La ambigua relación de Andrés Manuel López Obrador con la ley acaba de ser expuesta una vez más, de manera descarnada, esta semana.

Tres hechos la definen.

Primero: mandó a sus bancadas a declarar a contribuyentes que presenten algún documento falso en sus declaraciones fiscales como miembros del crimen organizado. Así hayan actuado de buena fe, recibirán prisión oficiosa a lo largo de su proceso.

Eso, combinado con la Ley de Extinción de Dominio, puede activar el decomiso de sus bienes sin haber recibido sentencia.

Días después, el presidente mandó nada menos que a las Fuerzas Armadas a presionar a los jueces que han detenido el capricho de construir el aeropuerto en Santa Lucía.

El ejército instó al Poder Judicial a considerar que la base de Santa Lucía posee un carácter estratégico para la seguridad nacional.

La base, sin duda. El capricho, no. Lo que está detenido es la construcción del nuevo proyecto.

Por último, el domingo 15 de septiembre, el ejecutivo mandó una iniciativa de ley preferente de amnistía, para liberar a personas que por carencia económica hayan delinquido y no hayan tenido una correcta defensa, pero también a presuntos narcomenudistas.

La iniciativa insiste en que no liberará a nadie que haya cometido un delito grave, aunque así lo había comprometido en campaña. También señala que eso contribuirá a la pacificación del país.

¿En qué beneficiará desmantelar las redes de distribución de drogas, de extorsión y crimen, de blanqueo de recursos o las estructuras de poder de fuego de los cárteles? En nada. Así de simple.

Pero el tema es de fondo.

Un micro empresario que presente al fisco una factura falsa quedará años en la cárcel.

Un narcomenudista, que consume o vendió conscientemente drogas, saldrá libre.

Uno le puede quitar unos pesos al fisco, incluso sin saber que lo hace. El otro quita salud, tranquilidad, vidas.

Uno genera empleo. El otro violencia.

Uno es miembro del crimen organizado. El otro un inocente, víctima de la injusticia.

Hay, efectivamente, muchos reclusos que deberían estar en libertad.

Más de 3 de cada 10 presos están recluidos por delitos patrimoniales de menos de 5 mil pesos.

Sin duda se debe corregir y la amnistía es correcta en esos casos.

El tema es la falta de consistencia y la pulsión autoritaria.

No se puede tratar con dos varas a los ciudadanos. La visión bajo ello es preocupante por discriminatoria, por equívoca, por abusiva.

Pero además está la sutil amenaza al poder judicial.

El presidente se refrenda como justiciero.

También, como respetuoso de una única ley: su voluntad.

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