Uno de los organismos autónomos que más fueron sometidos al servicio de los gobiernos emanados del Morenovallismo, fue sin duda la Comisión de Derechos Humanos del Estado, desde la llegada de Adolfo López Badillo al frente de la misma, quién se dedicó a desmantelar programas y a despedir al personal que tenía laborando en el organismo desde su fundación o por lo menos con una antigüedad entre quince y veinte años y con una amplia experiencia en la materia, lo que no fue tomado en cuenta a la hora de decidir su permanencia en una institución donde se supone se deberían “defender los derechos humanos”.

Otra de las situaciones que se presentaron, fue la disminución de los salarios del personal y la división de las plazas para contratar hasta a tres personas con el sueldo de una, sobre todo en el caso de los Visitadores adjuntos, es decir, con sueldos de seis mil pesos al mes, se pretendió cumplir con la función que por disposición constitucional debe llevar a cabo la Comisión.

La actitud omisa y cómplice del Presidente de la Comisión, ante los abusos de poder y constantes violaciones a los derechos humanos de los poblanos por parte de las autoridades gubernamentales, dejaron constancia de que se le nombró y reeligió exclusivamente para obedecer las órdenes del Gobernador, muy lejos de atender los reclamos de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y la verdad de las cosas, supo desempeñar fielmente dicho papel, sin que las legislaturas LVIII y LIX del Congreso del Estado, lo llamaran a cuentas o por lo menos atendieran las denuncias y reclamos sociales que llegaron a sus manos, los que fueron al archivo, ya que López Badillo era intocable.

La visión de que el Presidente de la CDH, forma parte del gabinete ampliado del Gobernador, o de qué es un empleado al servicio del poder, debe ser desterrada y sobre todo en el nuevo gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, quién se comprometió a respetar la independencia de los demás poderes y de los organismos autónomos con un gobierno donde exista el equilibrio de poderes. De ahí que, el proceso de designación de quién encabezará la Comisión los próximos cinco años a cargo del Congreso del Estado, reviste una gran importancia para la vida de los poblanos, ya que dentro de las tareas que deberá llevar a cabo el o la nueva titular, está el de lograr recuperar la confianza y credibilidad de un organismo que pasó a ser una figura de ornato, sin ningún peso o autoridad moral para intervenir en los casos de violaciones a derechos humanos y muchos poblanos preferían no denunciar o de plano presentar su queja ante la CNDH que en la mayoría de los casos terminaba por declararse incompetente para investigarlos por disposición constitucional y por tratarse de autoridades estatales o Municipales de Puebla.

Es urgente y necesario que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, adopte como en su momento lo hizo la CNDH, los principios que rigen al OMBUDSMAN: fácil accesibilidad de los quejosos, gratuidad del servicio, independencia, flexibilidad, ausencia de solemnidad en sus procedimientos, facultad de investigar y solicitar toda la documentación relacionada con el caso, agilidad para encontrar fórmulas de solucióna los conflictos, y elaboración de informes periódicos y públicos, que es un principio sin el cual toda su actividad no tendría efectos, por lo que su relación con los medios de comunicación masiva es una condición indispensable para la consecución de sus objetivos.

En general, son varios los elementos que deben considerar los Diputados de la LX legislatura para designar al nuevo Presidente o Presidenta del organismo, porque tienen enfrente a una sociedad lastimada y que espera que la designación no se politice y se logre encontrar un perfil acorde a los tiempos y la situación de violencia e inseguridad que prevalecen en el estado, a fin de que cuenten con un organismo, que no sólo los escuche, sino que atienda sus quejas y que actúe con independencia de criterio para garantizar en forma efectiva la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.