El producto obtenido se destinará para beneficiar a las clases marginadas: AMLO

Puebla, Pue.- Nuevo Instituto creado por el Presidente de la República tiene por finalidad que todos aquellos bienes que hayan sido decomisados o confiscados por parte del gobierno y que sean origen de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, serán rematados y su producto se destinará a clases marginadas, según AMLO.

Miguel Ángel Tejeda Ortega, constitucionalista poblano, en entrevista  informó que dicho instituto no tiene nada qué ver con el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular es el señor Ricardo Rodríguez Vargas.

Este organismo de Hacienda el pasado fin de semana organizó en Los Pinos una subasta de todos aquellos bienes que han sido embargados y rematados por el Fisco Federal y, según declaraciones, con dicha subasta se obtuvo un ingreso de más de veintiocho millones de pesos, habiéndose adjudicado vehículos blindados y de lujo, entre otras cosas.

Continuó Tejeda Ortega, que el instituto para devolver al pueblo lo robado, es una figura jurídica no clara ni específica, sin mencionar a qué dependencia de gobierno va a pertenecer, o si cumplirá órdenes exclusivas del Presidente de la República.

En este nuevo organismo, según lo comentó su titular en entrevista con el Financiero Bloomberg, sus ingresos dependerán de la nueva Ley de Extinción de Dominio que en próximos meses deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión, especificando que el solo hecho de que un bien sea afectado por parte de la autoridad ministerial o judicial, sin necesidad de sentencia, procederá la figura de extinción de dominio y la posibilidad de que sea adjudicado y rematado, a efecto de obtener ingresos que se destinarán en beneficio de las clases más vulnerables.

Tejeda Ortega precisó que el peligro de esta figura jurídica de extinción de dominio, en que no se dé una sentencia definitiva por parte de la autoridad judicial, para privarlo de sus bienes propiedades o posesiones, violenta el principio del debido proceso y derechos humanos que actualmente reconoce la Suprema Corte en favor de los particulares.

Por tanto, la Ley Secundaria de Extinción de Dominio que posiblemente se apruebe en el mes de septiembre del presente año, deberá prever que no se vulneren los derechos humanos de los particulares.