Columna | P U L S O    P O L I T I C O

           La gira de dos días que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en Puebla visitando dos municipios de la sierra norte: Zacapoaxtla e Ixtepec y dos de la mixteca poblana; Tepexi de Rodríguez y Chiautla de Tapia, ha sido considerada como altamente positiva, ya que el jefe del ejecutivo nacional, recibió el reclamo de los habitantes de esas zonas por la inseguridad y de inmediato dio indicaciones para el despliegue de la Guardia Nacional a lo que se agrega el ofrecimiento del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que se devolverá la tranquilidad de la gente, con la acción coordinada de la Federación y el Estado.

          Pero el Presidente vino a la entidad, para conocer de cerca los problemas que confronta el sector salud, habiendo visitado los cuatro hospitales rurales del IMSS que funcionan en los cuatro municipios visitados.

          El mandatario expresó que de los 80 hospitales rurales del IMSS que se propuso visitar, ya ha estado en 70 y en los próximos días concluirá su recorrido por los 80 existentes. En quince días, señaló, presentará el Plan Nacional de Salud de la 4-Transformación que comprende mejoramiento de las estructuras hospitalarias, ampliaciones, nuevas construcciones, médicos y enfermeras suficientes, equipo para la atención de todo tipo de enfermedades y la existencia permanente de medicamentos en todas las instituciones de salud del país. Barbosa Huerta, el gobernador, por su parte, ofreció que su gobierno trabajará coordinadamente con el gobierno federal en todos los programas que tiendan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado.

           En ocho años los gobiernos estatales, nunca se preocuparon por ajustar el precio del pasaje urbano, pese al aumento en el precio de los combustibles que se inició en el sexenio de Felipe Calderón.

            El gobierno morenovallista sabía del problema político que el incremento del pasaje traería consigo para estropear el proyecto de llegar a la candidatura del PAN a la presidencia de la república de su jefe, y se optó por no autorizar ningún aumento a los permisionarios.

            Los aumentos al precio de los combustibles continuaron y también de los insumos y la actitud de las autoridades fue la misma.

            Pero como a todo santo le llega su fiestecita, pues ya llegó y el gobierno de Miguel Barbosa, es el que tiene que apechugar. El aumento ya no puede aplazarse más y ya fue autorizado. Es de 2 pesos con 50 centavos más a los 6 pesos que venía costando.

            Representantes de diversos sectores consideran que este aumento va traer consigo movimientos de protesta de estudiantes y personas de recursos económicos limitados, que son la mayoría, pues representa un elevado aumento en el costo de vida, si no viene aparejado con un aumento en sus salarios, que ahora puede ser el reclamo social más inmediato.

            Será un problema que el gobierno actual tendrá que resolver con mucha cautela.

            Deberá exigir en consecuencia, que los permisionarios mejoren el servicio que prestan al público, y dar garantías de que la seguridad en quienes utilicen el sistema de transporte colectivo, estará garantizada.

            En Cuyuaco, se agravan los problemas. Hace unos días le informamos en este espacio, que ante el desconocimiento generalizado de la población a la autoridad municipal presidida por Anabel Rechy, hija del ex presidente municipal acusado de huachicolero y cuya fotografía apareció en la edición de Cambio del 23 de agosto del 2018, junto con la de otros seis alcaldes acusados de dirigir bandas de ladrones de combustible, su hija, la actual presidenta municipal, fue desconocida de entrada por el pueblo y se tomó el palacio municipal.

         Ella decidió despachar desde su domicilio particular situación irregular que no ha sido corregida hasta la fecha.

         Le informamos que al margen de la autoridad municipal, el pueblo organizó la feria tradicional y los festejos patrios que se llevaron a cabo en absoluta paz y tranquilidad bajo la vigilancia de elementos del Ejército que tuvieron un comportamiento ejemplar.

          El miércoles de la semana pasada, fue sorprendida por algunos vecinos, una camioneta Nissan a las 23 horas, que cargaba postes del alumbrado público y al preguntarles a los que realizaban esa labor, quienes eran, afirmaron ser trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Les pidieron identificarse y entonces dijeron ser enviados de la Secretaría de Gobernación del Estado, ante eso, se lanzaron unos cuetes, sistema de alarma implementado por los pobladores y se reunieron como 200 personas que obligaron a los posibles ladrones a dejar los postes y la camioneta fue llevada al centro de la población. Hubo un encuentro violento entre los habitantes y un grupo de personas enviadas por la presidenta municipal para rescatar a los individuos que estaban desmontando los postes del alumbrado.

           Al día siguiente, jueves, personas, que según el informe que tenemos pertenecen al grupo de doña Anabel Rechy, la alcaldesa, agredieron a una familia en su propia casa, golpeando a una señora y a menores de edad y por la coche, la misma gente de la presidenta municipal, según el informe, lo que desató otro enfrentamiento violento, que hizo que llegaran personas de Gobernación y policías estatales que se pusieron al lado de la autoridad municipal repudiada, lo que dijeron los informantes, es lógico, pues hay algún arreglo entre una y otra parte.

          Las cosas ya no llegaron a más, debido a que llegaron elementos del Ejército, que conociendo el problema y habiendo estado para garantizar los festejos de las fiestas de la feria y del aniversario de la Independecia, actuaron con energía y con respeto para los pobladores que esperan ahora sí se resuelva su problema, pues consideran que las cosas pueden ir de menos a más, si no hay una solución definitiva para este conflicto. Demandan la intervención de la Secretaría de Gobernación, o del propio Congreso del Estado, antes de que vaya a ocurrir una tragedia.