Columna | P U L S O   P O L I T I C O

              El gobierno interino del licenciado Guillermo Pacheco Pulido, está prestando una especial atención al problema de inseguridad, que tanto preocupa a la ciudadanía.

              Ha ofrecido que en 150 días, los “arcos de seguridad”, construcciones apantallantes que fueron realizadas por el gobierno morenovallista en varias de las más transitadas carreteras locales y que pese a lo fastuoso de su construcción, no se sabe que hayan servido para nada. Ningún cargamento de droga, ningún delincuente importante, ninguno de los cárteles de la delincuencia organizada, han sido detectados por algunos de esos “arcos”

            Desde hace tiempo, parecen estar abandonados y en su construcción y equipamiento (se decía que tenían los aparatos electrónicos más modernos para la detección de armas) se gastaron la friolera de 400 millones de pesos.  Los delincuentes las pueden detectar desde varios kilómetros de distancia.

            En Mérida los “arcos de seguridad” han sido muy útiles para mantener la seguridad en ese estado, pero nadie nota su existencia, porque están muy bien camuflados, lo contrario de lo que aquí ocurre.

         Pero en los planes del actual gobierno, ya está contemplada sus habilitación para que dejen de ser los costosos elefantes blancos que han sido desde el inicio, y presten un servicio eficiente que contribuya a bajar los índices de inseguridad y violencia que ahora existen.

         Desde el día de su toma de posesión, Pacheco Pulido ofreció poner especial atención en el buen funcionamiento de la Fiscalía del Estado, que el actual Fiscal, nombrado por el gobierno de Tony Gali, dijo que encontró en ruinas y el sistema de impartición de justicia, que pareciera que habían sido degradados a propósito por el gobierno morenovallista, pues carecían de los recursos necesarios para su buen funcionamiento.

           Había casi setecientas agencias del Ministerio Público, incluyendo las llamadas agencias auxiliares y de todas ellas quedaron no más de setenta.

           Ni la Fiscalía ni el Tribunal Superior de Justicia, tenían recursos para atender las necesidades más urgentes de las agencias y juzgados, que carecían de todo: computadoras, escritorios, gavetas para guardar expedientes, etc., y para colmo el gobierno que inició actividades en el 2010, redujo el personal  en los sistemas de procuración e impartición de justicia, provocando problemas de aumento de cargas de trabajo al personal que quedó y mucha mayor lentitud en la solución de los casos puestos a su consideración.

          Por eso no se detectaba el grado de incremento de la delincuencia en Puebla, pues sobre todo en los pueblos, cuyos habitantes tenían que viajar a las cabeceras de distrito para poner una demanda, mejor se abstenían, pues iban a realizar gastos inútiles y no iban a obtener resultados ni a corto ni a mediano plazo.

         Muchos delitos quedaron impunes, por no haber ninguna denuncia ante la autoridad correspondiente, por todos los problemas que implicaba para el demandante.

          El pasado día de la mujer, platicamos con la presidenta municipal de Cuautlancingo, doña Guadalupe Daniel Hernández y nos hablaba precisamente, del problema de inseguridad en su municipio, conurbado con el municipio de Puebla y cuya población ha crecido de diez años a la fecha hasta llegar a 140 mil habitantes.

          Ese crecimiento y el hecho de que Cuautlancingo, sea un municipio que tenga carreteras para todos los rumbos del Estado, para Tlaxcala y la ciudad de México, lo convierte en estratégico para los grupos de delincuentes de todo tipo.

         Tiene salidas a las dos Cholulas, San Pedro y San Andrés, para Atlixco, para la ciudad de Puebla, para la autopista México-Orizaba, para el estado de Tlaxcala, etc.

         Su sistema de seguridad es muy raquítico: encontró cinco patrullas, de las que solo dos servían, las otras estaban descompuestas y ya casi inservibles.

          Había 70 policías mal preparados, con muchas carencias y no evaluados. Era necesaria una inversión fuerte para resolver el problema, además de lograr la participación de los ciudadanos.

          Pues bien, ayer anunció el ayuntamiento que preside doña Guadalupe Daniel Hernández, que ha recibido ya 9 millones y medio de pesos de las autoridades estatales, para el renglón de seguridad.

          Con ese dinero se comprarán nuevas patrullas, se contratarán más jóvenes para integrarlos a la policía y para capacitar a los nuevos y viejos elementos del cuerpo de seguridad municipal, a fin de que constituyan en un grupo de seguridad eficiente y honesto, que sea una garantía de seguridad para los ciudadanos.