Columna | P U L S O    P O L I T I C O

            Por lo general se pierde de vista, que para el efectivo combate a la inseguridad y a la delincuencia, males que agobian al país desde el gobierno de Felipe Calderón, se requieren reformas serias, contundentes en nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia.

            Se pueden llegar a tener cuerpos policíacos, estatales y municipales, bien capacitados y bien entrenados, una guardia nacional igualmente capaz y confiable, la participación del Ejército y de la Marina, sin que se tengan resultados efectivos en la disminución de la inseguridad y la delincuencia, como ha venido ocurriendo en casi todo el país.

           El meollo del asunto radica en que en casi todas las entidades del país, hay en las fiscalías y juzgados, elementos poco confiables, insuficientes, corruptos, que con sus actuaciones echan a perder todo lo que pudiera lograrse mejorando los cuerpos de seguridad.

          No hay que olvidar por ejemplo, que en Puebla, a la llegada del “morenovallismo” (PAN) al poder, había en la entidad, casi 700 agencias del Ministerio Público, distritales y auxiliares, que permitían al menos, que los ciudadanos presentaran denuncia ante la autoridad por la comisión de algún ilícito en su perjuicio.

             Para bajar los índices crecientes de la percepción de inseguridad y violencia, se decidió eliminar las agencias que recibían las denuncias, hasta dejarlas en solo 70.

              Los campesinos, los habitantes de localidades pequeñas y medianas, deberían viajar a las cabeceras distritales, para presentar sus quejas sobre cualquier ilícito cometido en su perjuicio, lo que representaba gastos que muchas veces no tenían posibilidad de hacer.

             Pero además, las 70, agencias del MP, que quedaron de las 700 existentes, eran totalmente incapaces de atender la enorme carga de trabajo que se les vino encima. No tenían personal suficiente ni para atender un porcentaje más o menos respetable.

             Para decirlo llanamente, ni siquiera se les podía otorgar una atención mínima lo que provocaba enojo y decepción entre los ciudadanos que dejaron de acudir a hacer denuncias o presentar quejas, lo que convirtió a Puebla casi en un paraíso, que era lo que se pretendía: un estado libre de violencia e inseguridad, con instalaciones de vigilancia en carreteras (arcos de seguridad, se les llamó) donde nunca se supo de alguna detención de traficantes de drogas y armas, pese a que en ellos se invirtieron millones de pesos en instalaciones faraónicas y aparatos sofisticados, por lo menos eso se dijo, para detectar cualquier ilícito.

              Para completar el panorama, el jefe de Seguridad del Estado, fue don Facundo Rosas, perteneciente al grupo de Genaro García Luna, el secretario de seguridad de Calderón, que está preso en los Estados Unidos, acusado de haber sido cómplice nada menos que del Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, el más poderoso y violento de los cárteles delincuenciales mexicanos. Don Felipe Calderón, no se dio cuenta de nada en seis años en los que el señor García Luna, gozó de toda su confianza y protección. Cuánta inocencia o ingenuidad.

              Sin una Fiscalía bien conformada, por abogados capaces, honestos y en número suficiente para atender la demanda ciudadana, todo lo demás saldrá sobrando.

                Los fiscales son los funcionarios que integran las averiguaciones sobre la comisión de algún delito. Si esas averiguaciones están bien hechas, están bien integradas, los jueces pensarán dos veces antes de tomar una decisión incorrecta.

              Si las averiguaciones están mal hechas, mal integradas, el reo será puesto en libertad casi de inmediato.

              Un buen trabajo policiaco, se vendrá abajo, si hay un mal trabajo de la Fiscalía y propiciará la corrupción en el Poder Judicial y la inseguridad y la violencia seguirán imperando, pues continuará la impunidad que es la principal causa del problema que estamos padeciendo en todo el país. Ese es el tamaño del problema y de la necesidad de acertar en la designación de un buen fiscal.

              Se ha venido hablando del abuso cometido por los dirigentes del partido Compromiso por Puebla, (PCPP) doña Laura Verónica Escobar Juárez y don Fidel Montes Hernández, de haber realizado cambios en los estatutos de ese partido, a fin de asegurar su estancia en la dirigencia, por 17 largos años.

             Realmente eso no tiene la menor importancia. Se trata de un partidito local, sin presencia, sin organización, sin estructura, sin ideología, y cuya meta, de sus dirigentes, es seguir gozando del subsidio que les de el gobierno estatal, que constituye una pequeña fortuna y que será empleada en beneficio personal de sus dirigentes.

             Compromiso por Puebla, no tiene en la realidad, compromiso con nadie. Puede desaparecer hoy o mañana o pasado mañana y Puebla y el mundo seguirán como si nada hubiera pasado. Ese es el tamaño de su importancia.