En el momento actual que vive el país, enfrascado en una crisis permanente donde se combinan la pobreza, desigualdad, marginación, desempleo, violencia, inseguridad, delincuencia, narcotráfico, corrupción, desaparición de personas, feminicidios, migración, deficiente procuración y administración de justicia, impunidad,  y sobre todo de desconfianza de los ciudadanos en é Gobierno, sus instituciones y en los Partidos Políticos, realmente son muy pocas las opciones que tenemos para pensar que el país, saldrá de ésta grave situación que día a día nos agobia. Y no es que seamos pesimistas o aves de mal agüero, sino que la realidad que vivimos no nos deja lugar a dudas, de que no se vislumbra, por lo menos en el corto o mediano plazo un cambio que dé solución a dicha problemática. Ya que no es suficiente tener buenas intenciones o anunciar todos los días que el país va mejor, debido a que por lo menos en el primer año de Gobierno del actual Presidente, los indicadores más importantes que evalúan las acciones de las autoridades y el crecimiento de la economía del país, siguen a la baja.

Resulta evidente, que el hecho de que el Presidente de la República tenga el apoyo de la mayoría de los legisladores de su Partido en las Cámaras de Diputados y Senadores, el ejército, la marina, la Guardia Nacional, un número importante de Ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de la Fiscalía General de la República para sacar adelante las reformas y cambios que se propuso en su Plan Nacional de Desarrollo, también lo es, que uno de los grupos que más le han cuestionado son los organismos autónomos, cuyo control ha ido tomando en forma paulatina, aunque no del todo se muestra convencido de su existencia para la gobernabilidad del país. Ya que considera que la mayoría de sus integrantes vienen del anterior régimen y que siguen respondiendo a los intereses de los grupos políticos y partidos que los llevaron a esos cargos, es decir, su carácter “ciudadano” en casos como el Instituto Nacional Electoral no los considera como tales, sino que fueron resultado de las cuotas que se repartieron los Partidos en los procesos de su designación.

En mi opinión, el proceso de designación del titular de la CNDH escapa de este criterio y  debió ser manejado en una forma totalmente distinta, para no repetir los vicios y corruptelas del régimen anterior, empeñado en colocar a incondicionales en cargos como este; sin embargo, todo el proceso y su resultado final que fue la designación por el Senado de la República con una votación cuestionada a favor  de Rosario Piedra Ibarra, dejó al final, más dudas que certezas y sobre todo la opinión de que López Obrador, actuó igual que los Presidentes del Neoliberalismo, que no resistieron la tentación de impulsar en el cargo a un personaje cómodo, que no se convirtiera en un contrapeso para el gobierno y evitara el abuso de poder que caracteriza a muchas autoridades del país.

Al final, se impuso la propuesta del Presidente avalada por la mayoría de los senadores de Morena con el apoyo de sus aliados y ya tenemos nueva titular del organismo, como diría Felipe Calderón “haiga sido, cómo haiga sido” por lo que a los ciudadanos sólo nos queda esperar a conocer la forma en que actuará la nueva Presidenta y si realmente cumplirá con las funciones que le encomienda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o simplemente actuará de acuerdo a los intereses del Gobierno Federal y de los Gobernadores afines a Morena.

En el caso de los Estados, la designación de los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, se dan en condiciones similares, es decir, sólo se deja competir a personajes previamente seleccionados por el grupo en el poder, se ponen candados y obstáculos a quienes aún creen que los procesos son limpios y transparentes, se da línea a los Diputados para aplicar su mayoría y cooptar a otras bancadas para negociar su voto, se manipula la opinión pública, para hacer creer a los ciudadanos, que fue una decisión completa del Poder Legislativo y en su gestión del Ombudsperson nunca se le cuestiona, ni se le piden cuentas de su actuación. Lo que demuestra que,  ningún Gobernador se resiste a dejar de meter las manos en los procesos y tampoco a permitir que llegue un personaje al cargo, que le haga contrapeso o cuestione las acciones de su gobierno, siempre prevalece la idea de que quién llegue al cargo sea cómodo para el Estado y su actuar sea dirigido desde las oficinas del Gobierno, como si fuera un funcionario más del gabinete.

Ante esta deprimente realidad, me pregunto ¿Realmente tiene sentido que existan las Comisiones de Derechos Humanos en los Estados? ¿A qué intereses obedecen quienes ocupan dichos cargos, a nivel nacional en la CNDH y a nivel local en las Comisiones de los Estados? ¿Así seguimos creyendo que México saldrá de la grave crisis en materia de violación de Derechos Humanos que actualmente vive? ¿Tiene sentido destinar recursos millonarios en organismos que sólo se deben al Gobierno en turno y no a los ciudadanos de cuyos impuestos reciben su salario? ¿ Las Comisiones sólo sirven para simular que México como país está comprometido con el respeto a los Derechos Humanos?.

Usted amable lector, tiene las respuestas.

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.