El Congreso  local autorizaba cobrar por expedir copias de documentos públicos

Puebla, Pue.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversos artículos de las leyes de ingresos de veintisiete municipios del Estado de Puebla, por cobros excesivos en la búsqueda de información que solicitaban  particulares, así como por la entrega de la misma en diferentes medios, copias simples, fotostáticas, discos compactos, etcétera.

El Constitucionalista poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega  informó que fue correcta la decisión de la Suprema Corte, de invalidar las Leyes de Ingresos de estos veintisiete municipios poblanos, entre los más importantes Santa Isabel Cholula, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Tepeaca y otros, pues las leyes de ingresos de éstos, aprobadas por el Congreso del Estado de Puebla, los facultaban a cobrar derechos por la búsqueda e investigación de documentos públicos y posteriormente por su expedición.

Tejeda Ortega explicó que estas leyes de ingresos violentan el artículo 6° Constitucional, que establece el derecho de la información para los gobernados y la obligación de los gobernantes de proporcionárselas en forma gratuita.

Según datos obtenidos, los municipios llegaban a cobrar hasta cincuenta pesos o más, por la investigación y búsqueda de un documento público y su expedición;  en el caso de las actas del Registro Civil se daba este cobro, lo que también ya la Suprema Corte declaró inconstitucional el cobro de derechos de la primera acta de nacimiento, porque se violenta el derecho de la identidad de las personas y el reconocimiento de su personalidad.

Esta declaración de inconstitucionalidad se originó en base a una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del Congreso del Estado de Puebla y las Leyes de Ingresos respectivas, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

Finalmente Tejeda Ortega señaló que es una lástima que se haya declarado la inconstitucionalidad de estas leyes hasta este mes de septiembre, pues los municipios señalados como responsables han venido cobrando los derechos hasta casi ya finalizar el presente año; no obstante ello, el fallo de la SCJN previno al Congreso del Estado de que no vuelva a legislar en los términos del año pasado, cobrando derechos por la investigación de documentos y su expedición, esperando que el Poder Legislativo en Puebla cumpla  con lo dispuesto por el Pleno de la Corte.