Columna | P U L S O    P O L I T I C O

             El arranque del gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, ha sido bueno.

              Una toma de posesión bastante concurrida; un mensaje inicial bien dicho y con buen contenido, abordando los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos y exponiendo en forma clara y contundente, lo que el gobierno estatal se propone hacer para resolverlos.

               La inseguridad es la máxima preocupación de los poblanos, derivada del debilitamiento de los órganos de procuración e impartición de justicia desde el sexenio 2010-2016.

               Puebla fue una entidad tranquila siempre, incluso cuando en el país empezó a crecer la delincuencia organizada y desorganizada, a raíz de que el gobierno de la república, presidido por Felipe Calderón, declarara, sin una estrategia y sin cuerpos de seguridad bien entrenados y bien pagados, la “guerra” contra el narcotráfico. Hubo necesidad de sacar a la calle al Ejército y a la Marina, y la guerra comenzó en serio y las bandas delincuenciales, empezaron a abarcarlo todo y en muchas zonas, a superar la presencia de las autoridades.

                 Esa guerra,  ha sido como una guerra civil, sin posición ideológica. El número de muertos y de desaparecidos, que deben estar muertos también, pues no aparecen, es de decenas de miles, principalmente de jóvenes, dedicados, no tanto al narcotráfico, que desde luego los hay, sino a extorsiones, a robos, a asesinatos, a secuestros y a “cobro de piso” entre otras cosas.

                  Desde hace años, cuando estalló una toma clandestina de combustible en San Martín Texmelucan, se supo de la presencia del huachicoleo y hasta se llegó a descubrir, no por las autoridades de entonces, sino por la propia gente, que muchas patrullas policíacas y transportes oficiales, se abastecían de gasolina o diesel robados.

                  El estado de Puebla llegó a estar en los primeros lugares, entre las entidades del país, por el número de tomas clandestinas existentes que nadie combatía. Fue en los primeros meses del gobierno de Antonio Gali, que estalló el problema con fuerza en la zona conocida después como el “triángulo rojo”.

                   La Procuraduría de entonces, hoy Fiscalía del Estado, no intervenía y ese importante sector del gobierno, no solo fue desatendido, sino desmantelado. Había más de 700 agencias del ministerio público, distritales y auxiliares para facilitar a la gente la presentación de sus denuncias y fue reducida a solo 70, con lo que como por arte de magia, se redujo el número de denuncias y oficialmente se redujo el índice de criminalidad.

             Creció la impunidad y con ello se incrementó la delincuencia y ahora las autoridades deben realizar un esfuerzo enorme para poder regresar la tranquilidad y la seguridad a los poblanos.

             Otro problema dejado por el gobierno morenovallista, es el de la Ciudad Modelo, en la zona de San José Chiapa, del que nosotros informamos en este espacio, hace dos semanas.

             Se levantan edificios multifamiliares para albergar a un mínimo de 700 viviendas para los trabajadores de la empresa automotriz alemana, Audi. Se calculaba que vivirían en ese conjunto habitacional, mil 600 personas y resulta que solo viven treinta y viven mal.

              Un Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo, se iba a encargar de administrar esa ciudad, quitando facultades a los ayuntamientos de cinco municipios cercanos, que tendrían que someter su soberanía, garantizada por la Constitución, a las decisiones y caprichos del OPDCM, que ejercería un super-gobierno en esos municipios cuya desaparición podría ocurrir en poco tiempo.

                Lógicamente eso provocó protestas e inconformidades de las autoridades municipales y de los habitantes de los municipios afectados, pero en ese tiempo, esas protestas eran acalladas con desplantes de autoritarismo que se creían desaparecidos desde los tiempos del avilacamachismo.

             La Ciudad Modelo, pues, fue un fracaso, incluso se desató la inseguridad, según declaraciones del presidente de San José Chiapa, quien dijo que se cometen en la zona un mínimo de diez asaltos en carretera diariamente.

             Y otro elefante blanco, fracaso pues, que costó al erario una millonada, fue la construcción de un parque industrial, para albergar a las empresas proveedoras de Audi.

             El parque consta de 60 hectáreas que fueron dotadas de electricidad, drenaje, agua potable y estructura de comunicación, pavimentación, etc.

              Albergaría, según las cuentas alegres que entonces se hacían, a decenas de empresas proveedoras de la automotriz alemana.

               Las empresas que pensaron asentarse ahí, se toparon con un excesivo precio del terreno que se vendía por hectárea, y ocurrió algo impensable para los funcionarios del gobierno de entonces, que en el vecino estado de Tlaxcala (la zona es fronteriza de esa entidad) no solo vendían la hectárea a mucho menor precio, sino que construyendo cada empresa o todas en conjunto la infraestructura necesaria, les salía mucho más barato que establecerse en Puebla, además de que el gobierno tlaxcalteca brindaba todas las facilidades a los inversionistas. Resultado: en Puebla se establecieron dos empresas proveedoras y en Tlaxcala, hay 25 de esas empresas.