De un análisis de los datos contenidos en el Informe 2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dicho organismo ocupó el octavo lugar con menor participación en el presupuesto para los órganos autónomos del estado, pues represento sólo el 1.5% con una bolsa de 24.9 millones de pesos.

           Para 2018, el presupuesto autorizado para su ejercicio fue de $24,969,293.97, teniendo una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de $3,307,724.91, dando un total de $28,277,018.88, de los cuales según el informe rendido por el expresidente de la Comisión Adolfo López Badillo, solo se gastó $ 23,411,446.31; lo que evidencia que no  pudo encontrar la fórmula o los mecanismos para invertir los recursos financieros asignados por el Estado  para fortalecer la salvaguarda y respeto a los derechos humanos en Puebla, ya que $4,865,572.57 se quedaron‬ sin ser utilizados.

          De acuerdo a datos  del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en Puebla hay tres millones 317 mil 727 mujeres y tres millones 53 mil 654 hombres, lo que hace un total de habitantes en el Estado de 6, 371,381, si dividimos este número de habitantes, entre el presupuesto gastado en 2018, resulta que el gasto destinado  a cada poblano del presupuesto ejercido por   la CDHE equivale a $3700 pesos.

         Así mismo, si dividimos el número de quejas interpuestas en 2018,que fueron calificadas así, por presuntas violaciones a derechos humanos,  resulta que de las 1446 que señala el informe de la Comisión la atención que el personal del organismo dio a cada una de ellas, tuvo un costo aproximado de  $16200 pesos

         Continuando con la revisión de las cifras contenidas en el informe, donde se señala que fueron emitidas en 2018, sólo dieciséis recomendaciones, casualmente ninguna en contra del Gobernador del Estado, resulta que si se divide el monto de los recursos ejercidos por el organismo en dicho año, entre las recomendaciones emitidas, cada una tuvo un costo de un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos aproximadamente, cifra desorbitante, que nos hace pensar que la tarea de la Comisión ha sido, más que proteger los derechos humanos de los ciudadanos, la de salvaguardar a toda costa la imagen de las autoridades, dando el mensaje de que en Puebla, no existen violaciones a los derechos de los ciudadanos y de que se respeta el estado de derecho.

          Lo anterior confirmaría la hipótesis de que, por la actitud protectora del organismo hacia la labor de las autoridades, las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, desistieron de su intención de pedir la intervención de la Comisión, ya que durante los ocho años de gestión de Adolfo López Badillo, su labor fue la de hacer caso omiso a los casos que debió atender, evitando que trascendieran a la esfera pública y que ello perjudicara al gobierno en turno.

           El informe 2018 deja abiertas muchas interrogantes y dudas sobre el funcionamiento y resultados del trabajo de la CDHE, que debería revisar el Consejo Consultivo del organismo y la Comisión General de Derechos Humanos de la LX legislatura, para calificarlo , debido a la alta demanda social de los ciudadanos de que Puebla cuente con un organismo que realmente les garantice en su actuar la salvaguarda y protección de sus Derechos Humanos y que esté a la altura de los momentos tan críticos que se viven por el aumento de la violencia e inseguridad, así como de la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que han tomado fuerza en el Estado incrementando el número de víctimas, que demandan se les repare la violación a sus derechos humanos.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.