Una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en los recorridos y giras que llevó a cabo el Gobernador electo del Estado Luis Miguel Barbosa Huerta, fue la de transformar la cara de los órganos encargados de la Procuración y Administración de Justicia, para ser más precisos de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia, en otras palabras, terminar con la subordinación y control que sobre los mismos ejerció la administración del finado ex gobernador Rafael Moreno Valle y que se continuó en el Gobierno de Antonio Gali Fayad en el que la situación, no tuvo mayores cambios, debido a que las cosas continuaron igual, al permanecer el mismo Secretario de Gobierno y el control a que me he referido.

A lo anterior, habría que agregar el control que también se tuvo de la anterior legislatura y de los organismos supuestamente “autónomos” como la Comisión de Acceso a la Información Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado y los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción incluyendo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. De tal forma que en dichas administraciones todos estos entes se encontraban plenamente al servicio del Gobernador y por lo tanto sus funciones fueron trastocadas y pervertidas por las órdenes  e imposiciones que salían de las oficinas del Gobernador , lo que significó que en Puebla nunca existiera un equilibrio de poderes y mucho menos un rostro humano de la justicia, sino por el contrario sólo se dio la persecución política en contra de los opositores o de los críticos de la situación, la criminalización de la protesta ciudadana y el aumento de los presos políticos, los jueces de consigna, además del uso de las instituciones para beneficiar a los intereses de los aliados del Gobernador y de quienes hicieron grandes negocios e inversiones al amparo del poder del ejecutivo, quién no sólo les dio facilidades para enriquecerse, sino también impunidad cuando se cometían atropellos, delitos o violaciones a derechos humanos de los ciudadanos del Estado.

La situación anterior, propició que muchos asuntos se tuvieran que resolver en tribunales federales, donde sólo en algunos casos, se lograba resarcir a los afectados de sus derechos, ya que también en esta esfera Rafael Moreno Valle, ejerció un control a su favor para conseguir sus objetivos, todo ello con el respaldo del ex presidente Enrique Peña Nieto con quién compartió jugosos negocios.

Así las cosas, Luis Miguel Barbosa Huerta ha propuesto transformar la situación, impulsando las reformas constitucionales y cambios en la administración gubernamental para darle un rostro humano a la procuración y administración de la justicia, respetando las funciones y decisiones de los organismos autónomos y sobre todo garantizando un equilibrio de poderes para dar gobernabilidad y rumbo al Estado, respetando ante todo los derechos humanos de los poblanos y de los grupos vulnerables como los indígenas, discapacitados, adultos mayores, niños y adolescentes, mujeres y personas en pobreza y pobreza extrema cuya población creció en forma alarmante los últimos cinco años, colocando al Municipio de Puebla como el segundo a nivel nacional con el mayor número de pobres en el país.

En el caso de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el Estado, los cambios que se avecinan son prometedores, sin embargo, de ninguna manera quedan exentos de que cuenten con un rostro humano, en el que se logre recobrar la confianza de los ciudadanos y sobre todo combatir a la delincuencia con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos de las personas.

La tarea que se ha propuesto el gobernador electo no es fácil, pero estoy seguro que con el apoyo de la población y tomando conciencia de la grave situación que vivimos, se logrará contar de nuevo con seguridad pública, paz  y tranquilidad necesarias para la convivencia común.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.