La impartición de justicia es uno de los cometidos fundamentales de todo Estado de derecho, a grado tal que justifica incluso su propia existencia, además de ser el más poderoso de los recursos con que cuenta el ente público para cumplir su función primordial, garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía.

En este rubro Puebla, se encuentra viviendo uno de los peores momentos en cuanto a resultados expuestos por la labor de quienes integran el Poder Judicial, aunado al alto nivel de desconfianza que existe por parte de los ciudadanos en todos y cada uno de ellos.

Toda esta problemática de ineficiencia de actuación del Poder Judicial en Puebla se debe primeramente al bajo presupuesto que el Estado asigna para el cumplimiento de sus funciones, (0.6%) razón por la cual, en 2018 nuestro estado fue catalogado como la entidad con el peor presupuesto en materia de Impartición de Justicia por habitante, al contar sólo con 79.8 pesos del gasto presupuestado al Poder Judicial, 3.6 veces menos que la media nacional, que se ubicó en 293.9 pesos, según datos de la Consultoría Aregional.

Lo anterior a pesar del incremento del siete por ciento que tuvo el órgano judicial según lo establecido en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, pues este año se destinaron un total de 508 millones 705 mil 689 pesos al Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTSJ) del Estado de Puebla, 33 millones 381 mil 406 pesos más que en el 2017.

En Puebla, durante el morenovallismo, el Poder Judicial fue sometido en todos los sentidos, tanto en su estructura, como en su conformación y presupuesto, de ahí la necesidad de efectivizar la autonomía e independencia de la justicia, porque dentro de ella se contempla a un poder fuerte, capaz de garantizar el orden y la paz social  y evitar la venganza privada.

Ese poder fuerte, toma su fortaleza de una característica o elemento singular, "la autonomía"; esta entendida como una forma independiente de los otros dos poderes para lograr el cometido ya indicado.

Otro elemento de capital importancia, para efectivizar la independencia del poder, es la administración de los recursos, ya que la misma se la quitó Rafael Moreno Valle en su gobierno.

Es momento de revertir esa situación para permitir que el propio Tribunal recupere su administración y la de los recursos de terceros (fianzas).

Por otra parte, es importante que el poder judicial tenga asignada desde la constitución política del Estado un porcentaje real y suficiente del presupuesto general de egresos equivalente, por lo menos al 3.6 por ciento y no como en la actualidad que se destina el 0.6%.

Es necesario el aumento al tribunal propuesto por qué de ello deriva la propia autonomía del poder judicial y no solo para su funcionamiento, sino para hacer frente a todas las circunstancias que le rodean, como lo es el "haber de retiro", así jueces con trayectorias de más de 30 años de trabajo pueden acceder a una jubilación digna y suficiente.

Se mejoren los sueldos, prestaciones y servicio médico que sean verdaderamente compensatorias al trabajo que se realiza por los funcionarios judiciales. De esta forma el servicio de carrera se ve fortalecido con promociones y concursos que hagan transparente la carrera judicial y el reconocimiento de los mejores servidores (mujeres y hombres) dentro del poder judicial.