La Guardia Nacional y el combate a la guerra declarada por el Presidente de la República en contra de los huachicoleros, se han convertido en los temas más relevantes de la agenda nacional en los últimos días. La virtual aprobación de la propuesta de creación de la Guardia ha sido  el principal objetivo de los cabildeos nacionales en la elite política, por la presión y exigencia de López Obrador de contar a la brevedad con dicho órgano, para combatir a la creciente delincuencia que azota al país, aunque para sus críticos y enemigos políticos, la guardia le servirá para tener el control total de la fuerza armada y civil de nuestro país, para mantener la Presidencia en el siguiente sexenio.

Para poder entender lo anteriormente expuesto, es necesario analizar los cambios en su discurso inicial, en que propuso  crear la Guardia Nacional integrada mayormente por efectivos militares, bajo las órdenes directas del secretario de la Defensa, por lo que, Morena presentó ante el pleno su reforma de ley para modificar 13 artículos de la Constitución que son la base para crear dicha Guardia, proyecto que desde su inicio fue cuestionado por la oposición (PAN, MC, PRD y PRI) por considerar que con ella se pretendía militarizar al país, argumento que en el sexenio de Peña Nieto, utilizó Morena para descalificar la malograda Ley Federal de Seguridad Interior, la contradicción del discurso era evidente, se comprometió a desmilitarizar el país y ahora busca militarizarlo, porque su iniciativa pretende regresar al ejército a los cuarteles para colocar en su lugar a un nuevo cuerpo policial con adiestramiento militar.

Como respuesta a ese doble discurso, partidos de oposición, gobernadores, presidentes municipales, organismos internacionales y locales, defensores de derechos humanos y académicos se opusieron  que la Guardia Nacional estuviera bajo mando militar y demandaron que la condujera un civil, por lo que, Alfonso Durazo, anunció la aceptación del presidente de la República, de que sea un mando civil y no un militar el que esté al frente de la nueva corporación, pero quien deberá rendir cuentas directamente al senado, y que la misma tendrá un régimen homologado al de las Fuerzas Armadas en materia de disciplina, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso que estará a cargo de la SEDENA.

Lo anterior fundamentado en que la disciplina civil de las instituciones de seguridad pública, contemplada en el artículo 21 de la Constitución, ha demostrado ser insuficiente y corrupta para evitar que sus elementos, salvo contadas excepciones, actúen de manera indebida y se mantengan ordenadas y en cumplimiento de su deber. La crisis de inseguridad, corrupción e impunidad que vive el país en los últimos años, así como el crecimiento de los grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico que se ha apoderado de Municipios y poblaciones enteras, han obligado a los ciudadanos a exigir al Estado, contar con una policía capacitada para enfrentar esta grave problemática de inseguridad que prevalece en todo el territorio y que hasta ahora solo ha quedado en intentos, propuestas y hasta propuestas fallidas, como lo que aconteció el sexenio pasado con la llamada Gendarmería Nacional, la cual tendría como objetivo lograr un México en paz, en un marco de respeto y protección a los derechos humanos, objetivo del cual hoy, todos conocemos el resultado, durante el mandato de Peña Nieto se cometieron más de 125.000 asesinatos, la cifra más alta de la historia, esto según proyecciones del diario Reforma.

Pues bien, Con 362 votos a favor, entre ellos 42 del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a los 13 artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad, aunque con una Junta de Jefes de Estado Mayor, conformada por integrantes de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y Marina subordinada al mando civil de la corporación.

De acuerdo con el dictamen aprobado y turnado al Senado para su ratificación, la Guardia Nacional quedaría integrada por elementos de las policías Militar, Naval y Federal como institución responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación, en colaboración con las entidades.

Sin embargo, entre las modificaciones presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, sobresale la eliminación del artículo transitorio que permitía la participación de las fuerzas armadas en el proceso de capacitación y formación de elementos, además de eliminarse la facultad de las mismas para intervenir en asuntos de seguridad pública, situación que dejó insatisfecho al presidente manifestando su descontento por lo que solicitará al senado la inclusión de dicho transitorio, fundamentando que es necesario porque de lo contrario quedaría como una reedición de la Policía Federal que ya sabemos no funcionó.

Aunque la propuesta mantiene, la facultad de la Guardia Nacional para investigar delitos, por lo que creemos que utilizar un argumento por demás sensible y lastimoso para la mayoría de los mexicanos, con el único fin de convertir el brazo protector de la ciudadanía en un brazo armado a disposición del ejecutivo para gobernar conforme a su voluntad, existe el riesgo de que el objetivo de combatir en forma eficiente con la Guardia Nacional  la delincuencia, se haga de lado y se le utilice en otras tareas para apoyar la continuidad del grupo gobernante, lo que echaría por la borda la última esperanza de México de librarse de contar con una autoridad que le brinde seguridad y garantice la paz social.