Empresarios consideran que dará origen al terrorismo fiscal: Armenta

Puebla, Pue.- Una Iniciativa de Ley para evitar desfalco a la Nación por más de 500 mil millones de pesos presentó a sus homólogos el senador poblano, morenista, Alejandro Armenta Mier, para considerar a la defraudación fiscal como delito grave equiparándolo con la delincuencia organizada.

Prevé  el promotor de tal iniciativa, que ésta dará lugar a la imposición de la prisión preventiva oficiosa a los gobernados que cometan fraude fiscal.

Sobre  el tema, el constitucionalista poblano Miguel Ángel  Tejeda Ortega comenta que esta iniciativa, al ser aprobada, va a crear grandes problemas a la procuración de justicia y a los impartidores de la misma, en razón a los siguientes argumentos:

En primer lugar la defraudación fiscal, no forzosamente como conducta ilícita proviene de la delincuencia organizada; los elementos del delito del fraude fiscal son diversos aquellos en los que participan más de dos o tres personas con fines ilícitos (delincuencia organizada).

El Senador Armenta Mier, por su parte, considera que cuando se dé una defraudación fiscal mayor a ocho millones de pesos, se estará en presencia de un delito de delincuencia organizada; en tanto que montos menores posiblemente no sean objeto de dicha tipificación.Esta forma de argumentación es notoriamente inconstitucional.

En general los empresarios mexicanos han manifestado su descontento con las reformas que se pretende llevar a cabo para sancionar a la defraudación fiscal, pues consideran que esto va a dar origen a un terrorismo fiscal, en perjuicio de todos los gobernados, pues hay personas que efectivamente por alguna omisión o imprudencia pueden encuadrar su conducta dentro de la defraudación fiscal.

Entre las leyes que se pretende reformar se encuentran el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, y Leyes Reglamentarias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.

Tejeda Ortega comentó finalmente que el origen de esta iniciativa se debe a que varias empresas fantasmas han vendido facturas falsas para deducir impuestos y que, según comenta el Senador Armenta, existe un desfalco a la Nación de más de quinientos mil millones de pesos, que no han ingresado a la Tesorería de la Federación.

El artículo 19 Constitucional no contempla como delito grave a la defraudación fiscal, según recientes reformas del precepto que forma parte de la Carta Magna, razón por la cual se le pretende equiparar con la delincuencia organizada que si es delito grave, lo que originará dé un vicio de inconstitucionalidad de los preceptos legales que se pretende reformar.