La administración de justicia es un servicio muy importante que todo Estado democrático tiene la obligación de prestar a sus ciudadanos; tan importante como la educación, la salud, la inclusión social, la cual debe ser proporcionada en condiciones de modernidad y eficiencia.

Incluso, se ha acuñado la expresión “justicia democrática”, entendiéndose por ésta la enfocada en función del ser humano y que se caracterice por su independencia, acceso, transparencia, participación ciudadana y tutela judicial efectiva, precisándose que sin estos elementos interactuando entre sí, no se puede hablar de una administración de justicia de calidad.

Por lo anterior, la administración de justicia laboral necesita de una importante modernización y fortalecimiento, como parte de la tarea de construcción de un sistema democrático de relaciones laborales, basado en el concepto de trabajo decente, así como del afianzamiento de la democracia y de la gobernabilidad de los países.

Y México en este campo tiene una deuda desde hace ya muchos años, puesto que la clase trabajadora ha sido el sector más castigado en cuanto a avances significativos que les representen mejoras laborales, sociales y económicas, que les permita accesar a un mejor nivel y calidad de vida.

Por ello, en un intento por sanar dicha deuda, el pasado once de abril fue aprobada en lo general, por casi todas las bancadas en la Cámara de Diputados, la reforma laboral, la cual, elimina la Junta de Conciliación y Arbitraje por ser considerada una instancia con altos grados de corrupción, y es sustituida por tribunales federales en materia laboral que dependerán del Poder Judicial.

Además, se creará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que se encargará de las conciliaciones para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, o entre trabajadores y sindicatos, o bien entre sindicatos, y registrará a nivel nacional los contratos colectivos, contratos ley, los reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales.

De igual manera dicha reforma, reconoce los derechos laborales de los trabajadores del campo, respeta los derechos de seguridad social de las empleadas del hogar, sin duda estos cambios son benéficos en busca de esa igualdad y justicia social.

Sin embargo, la reforma se quedó corta ya que no toca a los verdaderos responsables de la desigualdad laboral en México, los aliados al PRI, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros (STFRM).

Así es, la reforma, no toca a los trabajadores del apartado B del artículo 123 y que son todos los empleados del Estado. Y, por lo mismo, los cambios no afectan a los sindicatos que representan a esos trabajadores, muchos de ellos líderes que se han eternizado y se han mantenido en la opacidad financiera amasando fortunas a costillas de los que verdaderamente trabajan.