La Comisión de Derechos Humanos de Puebla, a partir de la gestión de su anterior titular ADOLFO LÓPEZ BADILLO, enfrenta una de sus peores crisis en cuanto a resultados para proteger los derechos fundamentales de los poblanos, con una actuación pobre y mediocre, convirtiéndose en una dependencia más del gabinete ampliado de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, a quienes protegió a toda costa, cerrando las puertas del organismo a los grupos vulnerables y organizaciones de la sociedad civil que acudieron a presentar sus quejas. De acuerdo a un reportaje de Jorge Castillo publicado el 16 de octubre de este año, en el diario Intolerancia de Puebla, 2019 es el peor año en su historia con menos recomendaciones giradas. A lo largo de cerca de 26 años, el organismo garante de los derechos humanos ha emitido mil 189 recomendaciones a distintas autoridades estatales y municipales por violaciones a los derechos fundamentales. 

De las 1 mil 189 recomendaciones emitidas en toda la historia de la CDH, mil 22 se registraron en los primeros 20 años y apenas 167 en los últimos ocho años, de 2011 a 2018, la CDH Puebla recibió 88 mil 516 solicitudes de intervención, de las cuales 12 mil 132 fueron calificadas como quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Pero sólo una de cada 473 solicitudes llegó a ser recomendación o una de cada 64 calificadas como quejas llegó hasta el apercibimiento a alguna autoridad.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el estado de Puebla se registraron 129 quejas en materia de derechos humanos, entre enero a agosto de 2019. Estas quejas representan 214 actos presuntamente violatorios de derechos humanos, ya que cada una incluye más de una acción.

Por otra parte, Puebla ha cumplido con menos de la mitad de las recomendaciones lanzadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de tortura al interior de los penales del estado. De acuerdo al Informe de Supervisión ISP-9/2018, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la CNDH emitió 77 nuevas recomendaciones a los penales de Puebla a fin de prevenir, investigar y sancionar casos de tortura y penas crueles en contra de las personas privadas de su libertad.

Cabe recordar que, el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Puebla fue considerada la segunda prisión más corrupta del país, debido a los cobros indebidos en sus instalaciones, así lo señaló la organización World Justice Project (WJP), en su estudio “Nuestros muchachos ¿Cómo son los jóvenes en las cárceles del país.

A su vez, los poblanos que pertenecen a algún grupo vulnerable y se encuentran en situación de pobreza es de 49.5 por ciento de la población en 2016, de acuerdo con el informe de la situación de pobreza que realizó el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en 2018, la población de adultos mayores que se encuentra en condición de pobreza equivale a 234 mil 500 y la entidad se ubicó en la octava posición a nivel nacional con más carencias en este grupo de edad.

En cuanto al tema de la seguridad pública, éste es un bien que ya no tenemos, puesto que dos de cada tres poblanos consideran que la inseguridad y violencia es el principal problema que tienen que enfrentar las autoridades de los tres niveles de gobierno, cuya percepción incrementó 21 puntos porcentuales de julio de 2017 a febrero pasado.

Situando a la ciudad de Puebla como la tercera del país donde los habitantes perciben mayor inseguridad, principalmente en cajeros y transporte público. En dos años, la percepción de inseguridad aumentó de manera alarmante. En el año 2017, siete de cada 10 poblanos se sentía inseguro, pero, los acontecimientos de los últimos meses, sumados a la falta de una estrategia de seguridad y de prevención del delito, se traducen en que nueve de cada 10 poblanos vive en un clima de preocupación por inseguridad.

Para rematar, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2018, del World Justice Project (WJP), Puebla es la cuarta entidad con peor estado de derecho a nivel nacional, con un puntaje de 0.36; los rubros en los que peor se encuentra la entidad son en impartición de justicia y el respeto a derechos humanos, donde logró la segunda y tercera peor evaluación..

Retomando la investigación en estado de derecho del WJP, Puebla también reprobó en “Derechos fundamentales”, donde obtuvo la tercera peor puntuación del país, con un resultado de 0.44.

Ante la evidente crisis, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentra con una exigencia de clamor popular, generar un plan de trabajo, que se encuentre centrado en la seguridad jurídica de los habitantes del Estado de Puebla para hacer exigible el respeto a sus derechos humanos.

*Aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.