Cuando Andrés Manuel López Obrador, emprendió su tercera campaña por la presidencia de México, se declaró convencido de crear una nueva corriente de pensamiento, que induciría primero entre quienes lo acompañarían en su gabinete y posteriormente en todos los ciudadanos, para con ello transformar a México desde la familia y los valores, proponiendo la creación de una Constitución moral para nuestro país.

Dicha constitución tendría un claro objetivo, lograr el renacimiento de México, buscando hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad, es decir, realizar un verdadero cambio paradigmático de la moral y la ética tanto de los integrantes de su gobierno como en los gobernados.

Lo anterior, sustentado en que la decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales.

Bien, pues dicha promesa se materializó en días pasados, aunque no en calidad de Constitución moral, el presidente de la República, presentó, en un evento en Chalco, Estado de México, su cuadernillo denominado Cartilla Moral, con el cual, pretende alcanzar ese cambio paradigmático en la sociedad.

Cuadernillo que no es otra cosa más que una adaptación de la obra de Alfonso Reyes, escrita hace 75 años y adaptada por José Luis Martínez, pretendiéndola retomar en momentos tan críticos que vive nuestro país, para satisfacer la escases de valores y principios en nuestra sociedad.

La difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer paso, según el presidente, para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, y en nuestro país, haya una convivencia armónica de respeto a la pluralidad y a la diversidad.

Sin embargo, siendo un cuadernillo basado en conceptos netamente espirituales y religiosos, no creo sea la única solución para combatir la corrupción que existe en México, que está sumido en un verdadero letargo de desarrollo e inseguridad.

Porque es bien entendido que las problemáticas y conflictos sociales se solucionan con alternativas que emanan de estudios sociológicos y jurídicos de los hechos sociales que los originan, para con ello materializarlos en actos jurídicos que devuelvan a las sociedades el control y orden social del cual el responsable directo es el ejecutivo.

La introyección de principios y valores, en una sociedad, sólo dará buenos resultados, si viene acompañada de acciones de gobierno que le den al ciudadano y a las nuevas generaciones la confianza en las instituciones del Estado, que se han ido perdiendo en los gobiernos de los presidentes del neoliberalismo, donde la impunidad de los funcionarios que se enriquecieron a costa del erario y que vendieron los recursos naturales del país, así como el cinismo y ostentación que hicieron de tales conductas, representó una burla para millones de mexicanos, que se dieron cuenta que no tenía sentido trabajar en forma honrada y vivir honestamente, si ello no les garantizaba tener una forma digna de vivir, ni cubrir las mínimas necesidades de sus familias. De tal forma que frases como: “El que no tranza, no avanza” o “Más vale vivir cinco años como rey, que toda una vida como buey” fueron permeando en la forma de pensar de los mexicanos en un modelo que se transmitió de padres a hijos y que será muy difícil echar abajo, sólo con una Cartilla Moral.

Desde mi punto de vista, es correcto empezar con esta tarea y promover los valores éticos y morales, ya sea por medio de la Cartilla o por otras vías, pero si el plan efectivamente tiene un respaldo del gobierno y de las instituciones educativas, sus resultados se verán en por lo menos diez años, con las generaciones que inician este año su educación primaria, ya que las generaciones que hoy cursan el bachillerato o la Universidad, sólo cambiarán su forma de pensar en este tema, si ven acciones de gobierno, en las que se castigue por la vía penal a quienes como funcionarios incurrieron en actos de corrupción o en abuso de poder.

De ahí que la tarea que se ha planteado López Obrador, debe pasar antes por demostrar a los ciudadanos, que no cabe el perdón, ni la amnistía para quienes se sirvieron del poder y del presupuesto para su beneficio personal y de sus familias, así como de quienes protegieron a los carteles del narcotráfico y pusieron en jaque la seguridad de las familias mexicanas coludidos con la delincuencia organizada.