigos políticos, so pretexto de inventarles la comisión de un delito y abrirles una carpeta de investigación.

Por lo que, otorgarles amnistía es aceptar que dichas conductas son indebidas y que en un acto de bondad y de justicia, el gobierno, les están dando la oportunidad de olvidarlas, porque amnistía significa “sin memoria” (del griego “A” y de “Mnesis”); esto es, olvido, pérdida total del recuerdo de un hecho que, según puntos de vista subjetivos, pudo ser heroico o delictuoso. Amnistía es la amnesia formalmente decretada sobre un hecho.

Entonces:¿ olvido y justicia son sinónimos?

Porque la mayoría de estos presos políticos están en dicha situación, por delitos inventados o por auténticas violaciones a sus derechos humanos y debido proceso ya que el otorgarles amnistía conlleva a encubrir los delitos que se cometieron en su contra al privarlos de su libertad indebidamente, torturarlos y en muchas ocasiones hasta robarles bienes de su propiedad.

Si, la amnistía es un paso reparador pero no suficiente para proclamarlo como un acto de justicia, porque para ello, faltaría sancionar la responsabilidad de los funcionarios corruptos que ordenaron y llevaron a cabo los procedimientos para encarcelar a todos esos presos políticos, sin mencionar el daño irreparable para quienes tuvieron el infortunio de perder la vida durante su detención y tortura para arrancarles una confesión.

No podemos olvidar que la existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de falta de libertades políticas y, en consecuencia, es una situación propia de las dictaduras o de los regímenes que no son plenamente democráticos, en los que se manipula la ley y se ordena a los jueces actuar bajo consigna para buscar a toda costa que el acusado termine en la cárcel con una sentencia condenatoria.

Por otra parte, cabe hacer la aclaración que la lista de Presos Políticos y de Conciencia en México, que realiza la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) Comité Cerezo, asciende a 395, lo que contrastado con el número oficial de la secretaria de Gobernación, evidencian que de 27 presos políticos no se cuenta con un registro confiable.

Si realmente lo que se busca es transformar este país, como ha sido prometido por el presidente López Obrador, se deben transformar también, las formas de resolver los asuntos trascendentales que envuelven la realidad social y política de nuestro país, por lo que castigar las verdaderas conductas delictivas de quienes utilizaron las leyes y las instituciones para someter a quienes se opusieron a los intereses de algún gobierno, debería ser el resultado perseguido. Se están dando los primeros avances, con la revisión de todos los casos en el país y seguramente Puebla será de los Estados que requerirán una acción urgente, porque durante el gobierno del ex gobernador Rafael Moreno Valle, las cárceles de Estado se llenaron de presos políticos cuya situación a la fecha, no ha sido resuelta.

Por lo tanto, la amnistía planteada por el gobierno federal deberá venir acompañada de persecución y castigo a los responsables de tergiversar la norma en su favor y no solo de perdón y olvido para los presos politicos.